Si el ingreso cae 5 por ciento, sobretodo en la población urbana, Coneval espera un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas más en situación de pobreza y hasta 10.7 millones en pobreza extrema.
El Consejo llamó al Gobierno federal a aumentar los apoyos sociales, una cobertura adicional para 8.87 millones de beneficiarios requeriría 137 mil 288.1 millones de pesos adicionales. Si la cobertura aumenta un 30 por ciento beneficiaría a 81 millones de mexicanos pero requeriría 41 mil 681.1 millones de pesos más.
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- Los grupos más vulnerables y los avances en materia de desarrollo social también están en riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. El Coneval alertó que la pandemia puede aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza extrema de entre 6.1 y 10.7 millones de habitantes este año, además de un recrudecimiento de la pobreza laboral de entre 37.3 a 45.8 por ciento de la población económicamente activa sólo en el segundo trimestre de 2020.
“La contingencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad COVID-19 en México puede revertir los avances en desarrollo social de la última década y comprometer la capacidad de recuperación económica de los hogares. Por ello, es necesario desplegar los recursos e instrumentos disponibles para amortiguar el impacto priorizando a los grupos que enfrentan mayor afectación y que presentan mayor vulnerabilidad”, puntualizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
Los altos índices de diabetes y enfermedades cardiovasculares, aunadas a la precariedad laboral y estancamiento económico entre la población mexicana son parte de las condiciones de vulnerabilidad. A estos elementos de salud y estructurales se suman las carencias en el acceso al agua, el hacinamiento y las brechas en el cumplimiento de los derechos sociales como el acceso a servicios de salud, de alimentación, educativos, a la seguridad social y servicios de vivienda.
Las mujeres; quienes laboral tanto en el sector formal como en el informal; las personas desempleadas; las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME); jornaleros agrícolas; además de las niñas y niños son los sectores de la población con mayores desventajas para enfrentar el contagio del nuevo coronavirus.
El análisis “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México” del Coneval expresó que la población que en 2018 no se encontraba en situaciones de vulnerabilidad o en condición de pobreza, hoy podrían estar enfrentándolas.
Para apoyar su disminución están los 19 programas sociales prioritarios del Gobierno federal de apoyo a la población, sin embargo sólo ocho de ellos son identificados como directamente relevantes para atender la pobreza (los apoyos a microempresas familiares; Microcréditos para el Bienestar; becas Benito Juárez; beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior; pensión para personas con discapacidad; apoyo a niñas y niños de madres trabajadoras; Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro).
“Se espera que las afectaciones económicas más intensas se observen en las ciudades, por lo que los programas que se dirigen al sector urbano se tornan de mayor relevancia durante la emergencia”, estimó Coneval, pero estimó que la falta de políticas públicas que se enfoquen en la población con ingresos medios “puede aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso”.
Las acciones urgentes que el organismo explicó podría tomar el Gobierno son la construcción de un sistema de protección social “resiliente a eventos críticos o de crisis”, así como avanzar en el cumplimiento de los derechos sociales.
EJERCICIO: POBREZA Y DESEMPLEO
En 2018 el 41.9 por ciento de la población mexicana se encontraba en condiciones de pobreza y 9.3 millones de personas en pobreza extrema (el 7.4 por ciento).
Coneval simuló, con los datos de 2008 a 2009, una caída generalizada en el ingreso del 5 por ciento para la línea de pobreza por ingresos -la población que no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. Para la línea de pobreza extrema por ingreso -población que usando todo su ingreso no puede tener una nutrición adecuada- simuló una reducción en el ingreso más pronunciada para los hogares en pobreza urbana.
Ante esos escenarios se espera un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas más en situación de pobreza por ingresos y en pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones más.
Además estimó un aumento en la pobreza laboral, con una tasa de desempleo de 3.3 por ciento a 5.3 por ciento; para los primeros seis meses del año de 37.3 a 45.8 por ciento, con lo que el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) tendría la cifra más alta de este indicador desde 2005.
Las mujeres enfrentan la pandemia con mayores desventajas. De acuerdo con la CEPAL son el 72.8 por ciento del total de personas ocupadas en los sistemas de salud de la región. Laboran en condiciones de trabajo precarias que se extreman con el aumento de horas laborales y el riesgo de contagio de la COVID-19 y a lo que se suman los costos y esfuerzo de participar en mayor proporción en las tareas de cuidado en casa y del trabajo doméstico.
PRECARIEDAD LABORAL
La pérdida de empleos engendrará la disminución de los ingresos en los hogares, además de la pérdida de las prestaciones laborales. En 2018 la carencia por acceso a la seguridad social al alcanzó al 57.3 por ciento de la población. Los sectores más afectados son los del trabajo subordinado, el trabajo por cuenta propia, el trabajo en los sectores más afectados y los que no tienen un seguro de desempleo.
Para mitigar las afectaciones en el bienestar de la población el Coneval propone medidas de apoyos a la pequeña y mediana empresa, a través de créditos para proteger el empleo y de subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deben asumir durante los meses de confinamiento, además de los apoyos del Gobierno Federal a microempresas del sector formal e informal de la economía. Con los nuevos apoyos se ayudaría a 43.8 por ciento de la población ocupada.
Para estimular la economía del 52 por ciento de la población sugirió créditos, como en el caso del Programa Microcréditos para el Bienestar, pero con la extensión de los periodos de vencimiento de créditos; el financiamiento temporal del consumo privado y analizar la pertinencia del apoyo de la estrategia “Mes Trece” del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además la posibilidad de incentivar el empleo temporal.
Subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda y el aseguramiento de la adecuada operación de los programas federales que realizan transferencias monetarias directas,a través de medidas coordinadas de los tres órdenes de gobierno para promover que los hogares que tendrán dificultades en el ingreso puedan atender las necesidades más básicas. Otra posibilidad sería consolidar la protección social a través de una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos generales.
ALIMENTACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN
Para asegurar el derecho a la alimentación el Estado deberá garantizar la operación del Programa de Abasto Social de Leche (LICONSA) y del Programa Abasto Rural (DICONSA); fortalecer el Programa de Precios de Garantía; impulsar la producción agropecuaria en el país a través con el Programa Especial Concurrente para el desarrollo Rural Sustentable (PEC); detectar a tiempo alzas injustificadas en los precios de productos.
También sugirió otorgar despensas a las familias de los menores que son beneficiados con la provisión de alimentos en las escuelas durante el periodo que no haya clases presenciales, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente Asistencia Social (FAM-AS). También la entrega de cupones para la adquisición de alimentos durante la contingencia sanitaria.
En cuanto al tema de la salud el Estado mexicano debe fortalecer los servicios estatales y municipales de salud con mayor dispersión de recursos; continuar con la implementación de servicios, protocolos y sistemas de información homologados para todas las instancias de salud durante y después de la emergencia sanitaria; aumentar la disponibilidad de camas para hospitalización; agilizar la contratación de profesionales de la salud durante la emergencia; además de difundir y reforzar las acciones para mitigar los efectos negativos en la salud mental de la población y la atención a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual.
“En el mediano plazo, mejorar la capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención, a través de: 1) reforzamiento del equipo básico en el primer nivel de atención, 2) reorganización y fortalecimiento de la capacidad resolutiva de instalaciones de atención”, recomendó Coneval.
En el sector de la educación alertó de un agravamiento de la brecha educativa debido a que la educación básica a distancia contempla habilidades y herramientas tecnológicas que ponen en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres. Además destacó que presenta dificultades para dar seguimiento y conocer la efectividad educativa, agravando la brecha educativa entre instituciones públicas y privadas y entre la población rural y urbana.
Los principales obstáculos para la educación a distancia son que requieren del apoyo de las familias a los estudiantes que depende de la ocupación, disponibilidad de tiempo y su propia escolaridad. Coneval no encontró información sobre modalidades educativas para diferentes contextos, como la indígena, comunitaria y migrante, por lo que consideró necesario implementar mecanismos de regularización al término de la emergencia sanitaria para homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos.
“Enfrentar la crisis de manera reactiva y emergente no será suficiente, es necesario reducir las brechas existentes, identificar prioridades nacionales de información, investigación y formación de capital humano e iniciar una urgente reflexión pública sobre la necesidad de promover la inclusión y la construcción de un sistema universal de protección social”, puntualizó.
APOYOS SOCIALES DE LA FEDERACIÓN
Se debe garantizar que la población tenga el capital necesario para amortiguar los efectos de la falta de ingresos y las repercusiones en la economía nacional. para lograrlo recomendó que los tres órdenes de gobierno trabajen en coordinación para satisfacer las necesidades más básicas y reactivar las economías locales. También deberán garantizar los servicios básicos de la vivienda con énfasis en el acceso a agua potable, pues en 2018 el 7.2 por ciento de la población habitaba en viviendas sin este servicio básico, es decir 9.1 millones de personas que no pueden, entre otros aspectos, lavarse las manos con agua y jabón.
Además recomendó desarrollar nuevos mecanismos institucionales y sistemas de identificación e información comunes para todos los programas dirigidos a la población de bajos ingresos, puesto que no se cuenta con un padrón único de beneficiarios que permita diseñar estrategias articuladas.
A largo plazo se requerirá un seguro de desempleo contributivo que no afecte las pensiones de retiro, con base en el sistema de reparto o el sistema de cuentas individuales también la implementación de la renta básica ciudadana; el piso mínimo solidario que puede no ser aceptada por individuos con mayores ingresos y transferida a grupos vulnerables.
EJERCICIO: APOYOS SOCIALES
De los 38 programas prioritarios que el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en un decreto en abril, sólo 19 corresponden al ámbito de desarrollo social. Coneval observó que el nivel de incidencia que pueden tener en los sectores de la población más afectados es limitado. Ninguno de los programas se dirige explícitamente a la población en situación de pobreza, pero reconoce que podría coincidir con la priorización territorial aplicada por varios de los programas.
Debido a que se estima que los mayores efectos adversos de la pandemia sean en las zonas urbanas, observó que ninguna de las acciones se dirige a la población que perdió su empleo a raíz de la emergencia sanitaria. Ante ello, algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno Federal podrían ser insuficientes.
Para estimar la cantidad de recursos necesarios para atender un aumento en la población objetivo (que no fueron cubiertos por el programa en 2019) y considerando un aumento del 30 por ciento de la cobertura el Coneval contempló estos dos escenarios.
Una cobertura adicional de la población objetivo a 8 millones 873 mil 924 de beneficiarios requeriría 137 mil 288.1 millones de pesos adicionales al presupuesto, totalizando 293 mil 816.4 millones de pesos, un 1.21 por ciento del PIB nacional. El aumento de la cobertura hasta en un 30 por ciento beneficiaría a 2 millones 815 mil 133 personas, pero requeriría 41 mil 681.1 millones de pesos más, con lo que representaría el 0.82 por ciento del PIB, unos 198 mil 209.4 millones de pesos.
