Otro de los casos que ha marcado a Puebla es el multihomicidio ocurrido en 2016, cometido por Adán en Coxcatlán, quien mató a la mujer que violó y embarazó, Silvia Sánchez, y a 10 miembros más de su familia, como “venganza” por haber comenzado a salir con otro hombre.
Acompañado por su hermano Carlos, mataron a la familia durante una noche. Adán está prófugo, su hermano Carlos sí fue detenido pero solo lo sentenciaron por 40 años por el delito de “homicidio calificado”, no por feminicidio.
Son años y años de feminicidios e impunidad en Puebla. Años y años de pedir una Alerta de Género que no llegó sino hasta ahora…
Puebla, 11 de abril (Periódico Central/SinEmbargo).- El 12 de julio de 2011 fue martes, Alan Aparicio tenía entonces 17 años, llevó a su novia Irma Flores y a sus hijas Brisa y Abril a un “día de campo”. Cuando llegaron se puso una máscara de “La Parka”, obligó a su cómplice “La Güera” a grabar con su celular. Con una hoz le arrancó los párpados a Irma frente a sus pequeñas y luego a ellas las degolló. Sus cuerpos quedaron tirados en un paraje perdido en Tecali por más de un año, hasta que un día encontraron sus osamentas.
La historia que quedaría para siempre en la mente de los poblanos se conoció hasta 2012 cuando la entonces Procuraduría General de Justicia recibió una llamada anónima e iniciaron la investigación del caso. Poco después, en noviembre, el Congreso de Puebla por fin tipificaría el delito de feminicidio en el Código Penal con una pena de 30 a 50 años.
Alan Aparicio corrió con una inmerecida suerte, cuando cometió el terrible crimen aún no había cumplido los 18 años, le faltaban seis días, seis días lo alejaron de la justicia, pues solo pudieron sentenciarlo por 8 años por el triple homicidio, el feminicidio aún no se había identificado. A “La Güera” le dieron 50.
Ese y 78 casos más, marcaron el 2011 como un año histórico para Puebla con un incremento de 170 por ciento de los crímenes violentos contra mujeres, y desde ahí el número ha seguido subiendo año tras año.
Mujeres, madres, jóvenes, estudiantes, niñas y hasta bebés han protagonizado historias inéditas en las que acaban muertas, en las que son asesinadas por sus esposos, padres, novios o parejas.
Los crímenes, pese a que uno de los objetivos de la tipificación era inhibirlos, siguieron. Los homicidios fueron continuos e igual de horribles mes con mes.
El 30 de enero de 2014, Karla López Albert, quien tenía cinco meses de embarazo, fue citada por el padre de su bebé, Manuel Forcelledo a una reunión en la que supuestamente harían un acuerdo para la manutención del bebé una vez que naciera.
La engañaron, Forcelledo la llevó a un salón de fiestas propiedad de su familia y con la ayuda de sus dos escoltas la mató. El cuerpo de Karla apareció en la Ciudad de México la madrugada del 2 de febrero, tres días estuvo ahí tirada, con las manos atadas con rafia.
Cinco años han pasado desde entonces y Manuel Forcelledo vive en prisión con una serie de amparos que han dilatado la sentencia. La familia de Karla López aún vive con la incertidumbre de que un día pudiera salir libre.
El feminicida de Paulina Camargo, José María Sosa confesó su crimen. El 25 de agosto la acompañó a una revisión médica de su embarazo, juntos fueron en taxi a su departamento en La Margarita, discutieron, la estranguló y tiró su cuerpo en un contenedor de basura.
La mató, dijo la Fiscalía General de Puebla, porque no quería hacerse cargo de su hijo, pero después el caso se complicó cuando la defensa del joven karateca aseguró que la confesión se había obtenido bajo tortura, además de que el cuerpo de Paulina nunca fue encontrado.
Apenas el pasado 13 de febrero, José María Sosa fue sentenciado pero no por feminicidio, a pesar de que el crimen encuadra perfecto con la tipificación, lo condenaron por homicidio y le dieron solo 16 años en prisión.
Un mes antes de que José María Sosa matara a Paulina Camargo, el Congreso de Puebla había aumentado de 50 a 60 años la pena máxima por el delito de feminicidio como una medida disuasoria por el creciente número de crímenes contra mujeres. El joven encuadraba perfecto para recibir la sentencia, pero no fue así.
Ni la tipificación ni el incremento de la pena pararon los casos. Las historias se siguieron acumulando. En febrero de 2016, Rafael Portillo pagó 5 mil pesos para que mataran a su novia Samaí Márquez, quien tenía dos meses de embarazo. A él sí lo investigan por feminicidio, pero aún no hay sentencia.
En 2016 el multihomicidio cometido por Adán en Coxcatlán se convirtió en una de las historias más terribles. Adán mató a la madre de su hijo, a quien procreó en una violación, Silvia Sánchez, y a 10 miembros más de su familia, como “venganza” por haber comenzado a salir con otro hombre.
Acompañado por su hermano Carlos, mataron a las familias durante una noche. Adán está prófugo, su hermano Carlos sí fue detenido pero solo lo sentenciaron por 40 años por el delito de “homicidio calificado”, no por feminicidio.
En ese año, Esteban Vargas asesinó a su hija de solo 20 días de nacida, Valentina, porque no quería hacerse cargo de ella. El joven, de San Pedro Cholula, denunció que le habían arrebatado a la niña afuera del hospital, pero tras varias horas de interrogatorio terminó confesando su crimen.
En noviembre de 2017 lo sentenciaron a 27 años, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos calificó el crimen como un feminicidio, pero el Poder Judicial determinó que el delito era “homicidio en grado de parentesco”, no feminicidio.
El asesinato de la estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Tania Verónica Luna, fue uno de los más mediáticos de 2016. La joven de 29 años fue encontrada sin vida el 29 de septiembre. Fue asesinada por Luis Humberto Ortega Sánchez, en su propia casa en donde la amarró y la estranguló con una cadena.
Aunque es investigado por feminicidio, el Poder Judicial aún no dicta sentencia por el caso.
Ya en 2017, con la solicitud de Alerta de Género presentada por diversas organizaciones de activistas, los crímenes violentos contra mujeres siguieron día tras día, sin que los gritos de las mujeres asesinadas apresuraran la contingencia.
Mientras las activistas peleaban por la Alerta, una pequeña de cinco años en Amozoc fue violada y asesinada por su padrastro, con el consentimiento de su mamá. La pequeña fue enterrada en la casa donde vivía y sus padres detenidos.
El 27 de mayo de ese año, Rocío Edith acudió a la visita Conyugal en el Penal de San Miguel, en donde fue asesinada por un hombre que estaba ahí purgando una condena por haber matado a su esposa.
El 2018, la cifra de feminicidios en Puebla creció a un ritmo acelerado. La mañana del 18 de diciembre Erika Montes fue asesinada por su esposo, Javier Bocanegra, en Chilchotla. La apuñaló siete veces y murió cuando fue quemada en un terreno al lado de una escuela en la comunidad.
En junio, Zendy Guadalupe Rodríguez Flores salió de su casa en San Sebastián Aparicio, en la capital del estado, para ir a la escuela de enfermería en donde estudiaba, fue raptada y asesinada.
En lo que va de 2019, Periódico Central ha documentado 35 crímenes violentos contra mujeres en Puebla. De 2010 a la fecha se han dado cuenta de 594 casos.
El 8 de abril, tras la abrumadora cifra y luego de cientos de cruentas historias, el Gobierno federal por fin emitió la Alerta de Género para 50 municipios de Puebla, incluida la capital.
