En los últimos años –y sobre todo en los meses recientes– el debate sobre la situación educativa del país ha sido permanente. Los datos duros muestran que nos encontramos en el fondo de la tabla si nos comparamos con los países más desarrollados (los miembros de la OCDE), pero también nos superan naciones como Chile o Uruguay.
Más aún, la mitad de los estudiantes de 15 años carecen de las habilidades mínimas para comprender un texto o para resolver un problema matemático básico. De cada cien niños que ingresan a primaria, egresan sólo 64, de bachillerato se gradúan 24 y únicamente 10 obtienen un título universitario.
Parece que no nos estamos preparando muy bien para ingresar a la sociedad de la información y del conocimiento.
Se ha criticado la alianza perversa entre el sindicato magisterial (SNTE) y los dos últimos gobiernos federales. Se afirma –con razón– que la educación ha sido sacrificada en pos de otros fines de carácter electoral. Que la Secretaría de Educación Pública es una dependencia del sindicato, en donde el papel de las autoridades es secundario.
Sin embargo, la fuerza y el poder del gremio de maestros no sólo es producto de un pacto político-electoral, también emana de la ley.
Según nos recuerda Gilberto Guevara Niebla, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado dispone que las plazas burocráticas de nueva creación o las que queden vacantes, serán cubiertas “en un 50% libremente por los Titulares y el restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato”. Es decir, los sindicatos del sector público –y el de maestros no es la excepción– pueden ocupar la mitad de puestos vacantes, sin dar mayores explicaciones y sin que importen méritos o capacidades de los candidatos.
De ahí viene, por ejemplo, la venta de plazas, que según datos no oficiales de la SEP, cada año reporta un beneficio del orden de los “tres o cuatro mil millones de pesos” al sindicato; esto podría explicar la reticencia gremial para implementar la Alianza por la Educación y el concurso de plazas.
Sin embargo, no queda ahí la cosa. La Ley General de Educación, en el artículo 75, establece las infracciones para quienes prestan servicios educativos. No se permite suspender el servicio educativo, ni las clases, en días y horas no autorizados por el calendario escolar, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor (fracciones II y III); y tampoco es válido “oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia” (fracción XI).
Es imposible no pensar en los maestros de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y otros estados que marcharon en días pasados, dejando sin clases a millones de niños, oponiéndose a cualquier tipo de evaluación. El lector pensará que estas personas al menos serán sancionadas. Pues no.
El párrafo final del citado artículo 75 representa un monumento al absurdo. Lo transcribo: “Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que, las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos”. Cabe mencionar que no existen tales disposiciones específicas. El resultado es que las infracciones previstas en la Ley General de Educación ¡no son aplicables a los trabajadores de la educación!
Entre alianzas político-electorales y leyes estúpidas, la educación en México se va rezagando, y con ella el futuro de millones de niños. ¿Hasta cuándo?
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