El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero es ya miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y nivel III. Lo logró a su manera, no produciendo conocimiento científico, como es de esperarse en alguien con el más alto rango de un sistema de becas creado para incentivar la investigación científica y la generación de conocimiento, sino litigando, burlando la norma, alegando discriminación. Once años tardó el hoy Fiscal General en recibir un reconocimiento que le fue reiteradamente negado por falta de méritos académicos, pero para qué se es Fiscal si no es para litigar y usar el poder en beneficio propio. A los ojos del Gobierno redentor eso no es corrupción, es justicia para un pobre Fiscal discriminado por no cumplir con los requisitos que solicitan los reglamentos.

La historia comienza cuando siendo rector de la Universidad de la Américas Gertz Manero solicita su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Fue rechazado porque su producción académica no cumplía con los requisitos que disponen las normas que se aplican a todos (presentó libros de divulgación, textos para presentaciones de libros y artículos en periódicos como producción científica). Fue evaluado por pares, con el mismo reglamento y procedimiento que se aplicó a todos sus pares, y rechazado por sus mismos pares. Este detalle es importante porque el señor Fiscal alegó y consiguió con presiones y amparos una resolución de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en la que se dice que el señor fue discriminado, pues las diversas comisiones que lo rechazaron aplicaron, dice lo poco que conocemos del texto, criterios de evaluación arbitrarios que generan incertidumbre y “pueden conducir a la actualización de prácticas discriminatorias”.

En el dictamen “académico”, que por su lenguaje y forma de argumentación podemos apostar que fue al menos en parte redactado en el despacho del propio Fiscal, la comisión de Conacyt formada exprofeso para revisar el caso del Fiscal Gertz alega que términos como “reconocida calidad” o “reconocido prestigio” no son “jurídicamente no desarrolladas”. La comisión especial, compuesta por Ernesto Villanueva, Gisela Pérez Fuentes y Alejandro Rosillo (omito los títulos de doctor, no vaya a cometer un acto discriminatorio) ordenó que se le admita y, de una vez, en el más alto nivel.

Más allá del abuso de poder, esta resolución no hace sino demostrar la debilidad institucional del Conacyt en manos de Elena Álvarez-Buylla. La misma directora que, en aras de una supuesta democratización de la ciencia y la tecnología –que no es otra cosa que la adjetivación e ideologización del conocimiento–, permitió la incautación de los fideicomisos de las instituciones científicas ahora se inclina ante el capricho de un poderoso (paradojas de la vida, el dinero destinado para ciencia y tecnología término usándose para comprar un refinería obsoleta en Texas).

Algo anda mal en un país donde el Fiscal General se dedica a litigar en beneficio propio, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación defiende a poderosos y el Consejo de Ciencia y Tecnología acepta como argumento que la calidad académica es un “concepto jurídicamente no desarrollado”.

Las maneras importan, señor Fiscal.

Diego Petersen Farah

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