El Gobierno no confirmó cuáles son sus planes, pero activistas afirman que este procedimiento agrava los padecimientos de menores detenidos, muchos de ellos ni siquiera adolescentes que no tienen acceso a un abogado.
Por Kate Brumback y Nomaan Merchant
ATLANTA, 11 de marzo (AP) — Los siete niños estaban parados uno al lado del otro en una instalación del servicio de inmigración de Texas. La imagen fue transmitida a Atlanta, a mil 600 kilómetros, donde un Juez sentado en un juzgado casi vacío trataba de resolver un problema con el audio.
Por momentos se podía escuchar la voz entrecortada de una mujer en Atlanta, que traducía el testimonio de una persona que pedía asilo en otra vista separada.
El Gobierno de Donald Trump expandió esta semana el uso de vistas a través de comunicaciones con videos para los niños migrantes y decenas de muchachos retenidos en Houston, que son escuchados por un juez en Atlanta. Hay quienes creen que la iniciativa podría ampliarse y usar videoconferencias para procesar los casos de niños retenidos por el servicio de inmigración en todo el país.
El Gobierno no confirmó cuáles son sus planes, pero activistas afirman que este procedimiento agrava los padecimientos de menores detenidos, muchos de ellos ni siquiera adolescentes que no tienen acceso a un abogado.
Dificultades técnicas causaron demoras y complicaron el inicio de estas vistas en Houston, donde funciona uno de los tribunales de inmigración que más casos procesa de la nación.
Ya se hacen vistas con video para procesar algunos menores retenidos en instalaciones a horas de manejo de los sitios donde se encuentran los juzgados, en partes de Texas, Virginia, Nueva York y Tennessee.
Pero Houston tiene uno de los tribunales de inmigración más activos del país, con cientos de casos evaluados semanalmente y menores que con frecuencia se presentan en persona ante un juez.
Ni la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (OERCI), que supervisa los tribunales de inmigración, ni la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR), que se hace cargo de unos 3 mil 650 migrantes menores de edad, respondió a la pregunta de por qué el programa piloto de Houston/Atlanta era necesario. La portavoz de la OERCI Kathryn Mattingly dijo que el uso de videos generalmente “abarata los costos, aumenta la flexibilidad para tratar casos pendientes y reduce el tiempo de procesamiento y la espera de decisiones en procesos administrativos, sin afectar la integridad de los procedimientos”.
Hubo 25 mil 351 vistas llevadas a cabo mediante videoconferencia en los primeros 17 días de enero, aproximadamente una cuarta parte de las 95 mil 492 que hubo en todo el 2019, de acuerdo con cifras del gobierno obtenidas por el abogado de inmigración Andrew Free.
La mayoría de los menores a cargo del Gobierno cruzaron la frontera desde México solos. Algunos de los que están en instalaciones de la ORR fueron enviados por sus padres, que están en campamentos del lado mexicano de la frontera, en tanto que otros pueden haber sido separados de sus padres o del adulto con quien estaban por sospechas de fraude o negligencia.
El lunes, el primer día en que entró en vigor el cambio, la jueza Sirce Owen tomó en Atlanta los casos de decenas de menores mediante videos. Entre ellos el de un niño de siete años que no tenía abogado, el de una adolescente que trataba de calmar a su hija y el de un grupo de niños que lucían todos sweaters verdes.
En el juzgado de Atlanta, en medio de los problemas con el audio, la Jueza procesó a los siete chicos de una instalación de Corpus Christi, Texas. Les explicó por qué estaban allí y cuáles eran sus derechos.
Los problemas con el audio empeoraron, pero Owen terminó de interrogar a los menores y les dio hasta el 20 de abril para que encuentren un abogado.
Mientras Owen esperaba que llegase el siguiente grupo de menores al salón de Corpus Christi, en los parlantes se escuchó la voz de una mujer que decía “… y me apuntaron con un arma…” antes de que el sonido volviese a interrumpirse.
Generalmente no se permite que gente ajena al proceso se siente a escuchar los testimonios para proteger la privacidad de las personas que piden asilo. Al final de cuentas Owen dispuso una suspensión de la vista de más de una hora para que se pudiese arreglar el audio.
Owen pudo procesar a los menores que esperaban en Houston. Uno por uno, llamó a aproximadamente una docena de menores de una instalación donde se les daba sweaters verdes con cierre. Los chicos se sentaron en una mesa junto a un abogado de las Caridades Católicas.
Una pantalla plana a la izquierda de la mesa mostraba el rostro de la jueza Owen. Pero los niños tenían la mirada fija en la intérprete de español.
En un pasillo, una adolescente que esperaba ser atendida trataba de calmar a su hija de dos años mientras la demora se agudizaba. La niñita correteaba golpeando las rodillas de otros menores sentados en un banco que esperaban su turno.
Un chico de siete años llamado Justin pareció confundido cuando la Jueza le preguntó si entendía lo que significaba tener derecho a un abogado. Owen volvió a explicarle en tono pausado y el muchacho le dijo que sí, que quería más tiempo para encontrar uno.
Owen vio a más de 40 niños el lunes. Reprogramó algunas audiencias para darle a los menores la oportunidad de encontrar abogados o para que los abogados puedan preparar mejor sus presentaciones. Concedió un puñado de solicitudes de repatriación voluntaria. Y transfirió algunos casos de muchachos que ya habían cumplido 18 años al programarse la próxima vista.
“Están apurando los procesos de los chicos”, sostuvo Zenobia Lai, Vicepresidenta de los servicios legales de inmigración de la rama de Houston de Caridades Cristianas.
“Si estuviesen presentes en las vistas, los jueces podrían analizar el lenguaje corporal”, dijo Lai. “Con esto, no sé si los jueces los miran siquiera. No sé lo que ella ve”.
Se ha exhortado a los jueces a que procesen los casos con mayor celeridad y los abogados de los menores se enteraron de que las instalaciones contratadas por el Gobierno ya no llevarán a los chicos a las oficinas de abogados, por lo que será más difícil preparar sus casos, de acuerdo con Jennifer Podkul, de la organización Kids in Need of Defense (Niños que necesitan defensores).
Gladis Molina, del programa de defensa de los menores del Centro Yang por los Derechos de los Niños Inmigrantes, afirma que en los últimos años se han estado usando videos para los menores retenidos en instalaciones contratadas por el Gobierno. En un programa piloto previo en Phoenix, los niños participaron en las vistas desde esas instalaciones mientras el Juez y un abogado del gobierno estaban en un juzgado a cinco minutos de allí, dijo Molina.
“Los chicos eran tan solo una imagen en una pantalla, a diferencia de muchachos cuyas vidas iban a ser impactadas por las decisiones que se tomaban en el juzgado”, expresó.
