Doreyda de Jesús López, una maestra de Primaria despedida por supuestamente no haber participado en la evaluación educativa obligada por la Reforma al Artículo Tercero Constitucional publicada en febrero de 2013, acusa que la plataforma a la que debía subir información específica, nunca sirvió. Se quedó sin trabajo, dice, por no tener un usuario y contraseña, que nunca nadie le supo decir cómo y dónde obtenerlos.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– Habla la maestra normalista Doreyda de Jesús López, de 39 años, única seleccionada para realizar la “evaluación de permanencia” introducida por la Reforma Educativa en la escuela primaria “Tierra y Libertad” –en la Delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México– y cesada el pasado 8 de marzo, después de ocho años y medio de servicio en el sistema público.
“Me seleccionaron para la evaluación; desconozco bajo qué criterios. No presenté ninguna de las etapas, son cuatro, aunque intenté conocer usuario y contraseña para subir evidencias, nunca pude tener ese dato. Esto era para subir a la plataforma información que nos pedían específica de cuatro alumnos, dos alumnos con desempeño destacado y dos alumnos con bajo rendimiento; entonces, nos proporcionaban un usuario y una contraseña, la que me proporcionaron inicialmente nunca me permitió el acceso a la plataforma; solicité nueva contraseña, lo mismo. Posteriormente, ya no me enviaron nada. En los correos que nos mandaban había un numero telefónico del Servicio Profesional Docente y yo llamaba a esos teléfonos. Luego, cuando se acercó la fecha de la evaluación, quise conocer la sede y la fecha que me correspondía, pero tampoco pude ingresar a la plataforma”, dice.
“Después, ya que pasó este periodo, a finales de febrero me llegó una notificación: un documento donde decía que disponía yo de 10 días para justificar por qué no había presentado ninguna etapa. Acudí a las oficinas de Río Nazas [en la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México] para explicar lo que había encontrado de irregularidades en la plataforma, pero como no tenía algún documento que avalara lo que decía, entonces decían que no se podía hacer nada, que tenía que esperar solamente mi documento de cese”.
Entrevistada en la sede de la Sección 9 Democrática, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país, De Jesús explica que no era integrante de la organización magisterial pero que, como miles, se opuso a la Reforma Educativa desde el inicio por considerar que no busca, como dice el Gobierno, mejorar la educación, sino erradicar derechos básicos y la estabilidad laboral de millones de profesores.
“No se busca en realidad la calidad educativa; si se buscara esto, se mejorarían las condiciones de la escuela; eso sería el primer punto. El segundo punto, diagnosticar qué necesitan los maestros y entonces ‘los capacito; si ya los capacité, entonces los evalúo’. Y además también, a lo mejor es muy ambicioso, pero creo que también las condiciones laborales de los padres de familia para que los niños estén mejor atendidos y entonces puedan rendir mejor en la escuela. Es algo complejo, no es nada más ‘vengo y aplico un examen y estoy mejorando la calidad educativa’; eso es una tontería. Y lo anuncian con que están quitando privilegios; no, están echando abajo derechos laborales, eso es lo que están haciendo, están atropellando derechos laborales básicos”, dice.
Pese a esta oposición, agrega, y porque ella es el único sostén de su hija, en octubre decidió tratar de ingresar a la plataforma digital para realizar la evaluación. Al no lograrlo, relata que empezó a recibir llamadas de personal del Servicio Profesional Docente con las amenazas de que iba a perder su empleo.
“Sí lo esperaba —dice con respecto a su despido. Era una de las posibilidades. Yo todavía tenía las esperanza de que las cosas no llegaran hasta donde llegaron; fueron pensamientos encontrados, porque sí se tenía la amenaza, la advertencia del despido, pero también dudaba un poco de que se fuera a llevar a cabo. Porque decía: ‘Es que no puede ser que, por negarme a un proceso que está mal, que está mal hecho, mal planeado, muy improvisado, no puede ser que por sólo eso, tiren por la borda mi trabajo y digan que soy una mala maestra, que me etiqueten de mala maestra por ese simple hecho’. O sea, jamás fue una autoridad a observar mi trabajo, jamás fue nadie a hablar con los padres de familia, a preguntarles, jamás nadie fue a ver a mis alumnos. Entonces, en el sistema público tenía ocho años y medio, pero ya en total eran 18 años y medio, porque trabajé antes en escuelas particulares. Entonces, de la nada me etiquetan de mala maestra. Y resulta contradictorio con que después el secretario (de Educación, Aurelio) Nuño, hace un mes o menos, dijo que no teníamos impedimento para ingresar por medio del examen, que podíamos hacer el examen de ingreso, que no había nada que lo impidiera; entonces, es absurdo, primero nos corren y ahora dice que podemos regresar, pero a través del examen. Deja muy claro que básicamente lo que quieren es la plaza base; es decir, yo ingreso al sistema nuevamente, con las nuevas reglas, con esto de someterse a un proceso de evaluación a mi punto de vista dudoso desde qué cosas se consideraron para la selección, a quienes seleccionaron ¿por qué sí? y a quienes no seleccionaron ¿por qué no? El soporte de la plataforma bastante deficiente; el acoso, ¡el acoso! que estuvieron ejerciendo, visitas constantemente en mi escuela, de personal jurídico, del Servicio Profesional Docente, también para acosar, que porque si no me iban a correr…”.
UNA ENTRE MÁS DE 3,000
Egresada de la Normal Particular Justo Sierra, de Acapulco, Guerrero, y maestra de primer grado de primaria al momento de perder su trabajo, De Jesús forma parte de los tres mil 360 docentes despedidos en todo el país a partir del 1 de marzo pasado por la Secretaría de Educación Pública.
El motivo, explicó ese día el Secretario Nuño, es no haber participado en la evaluación educativa obligada por la Reforma al Artículo Tercero Constitucional publicada en febrero de 2013.
“Estos 3 mil 360 maestros que, a pesar de haber tenido dos oportunidades, no se presentaron en la evaluación, no tendrán una tercera oportunidad”, dijo Nuño en una entrevista entonces.
“Es una decisión ya tomada, los despidos tuvieron su efecto a partir del día de hoy, así nos lo marca la ley, la evaluación es obligatoria y maestro que haya sido convocado y que no se haya presentado a la evaluación, tendrá que ser -desafortunadamente-, pero así lo marca la ley, tendrá que ser separado del servicio”, agregó el Secretario.
En la sede de la Sección 9, donde se organizan actividades para sostener la resistencia magisterial a la Reforma, como De Jesús López se han reportado otros casos de maestros cesados en escuelas primarias, de preescolar y de un Colegio de Bachilleres de la ciudad.
Aun así, menciona la maestra Norma Cortez Osorio, integrante de la CNTE y despedida también el pasado mes de marzo, hay miles que no denuncian o se movilizan ante la represión desplegada contra las protestas de la organización magisterial.
“Ya murió un compañero en Chiapas”, recuerda Cortez en alusión al profesor David Gemayel Ruiz, fallecido en diciembre pasado en una manifestación reprimida por la Policía Federal.
Desde el pasado 15 de mayo, la CNTE convocó a un paro en rechazo a la Reforma Educativa; movilización que mantiene a miles de maestros y maestras participando en plantones, manifestaciones y bloqueos, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y en la Ciudad de México.
“Estamos en todas las posibilidades de crecer como una gran masa consciente y movilizada que pueda derrocar no sólo la Reforma Educativa, sino toda la serie de reformas estructurales que se impulsan desde los grandes empresarios que controlan este sistema”, afirmó el profesor michoacano Lev Velázquez Barriga el pasado miércoles 1 de junio, mientras hablaba ante sus compañeros reunidos entre Bucareli y Ayuntamiento, frente a las barricadas que protegen el acceso a la Secretaría de Gobernación.
“Decimos, es una Reforma netamente laboral, en donde los afectados principales vamos a ser nosotros y los padres de familia”, agregó en entrevista la maestra Fidela Cornejo, de 52 años y también originaria de Michoacán.
Su determinación: “Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias; estamos dispuestos a afrontar todas las consecuencias que vengan en relación a la represión que hemos tenido, y que luego los medios de comunicación están a favor de lo que las autoridades dicen. Entendemos que la campaña mediática que tienen que lanzar contra nosotros para poner en contra a la sociedad tiene que ser así, pero como le digo: nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
