El pasado 8 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón enviar una nota diplomática al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos para solicitarse información sobre el operativo “Rápido y Furioso”, después de que Felipe Calderón Hinojosa asegurara en un tuit que nunca estuvo enterado de ello.
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos en el país la información relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil armas de fuego a territorio nacional.
A través de un video, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dio a conocer el contenido de la nota diplomática que el Gobierno de México extendió a la Embajada de Estados Unidos en el país.
“El Gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo ‘Rápido y Furioso’, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países”, detalló Ebrard Casaubón.
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— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 11, 2020
El Canciller acusó que las armas introducidas mediante el operativo “Rápido y Furioso” han sido utilizadas para cometer delitos en Estados Unidos, México y otros países.
Apuntó que hasta la fecha no se ha cumplido el objetivo de conocer las redes de distribución de armas de fuego ilegales, y mucho menos se ha castigado a los posibles responsables de estos hechos.
“El tráfico ilícito de armas ha ido creciendo en los últimos años, a la fecha; la comunicación y operación del operativo, entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, no ha sido suficientemente aclarada”, destacó.
“La entonces Procuraduría General de la República (PGR) aducía que la autoridades mexicanas desconocían el operativo; sin embargo, a través del Gobierno de Estados Unidos, publicó un testimonio del exSecretario de Justicia, Erick Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento del caso”.
Ebrard Casaubón apuntó que existen “dudas fundadas” sobre si el Gobierno mexicano desconocía el operativo o si existió cooperación entre las autoridades de ambos países.
“Hay dudas fundadas con respecto a lo ocurrido, si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo , entonces estaríamos ante grandes violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan, por parte de los que ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y al la sociedad”, añadió.
En este sentido, dijo que si México y sus autoridades desconocían el operativo, “entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada, provocando homicidios y otros grandes delitos contra nuestra sociedad”.
Por lo que alertó que con dicho hecho “habría violado la soberanía nacional de México”.
Agregó que la actual Fiscalía General de la República (FGR) envió solicitud a la ATF desde septiembre de 2019 para recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por el mismo operativo, así como la relación de las armas del operativo que han sido recuperadas.
“La FGR nos ha hecho saber que envió solicitud a la ATF desde septiembre de 2019, ratificada en febrero de 2020 para varios objetivos: recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por el mismo operativo, así como la relación de las armas del operativo que han sido recuperadas en México, y la relación de las armas de fuego vinculadas al operativo, de las cuales aún no se tiene registro de su recuperación”, apuntó.
VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA: AMLO
Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una violación a la soberanía del país.
El pasado 8 de mayo, López Obrador ordenó al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón enviar una nota diplomática al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos para solicitarse información sobre el operativo “Rápido y Furioso”, después de que Felipe Calderón Hinojosa asegurara en un tuit que nunca estuvo enterado de ello.
“¿Cómo hacer eso, un Gobierno que invade de esa manera, que viola flagrantemente la soberanía y las leyes internacionales y nos quedamos callados? Esto lo tenemos que ver no sólo a partir de lo que sucedió en aquel tiempo, lo tenemos que ventilar para que nunca jamás se vuelva a llevar a cabo una acción de este tipo”, dijo aquel día el Jefe del Estado mexicano.
Incluso, el primer mandatario aseveró que si no existió cooperación entre ambos gobiernos, la administración estadounidense debería ofrecer una disculpa a México, de acuerdo con el derecho internacional.
López Obrador recordó que en su conferencia del 7 de mayo, pidió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa dar a conocer si tenía conocimiento del operativo “Rápido y Furioso”, que implicó el ingreso de armas con rastreadores a México para conocer las redes de distribución en el país.
Tras ello, Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter (@FelipeCalderon): “Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de EUA para introducir armas al país. Durante la Administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales”.
Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de EUA para introducir armas al país. Durante la Administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales. Abro hilo…
— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 8, 2020
Luego agregó: “Después de mucha insistencia, el gobierno de EUA ofreció tomar acciones para frenar el tráfico de armas. Entre ellas, la Procuraduría de aquel país buscó recolectar y generar evidencia judicializable para detectar, detener y llevar a juicio a los traficantes de armas”.
Dijo que “es en ese marco que, según se supo después, introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar judicialmente contra los culpables. Sin embargo, la situación salió de control de las autoridades estadounidenses. La llamada operación ‘Rápido y Furioso’ fue un operativo secreto, cuyo implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia”.
En esa misma secuencia de mensajes, concluyó: “En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas Presidenciales”.
Luego de leer los mensajes de Calderón Hinojosa, el mandatario mexicano pidió al Canciller el envío de una nota diplomática para conocer los detalles sobre el operativo.
“Si ya sabemos esto, de parte del expresidente, vamos a mandar una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos, queremos que informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia”, apuntó.
Tras conocer la respuesta de Calderón Hinojosa, López Obrador calificó el hecho de “delicadísimo”, ya que con dichas armas se cometieron homicidios en México e incluso “se le quitó la vida a un funcionario estadounidense en México”.
“Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía, por un Gobierno extranjero, en el caso de que no existiera cooperación”, aseveró.
A la par, dijo que el hecho es grave, ya que se atentó contra la soberanía del país.
“En caso de ser cierta, no estoy poniendo en duda su respuesta [de Calderón Hinojosa], lo que me parece grave es que se haya llevado a cabo una intervención dilatoria de nuestra constitución, de nuestra soberanía, un operativo secreto y que se haya causado la muerte, con esas armas, a mexicanos, y, como ya lo dije, a un extranjero, cómo hacer eso”, apuntó.
El Canciller Marcelo Ebrard, aseguró que “hoy mismo” hará llegar una carta diplomática a Estados Unidos para que comparta “el conjunto de las averiguaciones y las investigaciones que en su tiempo se realizaron respecto a este operativo”, de manera que se puedan tanto analizar como informar a la opinión pública.
“Dada la buena relación que existe con Estados Unidos y los acuerdos vigentes, no vería yo inconveniente ni obstáculo para lograr tener esta información”, enfatizó.
MEDINA MORA SÍ SUPO
Aunque el expresidente Felipe Calderón ha afirmado que su Gobierno no estuvo enterado en su momento del trasiego vigilado de armas del operativo “Rápido y Furioso”, documentos del Departamento de Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) muestran que Eduardo Medina Mora, exprocurador General de la República, sí supo sobre entregas controladas de armas de fuego al menos desde 2007.
La periodista Dolia Estévez difundió hoy un memorando que muestra cómo Medina Mora fue informado por la ATF “sobre entregas controladas” ya que envió al exfuncionario Carlos Fernando Luque Ordóñez como agregado de la extinta PGR en Phoenix para coordinar el proyecto “Gunrunner”, iniciado en 2006.
En el texto se revela que el 16 de noviembre de 2007 el Fiscal General de EU, Michael Mukasey, se reunión con Medina Mora en Washington. DC.
En el memorando “Reunión del Procurador Genral Mukasey con el Procurador Medina Mora” destaca una cita donde se señala que la oficina de la ATF ha trabajado conjuntamente con México “en el primer intento por tener una entrega vigilada de armas que están siendo contrabandeadas a México por grandes traficantes de armas”.
Ahí se plantea que mientras los primeros intentos de entregas controladas no tuvieron éxito las investigaciones prosiguieron y “a la ATF le gustaría ampliar la posibilidad de estas investigaciones conjuntas y entregas controladas”.
Además, añade que “el agregado de la ATF (Fernando Luque Ordóñez) en la Ciudad de México ha informado al Procurador Medina Mora sobre estos intentos de entregas controladas (de armas de fuergo), y le ha subrayado la importancia de que sean asignadastales unidades con exámenes de confianza verificados”.
El 17 de septiembre de 2007, el entonces Presidente George W. Bush nominó a Michael Mukasey como Fiscal General de Estados Unidos. El también abogado estadounidense estuvo en el cargo hasta el 2 de febrero de 2009, cuando lo sucedió Eric Holder.
De la reunión entre los procuradores de México y EU, a la que hace referencia el memorando de la oficina de Mukasey en Washington, DC, la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por Medina Mora, reportó a los medios, a través de un comunicado, que se había revisado temas de la agenda bilateral en materia de justicia.
En la reunión se hizo énfasis en la voluntad política “que ha permitido constituir a la procuración de justicia como un vértice estratégico en la lucha que ambos países realizan contra la delincuencia organizada trasnacional”, se destacó en el comunicado de esa dependencia federal.
El proyecto Gunrunner fue precursor a la operación “Rápido y Furioso” e inció como un programa piloto en Laredo, Texas, y se expandió como iniciativa nacional en 2006.
Esta tarde, el Vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, se refirió a los documentos desclasificados de EU publicados por la periodista Dolia Estévez, dijo que son de interés nacional y reafirmó lo que exponen. “Según ellos, el. Gobierno de Calderón sabía del. Operativo Rápido y Furioso desde que comenzó”, detalló.
¿QUÉ FUE RÁPIDO Y FURIOSO?
La operación denominada “Rápido y Furioso” fue iniciada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, en la cual vendió diversas armas a presuntos criminales y las dejó pasar hacia México con el objetivo de poder rastrearlas, y darles seguimiento a través de un chip. Sin embargo, la acción encubierta no fue reportada al Congreso.
Con dicha operación, el Gobierno de los Estados Unidos esperaba identificar a los responsables del tráfico de armas desde ese país a su vecino del sur, y que posteriormente quedan en poder de carteles mexicanos.
De 2006 a 2011, la ATF permitió que 2 mil 500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México.
