Gracias a una parte del acuerdo logrado entre México y EU, el vecino del norte obliga a los solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica, a aguardar en México en lo que sus casos son procesados por las autoridades estadounidenses.
El gobierno mexicano dijo la semana pasada que, desde finales de enero, han sido enviados de regreso a México 10 mil 393 centroamericanos para esperar a que se procesen sus casos.
Por Elliot Spagat y Cedar Attanasio
San Diego, 11 de junio (AP).— En un atiborrado tribunal de San Diego, madres migrantes arrullan a sus inquietos bebés mientras esperan su comparecencia ante un juez. Después de un breve diálogo, son enviadas de regreso a México, en donde podrían pasar meses, o incluso años, antes de que sus casos sean procesados en Estados Unidos.
A cientos de kilómetros (millas) de distancia, un juez de El Paso, Texas, notó que un bebé se estaba quejando y permitió que la madre del menor se pusiera de pie para ayudar a su hijo a eructar, después ella y alrededor de otra docena de mujeres, seis de ellas embarazadas, fueron enviadas a Ciudad Juárez, en el lado mexicano de la frontera.
“Tengo miedo de regresar a México, estoy por tener a mi bebé”, le dijo al juez una mujer hondureña con un pronunciado embarazo (evidente por el abultado vientre que estiraba su camiseta roja) mientras se sonaba la nariz.
Cerca de ahí, otra mujer hondureña esperaba junto a sus dos hijos, que comenzaron a inquietarse después de una hora de audiencia. El niño de 5 años tarareaba mientras hacía cosquillas a su hermana de 7 años.
Escenas como estas se han vuelto comunes en las últimas semanas en los juzgados fronterizos de Estados Unidos, y serán aún más frecuentes con el acuerdo que llevó al presidente Donald Trump a suspender su amenaza de imponer aranceles a las importaciones procedentes de México.
Una parte fundamental del pacto indica una rápida expansión de una política que obliga a los solicitantes de asilo centroamericanos a aguardar en México en lo que sus casos son procesados por las cortes migratorias estadounidenses.
La medida tuvo un inicio modesto en enero pasado en San Diego y posteriormente se expandió a El Paso después de sobrevivir a una impugnación legal inicial de detractores que señalaban que la política era una violación a las protecciones que desde hace tiempo se les habían brindado a los solicitantes de asilo.
El gobierno mexicano dijo la semana pasada que, desde finales de enero, han sido enviados de regreso a México 10 mil 393 centroamericanos para esperar a que se procesen sus casos.El gobierno estadounidense aún no ha indicado cuándo y en dónde se expandirá la medida.
La política se enfoca en las familias centroamericanas que han copado el sistema migratorio estadounidense en los últimos meses, forzando a las autoridades a dejarlos en libertad en Estados Unidos mientras aguardan sus comparecencias ante un juez. El gobierno de Trump espera que menos migrantes se presenten en la frontera a sabiendas de que tendrán que esperar en México.
Es muy pronto para determinar si la medida lo conseguirá, pero el creciente número de familias migrantes demuestra que aún no logra el efecto deseado. Los arrestos fronterizos alcanzaron su cifra más alta en 13 años en mayo pasado, y El Paso se acerca lentamente al Valle del Río Grande, Texas, como el principal corredor de cruces fronterizos ilegales del país.
Los solicitantes de asilo (y las ciudades mexicanas que los albergan) enfrentan un largo y creciente retraso en las cortes migratorias de Estados Unidos. Para algunos, podrían pasar años antes de que sus casos se resuelvan. En lo que eso sucede, los migrantes deben encontrar trabajo y enviar a sus hijos a la escuela.
Migrantes en el albergue El Buen Pastor que fueron enviados de regreso a Ciudad Juárez el 23 de mayo, no recibieron una fecha de audiencia en El Paso sino hasta el próximo febrero. El reverendo Juan Ferro, quien administra el refugio metodista, dijo que ya no impone un límite de estadía de 15 días después de darse cuenta de que los migrantes podrían permanecer en la ciudad por mucho tiempo y sin muchas opciones.
“Estamos viviendo en incertidumbre”, comentó Ferro. “No sabemos cómo guiar a los migrantes, porque estamos en la misma situación que ellos”.
Muchos dicen que se sienten inseguros esperando en México y han tenido problemas para ponerse en contacto con abogados estadounidenses que estén dispuestos a cruzar la frontera para darles asesoría legal.
Tijuana registró la mayor cantidad de homicidios para cualquier ciudad mexicana en 2018, seguida de Juárez, según el proyecto Justice in Mexico (Justicia en México) de la Universidad de San Diego. Expandir la medida al Valle del Río Grande crearía más riesgos, debido a que es limítrofe con Tamaulipas, la única entidad mexicana que el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que los estadounidenses deben evitar debido a sus altos índices delictivos y de secuestros.
La medida de aguardar en México se aplicó inicialmente a los adultos solteros, pero se expandió rápidamente para incluir a las familias completas, que representan más de la mitad de los arrestos efectuados por la Patrulla Fronteriza.
Los lineamientos para los agentes en San Diego señalan que la política debe ser aplicada a hispanohablantes y migrantes latinoamericanos, salvo mexicanos y menores de edad que viajan sin compañía de un adulto.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el lunes que, por primera vez, México acordó una “expansión completa e inmediata” de la medida, pero no ha indicado cuándo y dónde se aplicará.
Conforme se aplique la medida en zonas más remotas, los solicitantes de asilo tendrán que recorrer distancias más largas para sus audiencias.
En Mexicali, una importante ciudad fronteriza del lado mexicano, deben viajar 190 kilómetros (120 millas) en autobús (o si tienen suerte, en el auto de algún activista) para reportarse en el cruce fronterizo de Tijuana antes de las 9 de la mañana.
A partir de ahí, los autobuses del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) los llevan hasta la corte de San Diego.
La semana pasada en San Diego, las autoridades migratorias federales mantuvieron bien vigilado a un grupo de migrantes que esperaban su turno para presentarse frente al juez. Cuando un bebé comenzó a quejarse, las autoridades le señalaron a la madre que aguardara en un corredor.
Un guatemalteco se presentó con su joven hija después de que otro solicitante de asilo dijo que un taxista de Tijuana lo había amenazado y tenía miedo de regresar.
A pesar de que el hombre hablaba el dialecto guatemalteco mam, dijo que prefería intentar comunicarse en español que esperar a un intérprete. Señaló que no aguantaba más estar en México y quería saber cuánto tiempo más tomaría la resolución de su caso.
El juez, Rico Bartolomei, le dijo que no sabía.
“Lo que sí sé es que su caso no será inmediato”, le respondió el juez.
En El Paso, el juez Nathan L. Herbert escuchó atentamente mientras la hondureña embarazada detallaba cómo llevaba cuatro días resfriada y no había recibido atención médica hasta el día previo, en un albergue de Ciudad Juárez. Su alumbramiento estaba por llegar, y no dejaba de sonarse la nariz.
El juez le aconsejó que le pidiera ayuda a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza antes de ser enviada de regreso a Ciudad Juárez.
