Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– Organizaciones civiles nacionales e internacionales condenaron las acciones de “represión y desalojo cometidas” en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, ocurridas este lunes, y exigieron la salida de los elementos de la policía del Estado de México y que se respete la suspensión de las obras concedida al pueblo otomí.

“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS)

Las organizaciones señalaron que el hecho no es sólo un acto de uso desproporcionado de la fuerza sino “una clara afrenta a la legalidad”, pues existían amparos a favor de los ciudadanos de Xochicuautla en contra de la obra.

El Frente señaló que una persona beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas fue agredida y despojada del botón de pánico otorgado por el Mecanismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Finalmente hicieron un llamado a las autoridades del Estado de México “a cesar los actos de represión” llevados a cabo en contra de la comunidad otomí. Además de que se acate la suspensión concedida por el Poder Judicial, y que tanto la Policía, como la maquinaria de las empresas, se retiren de manera inmediata de ese territorio.

El FLEPS está integrado por Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

A su vez, diferentes colectivos y organizaciones emitieron otro posicionamiento en el que señalaron que también condenaron con el desalojo y pidieron que se retire todo tipo de contrato al Grupo Higa, “por violar los derechos de las personas y las comunidades, así como por el desacato a una orden judicial”.

“Este es un intento más de despojo sobre los bosques de la comunidad otomí, lo cual atenta no sólo contra sus derechos comunales si no contra la naturaleza, contra la vida, pues se trata de proyectos de muerte; que a su vez son parte de una compleja trama de megaproyectos en beneficio del capital y de unos cuantos”, señalaron los colectivos y asociaciones firmantes.

Los colectivos firmantes son: Seminario Mundos Rurales, Tierra, Territorio y Territorialidades, Circulo de lectura Política Mundos Rurales , Proyecto de Siembra y Círculo de Saberes (UACMilpa), Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista (GLEFAS), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C. (Orizaba, Veracruz), XVII generación de la Maestría en Desarrollo Rural (UAM-X), Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C., Proyecto Sierra Santa Marta A.C., Asociación de Profesionistas Indígenas (API) Chiapas A.C., Cholula Viva y Digna, Colectivo Campamento Intercultural UACM-América Latina, Colectivo Más de 131, Red de Humedales de la Bahía Adair, Red del Alto Golfo DRC A.C.,Grupo Lobos, Colectivo mujeres Trabajando, Red Manglar México, Asociación, Latinoamericana de Medicina Social-México, Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar) A.C., Colectivo Lumantik- UACM, y el Centro de Estudios Ecuménicos A.C.

La mañana e este día, maquinaria pesada, resguardada por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, derribó el Campamento de Paz y de Digna Resistencia en el pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla instalado para frenar la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca concesionada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa, uno de los hombres de negocios más favorecidos por los gobiernos federal y del Estado de México.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero  informó que fueron alrededor de 600 policías los que a las 10:00 am ingresaron al poblado, “subieron por la calle Buenavista, Cuauhtémoc y la iglesia en dos camiones y ocho camionetas Pick Up”.

A las 11: 30, señala la organización, encapsularon el campamento destruido, donde, detalló, se encontraban varios miembros del Consejo Supremo Indígena Otomí, dos de ellos, Antonio Reyes y Lucas Hernández, pertenecientes al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras.

El año pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó un decretó para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

En dicho decreto Peña Nieto expropia casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla para la construcción de la carretera privada, pese a la oposición de la comunidad. Los pobladores consideran que la obra violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó.

La construcción fue concesionada en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, buscando su cancelación definitiva.