La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que concuerda con “el cuadro manifiesto de graves irregularidades” al que hace referencia de forma detallada la sentencia, que se acreditó aplicando “los más altos estándares internacionales” en materia de derechos humanos.
México, 11 de junio (EFE).- La ONU-DH saludó hoy la emisión del Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia de un tribunal mexicano muy crítica con la investigación oficial del caso Ayotzinapa.
“Después de haber estudiado ambos documentos de manera exhaustiva, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) los considera de la mayor relevancia, por lo que el Estado mexicano debe observar puntualmente sus contenidos”, indicó el organismo en un boletín.
Según la ONU-DH, ambos documentos “brindan una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación del caso y materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México”.
“El informe de la CIDH reconoce ciertos avances pero sobre todo resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación”, señaló el representante del Alto Comisionado en México, Jan Jarab.
Dicho informe de balance al Mecanismo Especial de Seguimiento, presentado la semana pasada, instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
Por otro lado, la ONU también calificó de “inédita y garantista” la sentencia de un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas, pues es “la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana”, de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, entre otros.
La ONU-DH concuerda con “el cuadro manifiesto de graves irregularidades” al que hace referencia de forma detallada la sentencia, que se acreditó aplicando “los más altos estándares internacionales” en materia de derechos humanos, agregó el texto.
Jarab también consideró que la atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia del tribunal deben realizarse “potenciando el papel de las víctimas y reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran”.
“Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”, concluyó.
Según la versión oficial, conocida como “verdad histórica”, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos de Iguala arrestaron a los jóvenes y les entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.
Padres y organismos internacionales han venido denunciando irregularidades en las pesquisas y han exigido que se aborde la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos.
Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.
