Según tres personas cercanas al caso que fueron consultadas por The New York Times, actualmente la indagatoria está archivada, ya que el PRI no puede arriesgarse a enfrentar otro escándalo de corrupción en la recta final de la contienda electoral.
Asimismo, aseguraron al rotativo que la Procuraduría General de la República (PGR) acumuló la evidencia necesaria desde hace meses para acusar a los sospechosos, quienes trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no se ha avanzado por las fuertes presiones políticas.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de México tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios vinculados con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pero no actúa porque afectaría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), revelaron tres personas con conocimiento directo de la trama al periódico The New York Times.
El medio estadounidense recordó que a finales de 2016 la empresa confesó a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que pagó sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos; así como un total de otorgar casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales.
Asimismo, destacó que si bien estas declaraciones han dejado presidentes destituidos y funcionarios en prisión, en México las dos investigaciones federales abiertas por el caso se encuentran estancadas, como las indagatorias políticamente delicadas en el país.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, una de las investigaciones que inició un Fiscal especial identificó a una persona cercana a Presidente Enrique Peña Nieto como sospechoso, pero el Fiscal fue despedido por el Gobierno en octubre y con ello, el caso detuvo su curso y las respuestas a las solicitudes de información al respecto tardan meses, señalaron al periódico dos personas que han tenido acceso a los expedientes más recientes.
Por otra parte, tres fuentes informadas sobre la trama de corrupción aseguraron al rotativo que la Procuraduría General de la República (PGR) acumuló la evidencia necesaria desde hace meses para acusar a los sospechosos, quienes trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no se ha avanzado por las fuertes presiones políticas.
Odebrecht admitió haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera, por lo que Raúl Cervantes, ex Procurador, viajó a Brasil para hablar sobre la evidencia que las autoridades habían recabado allí.
En la investigación del periodista Azam Ahmed, en colaboración con Paulina Villegas, se destacó que México únicamente le prohibió a Odebrecht operar en el país por varios años, sin embargo, ningún funcionario ha sido acusado por el caso.
Según las tres personas consultadas por The New York Times, actualmente la indagatoria está archivada, ya que el PRI no puede arriesgarse a enfrentar otro escándalo de corrupción en la recta final de la contienda electoral.
"Este escándalo va más allá de afectar la reputación del Presidente, que ya está dañada", afirmó Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos del sistema anticorrupción del país.
"Con otro escándalo como éste, se podría venir abajo toda la maquinaria política y su financiamiento", declaró al periódico.
"Esto es más grande que sólo las elecciones, trata sobre la supervivencia del propio partido", sentenció.
Además, las personas cercanas al caso indicaron al medio estadounidense que está confirmado el hecho de que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore, a fin de garantizar contratos de infraestructura.
Emilio Lozoya Austin, ex Director de Pemex y miembro de la campaña del entonces candidato a la Presidencia en 2012, Peña Nieto, fue acusado por un alto ejecutivo de la constructora brasileña de recibir un soborno de cinco millones de dólares en 2014, mientras que otros tres altos funcionarios de Odebrecht aseveraron que Lozoya, de hecho, había recibido más de 10 millones de dólares en sobornos. Todos los señalamientos han sido negados por Lozoya.
