Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy en Washington, D.C. su Informe Anual 2014 respecto a la situación del continente americano en la materia, en donde enlista cientos de casos de ataques y asesinatos en contra de periodistas. La mayoría no han sido resueltos por las autoridades locales. En esto último, México sobresale en la lista.
A partir del análisis de las situaciones que se reportan en el hemisferio, la Relatoría Especial subraya algunos avances que enfrentan los Estados de la región, entre ellos México, que han comenzado a adaptar su legislación a los principios internacionales aplicables al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en rubros como el Internet, el otorgamiento de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información de México (IFAI), o la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, que introdujo “importantes” cambios al marco jurídico sobre esta materia, dice la CIDH.
Sin embargo, y a pesar de estos avances legales, la Comisión indica que en los hechos, con ocho casos que podrían estar asociados al ejercicio de la libertad de expresión, México fue el país con más asesinatos de trabajadores de medios y ciudadanos que hacen uso de las redes sociales.
El 27 de octubre pasado, Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pidió que se investigue la muerte de la ciberactivista mexicana María del Rosario Fuentes Rubio como paso necesario para restaurar la independencia de los medios de comunicación.
“Condeno el asesinato de María del Rosario Fuentes Rubio, una mujer valiente que utilizó las redes sociales para eludir los esfuerzos de los grupos de delincuencia organizada […]. Es importante que las autoridades hagan todo cuanto esté a su alcance para procesar a los culpables de la muerte de Fuentes Rubio, porque ello permitiría fortalecer la independencia de los medios y el derecho a la información”, señaló.
Hoy mismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales, cuyo cuerpo fuera hallado sin vida el 4 de mayo cerca de la localidad de Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca. Además, expresó su preocupación por la desaparición del periodista Bernardo Javier Cano Torres en la localidad de Iguala, Guerrero, e informada el 7 de mayo por la Fiscalía de ese estado.
“La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para encontrar con vida al periodista secuestrado y esclarecer los motivos del asesinato ocurrido, además de poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables”, dijo.
El informe también da a conocer el ataque a periodistas de SinEmbargo y enfatiza en que, hasta el momento, las autoridades no han mostrado avance alguno en las investigaciones.
La CIDH indica en su informe que recibió “con preocupación” información sobre la persistencia de graves ataques a la vida e integridad personal de periodistas y comunicadores en México, en detrimento del ejercicio de la libertad de expresión. También indica que durante el año 2014 se incrementó la violencia contra periodistas y comunicadores en México, particularmente en aquellas zonas del país con presencia del crimen organizado.
En efecto, dice la CIDH, durante el año pasado fueron asesinados cinco periodistas y una comunicadora por causas que podrían estar asociadas al ejercicio de la libertad de expresión. La Relatoría Especial registró la muerte de un niño de 12 años de edad, en un ataque dirigido a su padre, director y fundador de la radio comunitaria Calentana Mexiquense 98.1 FM, Indalecio Benítez, el 1 de agosto en el municipio de Luvianos, en el estado de México.
Estas muertes ocurrieron en un contexto de amenazas y hostigamientos generalizados a la prensa en distintas regiones del país, señala la Comisión.
La CIDH enfatiza que se han registrado pocos avances en las investigaciones de estos crímenes y falta de efectividad de los mecanismos de protección establecidos por parte del Gobierno federal y los estatales.
Durante el 2014, la CIDH también recibió información sobre graves hechos de violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas que habrían afectado a decenas de manifestantes y periodistas.
En dichas manifestaciones, fueron registradas decenas de agresiones físicas contra periodistas y comunicadores y seis detenciones, indica la CIDH.
De hecho, el caso de mayor gravedad reportado durante el año pasado en el decimosexto informe que elabora la Relatoría Especial de la CIDH desde su creación en 1998, fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que se inició con la represión de una caravana de autobuses donde viajaban los estudiantes de ese municipio, el 26 de septiembre.
LOS PERIODISTAS ASESINADOS
La CIDH intervino y conoció los casos de c, periodista de la sección policíaca de los periódicos Notisur y Liberal del Sur, fue hallado en el municipio de Las Choapas, estado de Veracruz.
También del asesinato de Jorge Torres Palacios, columnista del semanario El Dictamen y vocero de la Dirección Municipal de Salud de Acapulco, en el estado de Guerrero.
Así mismo del asesinato del periodista Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario con sede en el estado de Veracruz El Buen Tono, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de San José Cosolapa, estado de Oaxaca.
El 11 de octubre el periodista y activista Atilano Román Tirado, locutor de la radio Fiesta Mexicana 98.7 FM y líder comunitario, fue asesinado en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa.
La CIDH también fue informada del asesinato de la twittera @Miut3 presuntamente por parte del crimen organizado. La comunicadora divulgaba en su cuenta de twitter información relacionada con temas de seguridad pública en el municipio de Reynosa, estado de Tamaulipas y colaboraba con la página Valor por Tamaulipas.
El 22 de octubre, el cuerpo del periodista Jesús Antonio Gamboa Urías fue encontrado por las autoridades locales en Ahome, estado de Sinaloa.
El 23 de enero, el cuerpo de Miguel Ángel Guzmán Garduño, columnista del diario Vértice y ex Secretario de Comunicación Social del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, fue encontrado en su casa.
El 29 de julio, el cuerpo de Nolberto Herrera Rodríguez, camarógrafo, reportero y editor del Canal 9, fue encontrado en su hogar en el municipio de Guadalupe, estado de Zacatecas con al menos 20 heridas provocadas por un objeto punzocortante.
Hernán Villarreal Cruz, reportero del diario Presencia, habría sido golpeado y amenazado por desconocidos el 14 de diciembre de 2013 en el municipio de Las Choapas, estado de Veracruz.
EL ATAQUE A SINEMBARGO
En el Informe de la CIDH se hace referencia al ataque en contra de SinEmbargo, medio que denunció que el Delegado de Cuajimalpa en el Distrito Federal los estaría amenazando por distintos medios exigiendo se retiren de la página dos fotografías donde aparece con armas.
“Según lo informado, en 2012 el portal publicó una nota periodística donde tomó fotografías publicadas en el perfil de la red social Facebook del Delegado. Estas fotografías habrían sido retomadas por otros medios de comunicación. El 24 de octubre de 2014, un hombre se habría presentado en las oficinas del medio, habría preguntado por los directivos y habrían amenazado con no irse hasta que las fotografías fueran retiradas. El hombre se fue luego de que el medio llamó a una unidad de policía. Antes de este evento, SinEmbargo habría recibido llamadas a la redacción y a celulares privados, así como correos electrónicos por parte de un hombre que se identifica como el abogado del Delegado en donde exige el retiro de las fotografías o ‘se atendrán a las consecuencias'”, indica el Informe Anual 2014 de la Relatoría.
Aunque hasta el momento la respuesta del Gobierno mexicano ha sido nula –y la investigación no ha arrojado respuestas–, SinEmbargo confía en que se emprendan acciones que permitan dar con los autores de este y los anteriores ataques.
Los periodistas de este medio, agrega el informe, han demandado públicamente al Gobierno federal y en particular a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), que investigue la procedencia de los ataques, que contribuyen a generar un clima adverso en la sociedad mexicana.
El Consejo de Administración de SinEmbargo expresó que está tomando medidas adicionales no sólo para asegurarse que los ciudadanos mexicanos reciban la información que merecen, sino para garantizar la protección de los periodistas y su medio, el diario digital.
VER EDITORIAL: Ni olvido ni cansancio: ¿Quién atacó a SinEmbargo?
MÁS ATAQUES
El de la vivienda de Anabel Hernández, periodista de la revista Proceso, misma que habría sido allanada por al menos 10 hombres armados quienes se habrían identificado primero como policías judiciales y luego como supuestos integrantes de los Zetas el 21 de diciembre de 2013.
Los periodistas Antonio Mundaca, Eduardo Jiménez Sandoval, Víctor López y José de Jesús Alcántara, del periódico El Tuxtepecano, habrían sido agredidos físicamente por personas vinculadas al Partido Unidad Popular (PUP) del estado de Oaxaca.
La editora Mival, casa de los diarios Pulso y San Luis Hoy, denunció que uno de sus reporteros habría sido agredido en la madrugada del 12 de enero.
El 23 de enero, el empresario y socio del periódico Notivisión, Ulises Mejía del Ángel, habría sido víctima de un intento de privación ilegal de libertad en el municipio de Álamo Temapache, estado Veracruz.
La periodista Sandra de los Santos y el equipo del portal del noticias en el que trabaja, Chiapas Paralelo, denunciaron un presunto amedrentamiento y hostigamiento por parte del poder judicial luego de que una familiar de la periodista fuera citada a declarar como presunta responsable del delito de extorsión.
La CIDH también tuvo conocimiento de las diferentes agresiones, amenazas y detenciones en contra de las y los periodistas y directivos del diario Noroeste en el estado de Sinaloa.
El columnista del diario ADN Guerrero y trabajador de la dirección de Comunicación Social de la ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero, José Alberto Morales Santos, habría denunciado amenazas por parte de autodefensas quienes también habrían allanado el domicilio de sus padres el 13 de febrero.
Policías del Distrito Federal habrían detenido a Luis Méndez, periodista del portal Somos el Medio, durante la cobertura de un operativo de desalojo de vendedores ambulantes invidentes el 18 de febrero.
El 28 de febrero, la casa del periodista Pedro Arzate García en Chilpancingo, estado de Guerrero, habría sido allanada de manera ilegal por personas desconocidas. El ingreso se habría producido mientras el comunicador, quien es el conductor del noticiario de la cadena Siga TV, se dirigía a la Procuraduría local a solicitar protección y denunciar actos en su contra.
Gustavo Sánchez, director general del portal de noticias La Policiaca del Istmo, habría recibido tres amenazas en dos meses al parecer por la publicación de notas en su medio en Salina Cruz, estado de Oaxaca.
El 12 de marzo, Balbina Flores Martínez, corresponsal de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), habría recibido una llamada amenazante de un hombre que se identificó como un “comandante”.
Autoridades del municipio de Chinameca, estado de Veracruz, entre ellas el alcalde, habrían amenazado al periodista Abel Martínez Reyes, de los diarios Notisur y El Mañanero. Las amenazas se habrían presentado en diferentes oportunidades durante marzo y en ellas se habría hecho referencia a notas publicadas que involucraban a dichas autoridades presuntamente en actos ilícitos.
El 16 de marzo, desconocidos habrían entrado a la casa del director general de la organización Artículo 19 oficina para México y Centroamérica, Darío Ramírez, y habrían robado documentos de trabajo, computadores y otras pertenencias.
La columnista y politóloga Denise Dresser habría sido intimidada por el Coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados quien habría emprendido contra ella una campaña de desinformación y de desprestigio tras publicar una columna el 31 de marzo. En su artículo, la columnista habría citado una investigación del diario The New York Times que revelaba información de inteligencia que vinculaba a un funcionario por presuntamente proteger narcotraficantes en Sonora.
Miembros del Ejército Mexicano habrían agredido a tres periodistas en la ciudad de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, el 4 de abril. El director de la Agencia Rubios News, Abisaí Rubio; y los reporteros Mario Mosqueda y Neftali Antonio Gómez, habrían llegado al lugar a documentar un accidente vial entre un vehículo de transporte de pasajeros y una patrulla del Ejército razón por la que se habrían enojado los militares y los habrían amenazado con “desaparecerlos”.
En la madrugada del 6 de abril, la redacción del diario El Buen Tono, que se edita en el estado de Veracruz, habría recibido una llamada amenazante en los siguientes términos: “ahora si vamos a acabar con ustedes, vamos a quemar el periódico”.
El 18 de abril, desconocidos habrían entrado a la vivienda del director de la revista Contralínea, Miguel Badillo, mientras que el 23 de junio, las instalaciones de la revista habrían sido asaltadas por desconocidos.
El 13 de mayo, Marta Durán de Huerta, colaboradora de la revista Proceso y corresponsal de Radio Nederland, habría recibido una llamada telefónica en la que la amenazaban de muerte. Para la reportera, la amenaza podría estar relacionada con su trabajo periodístico en el que ha dado cobertura a casos de feminicidio, de corrupción, abuso de poder, narcotráfico.
El director del portal informativo Poblanerías, Luis Enrique Sánchez, habría sido objeto de robo en su vivienda luego de que desconocidos entraran a ella el 28 de julio y se llevaran su computador de trabajo.
El 29 de julio la directora del periódico El Veraz, que se edita en Xalapa, estado de Veracruz, Claudia Guerrero, habría sufrido amedrentamientos y agresiones por parte de presuntos miembros del Movimiento los 400 Pueblos quienes habrían rodeado y bloqueado los accesos a su vivienda que también es la sede del medio.
El 17 de agosto, la casa de Elmer Sosa, caricaturista del Diario Cambio del estado de Puebla habría sido objeto de un robo domiciliario.
En la madrugada del 2 de septiembre, la vivienda del director del semanario Tinta Verde, Ignacio Domínguez, en Xalapa, estado de Veracruz, habría sido baleada por desconocidos. El periodista y su familia salieron ilesos del atentado. Los agresores habrían dejado una cabeza de cerdo con un mensaje intimidatorio para el periodista, lo que sería una práctica de grupos narcotraficantes.
El 4 de septiembre, la periodista Karla Janeth Silva Guerrero habría sido violentamente golpeada por varios individuos mientras le decían “bájale de huevos a tus notas”. Según la información recibida, los individuos habrían llegado hasta la oficina de la periodista, quien es corresponsal del periódico El Heraldo de León en el municipio de Silao, estado de Guanajuato, y la habrían atacado.
Tras la publicación de una nota por parte de la revista digital Era en la que se cuestionaba el estado en el que se había presentado el gobernador de Veracruz a un acto público el 16 de septiembre, se habrían presentado una serie de hostigamientos en contra de los colaboradores de dicho medio para conocer quién habría filtrado el audio para la realización de dicho artículo.
La CIDH fue informada de agresiones en contra de la revista Luces del Siglo que se edita en el municipio de Cancún, estado de Quintana Roo, que incluyen la clonación sistemática de sus ediciones digitales e impresas. Agustín Ambriz, director de la revista, señaló que la publicación –que ha sido crítica de la gestión del gobernador del estado– ha sido clonada 48 veces por otras ediciones con notas favorables al gobierno local.
En la madrugada del 30 de septiembre, desconocidos habrían baleado la casa del periodista Margarito Juárez, reportero de la sección policial para el periódico Página 24 y para el Canal B15, en la ciudad de Fresnillo, estado de Zacatecas. Según lo informado, varios impactos de bala quedaron en la vivienda del comunicador, sin que él o su familia resultaran heridos.
En octubre, la CIDH recibió información que darían cuenta de hostigamientos en contra de reporteros nacionales y locales en Iguala, estado de Guerrero, a quienes les tomarían fotografías, serían víctimas de seguimientos a moto y a pie presuntamente por parte de los llamados ‘halcones’ (personas utilizadas por el crimen organizado para avisar lo que está pasando en la ciudad).
En la madrugada del 19 de octubre, la camioneta de la periodista Brenda Nava Mancilla, directora del diario La Noticia en la Montaña que se edita en el municipio de Tlapa de Comonfort, estado de Guerrero, habría sido incendiada. La periodista denunció que días antes a este hecho, el director del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense presuntamente la había amenazado luego de la publicación de denuncias sobre supuestos malos manejos en el hospital.
La Comisión también tuvo conocimiento de un video en el que se veían a presuntos miembros de la policía federal en el estado de Guerrero amenazado con armas de fuego a comunicadores de televisión quienes se movilizaban en una camioneta en el municipio de Cocula rumbo a un punto donde habría sido encontrada una fosa clandestina.
La CIDH recibió información sobre un audio difundido el 28 de octubre en el que presuntamente se escuchaba al Secretario de Gobierno del estado de Querétaro ordenar censurar y agredir al periodista Juan Manuel Auzua, conductor del programa ‘El Guardián de la noche’ de Radio 92.7 FM, presuntamente por hablar de la inseguridad en el estado en su programa. La persona del audio ordenaba “romperle la madre” al comunicador.
La CIDH tuvo conocimiento del intento de secuestro del periodista español Melchor Miralles, ex director de El Mundo TV y columnista del diario español ABC, en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, el 1 de noviembre. Según la información recibida, Miralles se encontraba en la ciudad rodando un documental sobre la inmigración que cruza por México hacia Estados Unidos.
Los periodistas Isaín Mandujano, corresponsal de Noticias MVS, y Gabriela Coutiño, de la revista Proceso, habrían sido agredidos por personal de seguridad de un diputado de Chiapas el 19 de noviembre. Los comunicadores habrían llegado al lugar donde el funcionario habría dado una conferencia y al momento de pedir las declaraciones del diputado, habrían sido golpeados.
