El 25 de enero de 2017, Pemex informó que había presentado una denuncia ante la entonces PGR contra quien resultara responsable en México de posibles actos de corrupción en Pemex relacionado con el caso Odebrecht. Y en México todo apuntaba a Emilio Lozoya Austin. El 9 octubre de 2017, el ex director de Pemex se amparó en contra de la investigación que había abierto la Fepade, por el presunto financiamiento de la constructora a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Fue el 15 de agosto de 2017 en que la hoy extinta PGR citó a comparecer al ex funcionario por el caso. Dos días después, el 17 de agosto de 2017, el abogado de Lozoya afirmó que su cliente había acudido a comparecer –aunque ese día nadie lo vio entrar ni salir de la PGR–, que se había reservado su derecho a declarar y pidió conocer la carpeta de investigación por el caso Odebrecht. “Mi conciencia está tranquila, aquí estoy”, dijo entonces el ex funcionario. Ahora, cuando un nuevo Gobierno lo investiga, decidió no cumplir con el requerimiento de presentarse ante el juez, pese a que está amparado, porque “no hay condiciones ni garantías” para hacerlo.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– El nombre de Emilio Lozoya Austin ha salido a relucir en la investigación en México del caso Odebrecht desde 2017, y desde entonces, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha promovido una serie de amparos para conocer la investigación, para frenar cualquier orden de captura en su contra o incluso para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) diera a conocer si consignaría o no la carpeta de investigación que llevaba por el caso.
El amparo más reciente que ganó fue por la investigación en su contra por la compra-venta de la planta chatarra de Pajaritos, que le sigue el nuevo Gobierno federal. El pasado 5 de junio, la jueza federal, María Elena Cardona Ramos lo amparó para suspender la orden de aprehensión que se giró en su contra por el caso de esa planta. Pero ese mismo día, la FGR anunció que “la suspensión lo obligaba a comparecer y a ponerse, en un lapso de tres días hábiles, a disposición de dicha autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión”.
La FGR sostuvo que el amparo que le otorgó la jueza implica también que el acusado debe presentarse todos los lunes en el juzgado de amparo para firmar un registro. Lozoya Austin además está obligado a comparecer “tantas y cuantas veces sea citado o requerido”, precisó la Fiscalía.
El plazo concluyó ayer y el ex director de Pemex no se presentó ante las autoridades con la justificación de que no había garantías de que se respeten sus derechos, afirmó este martes su abogado Javier Coello Trejo.
El propio ex funcionario de Peña Nieto escribió este lunes una carta a la opinión pública, en la que explicó que decidió no cumplir con el requerimiento de presentarse ante el juez porque “no hay condiciones ni garantías” para hacerlo.
“Ha habido una persecución mediática en mi contra desde 2017, en donde se me ha acusado, juzgado y condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento”, declaró.
En 2017, el diario O’Globo evidenció que la constructora Odebrecht habría pagado hasta 10 millones de dólares a Emilio Lozoya en sobornos para que la firma brasileña ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería.
De ese monto, tres millones supuestamente fueron entregados durante la contienda electoral para las presidenciales de 2012, cuando Lozoya se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabezaba Enrique Peña Nieto.
Ese mismo año, en octubre, al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra por el soborno que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht, Lozyo aseguró: “Es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses, cómo la gente puede tirar piedras impunemente, no. Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”.
Hoy, el ex director de Pemex es investigado por la Fiscalía General de la República en relación con la compra irregular de una planta chatarra de fertilizantes en 2013, cuando estaba a la cabeza de la paraestatal.
LOS AMPAROS DE LOZOYA
El 25 de enero de 2017 fue cuando Pemex informó que había presentado una denuncia ante la entonces PGR contra quien resultara responsable en México de posibles actos de corrupción en Pemex relacionado con el caso Odebrecht. Y en México todo apuntaba a Lozoya Austin.
En 9 octubre de 2017, Emilio Lozoya se amparó en contra de la investigación que había abierto la Fepade, por el presunto financiamiento de la constructora Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Ese mimo mes, Lozoya fue citado a declarar ante la Fepade, esa primera cita fue vía amparo promovido por el mismo ex funcionario con el objetivo de conocer la carpeta de investigación.
En marzo de 2018, una jueza federal otorgó un amparo a Lozoya para suspender de forma indefinida la judicialización del caso Odebrecht. En esa ocasión fue Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya en la indagatoria que llevaba a cabo.
De acuerdo con el diario Reforma, esa segundo amparo se concedió “justo cuando un tribunal colegiado estaba a punto de determinar si continuaba vigente otra suspensión definitiva que había sido concedida a Lozoya el 7 de noviembre pasado para los mismos efectos”.
Luego, el 25 de agosto del año pasado, Luz María Ortega, jueza octava de distrito en Amparo Penal, otorgó otro amparo al ex funcionario con el que le prohibió a la Fepade que solicitara la aprehensión del ex funcionario.
El pasado 5 de diciembre, la misma jueza amparó a Lozoya y ordenó a la Fepade que en un plazo de 70 días definiera si consignaría o no la carpeta de investigación que inició en contra del ex director de Pemex. Lozoya había promovido el recurso argumentando que no tenía conocimiento de su situación jurídica. Por ello, también ordenó a la entonces PGR a que aclarara un escrito en el que había informado a Lozoya que su delito no había prescrito.
El pasado 8 de diciembre, el semanario Proceso informó que Lozoya, la Fepade y la PGR interpusieron al menos 14 amparos en torno al caso Odebrecht desde agosto de 2017.
CUANDO SÍ COMPARECIÓ ANTE LA PGR…
Desde agosto de 2017, cuando por primera vez fue citado por la entonces PGR, en torno a la investigación del caso Odebrecht, Emilio Lozoya se ha defendido casi el mismo argumento que, dos años después, dio para no presentarse ante las autoridades: que había una campaña mediática en su contra.
A diferencia de esta semana, cuando el ex funcionario de Peña Nieto negó a presentarse a comparecer ante la Fiscalía, en ese entonces, cuando aún la burocracia federal estaba a cargo del gobierno priista, se puso a disposición de las autoridades incluso antes incluso de que lo citaran, pues según su abogado, desde mayo de ese 2017, Lozoya había pedido presentarse para aclarar el asunto.
Fue el 15 de agosto de 2017 que la hoy extinta PGR citó a comparecer al ex director de Pemex. Dos días después, el 17 de agosto de 2017, el abogado de Lozoya Austin afirmó que su cliente había acudido a comparecer y que se había reservado su derecho a declarar y pidió conocer la carpeta de investigación por el caso Odebrecht.
Lozoya compareció entonces ante la PGR encabezada por Raúl Cervantes Andrade, quien, como secretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2012, trabajó también en la campaña de Peña Nieto.
A esa cita, Lozoya Austin llegó por una puerta alterna a las instalaciones por lo que no pudo ser detectado por decenas de periodistas que se encontraban reunidos en el acceso principal del edificio ubicado en Paseo de la Reforma.
Ese mismo día, el ex director de Pemex ofreció una conferencia de prensa a los medios donde afirmó: “Los hechos son claros, no existe ninguna evidencia de comportamiento ilegal o indebido de mi parte. Voy a defender mi buen nombre y mi reputación”. En aquella ocasión también aseguró que no había sido requerido por ninguna autoridad de ningún otro país.
“Mi conciencia está tranquila, aquí estoy”, aseveró ese día.
