Años tras año, cientos de niños migrantes no acompañados arriban a Tijuana con la intención de cruzar hacia Estados Unidos o encontrarse con algún familiar en esta ciudad, situación que se ha visibilizado de manera más categórica con el arribo de las pasadas caravanas migrantes. Activistas denuncian falta de atención en la coordinación para su tratamiento y exigen trabajo de inteligencia para saber quién está detrás de estos flujos migratorios que en ocasiones se realizan con engaños.
Por Manuel Ayala
Tijuana, 11 de marzo (Zeta/SinEmbargo).- El día que su padre las abandonó cuando todavía se encontraban en Tapachula, Chiapas, la joven Milagros de Jesús Enríquez Ayala, de 15 años de edad y originaria de Plan del Pino, El Salvador, decidió que tenía que buscar el “todo o nada”, a sabiendas que en su vientre cargaba con un embarazo de cinco meses de gestación y bajo su responsabilidad tenía a su hermana Siomara Nohemí, de 13 años.
Por esos días la segunda caravana migrante estaba ingresando a territorio mexicano y decidió que sería buena idea adherirse a ésta con la intención de llegar acompañadas hasta Tijuana, donde pedirían ayuda a una tía que está radicando en esta ciudad para establecerse en este lugar.
Milagros añoraba llegar y comenzar a desarrollar una mejor vida, estudiar una maestría en Enfermería, trabajar para costear sus estudios y “pintarle un mejor futuro” a su hijo, esperado para venir al mundo en la segunda semana de junio, y a quien piensa poner por nombre Bryan Alexis.
Sin embargo, el camino no fue fácil, al contrario, fue demasiado “complicado” para un par de niñas migrantes no acompañadas que tuvieron que pasar por una serie de circunstancias desagradables; aun así, no desistieron de sus sueños y continuaron su camino, hasta arribar a Tijuana en noviembre de 2018.
Milagros y Siomara son dos de los más de 110 casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que la Dirección Municipal de Atención al Migrante detectó durante el arribo de centroamericanos a Tijuana.
Su caso, además de atropellado, es ejemplo de la serie de circunstancias y disyuntivas por las que frecuentemente atraviesan los menores migrantes que se arriesgan a cruzar territorio centroamericano y mexicano en busca de una vida mejor, u obligados por situaciones de violencia que imperan en sus lugares de origen.
PANDILLAS OBLIGARON A SALIR DE SU PAÍS
Una rivalidad “a muerte” entre pandillas que se disputaban el barrio donde vivían ambas jóvenes con su padre, una golpiza y amenazas de muerte, provocaron que los tres emigraran a territorio mexicano para garantizar su seguridad.
Tapachula, Chiapas fue el lugar donde decidieron quedarse y ahí estuvieron durante siete meses intentando regularizar su situación ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero todas las ocasiones les fue negado el proceso, provocando que su padre cayera en un estado de depresión y huyera del lugar.
Milagros conoció a un joven de origen mexicano de quien resultó embarazada; ante la negativa de su pareja para hacerse responsable, las dos hermanas decidieron buscar otras opciones y se integraron a la caravana migrante.
En el camino sufrieron insultos verbales y faltas de respeto, además de agresiones psicológicas, aunado al desgaste físico que ya venían arrastrando por las largas caminatas que tuvieron que realizar. En un mes llegaron a Tijuana y fueron directamente a buscar a su tía, pero cuando la encontraron, ésta les cerró la puerta. Les dijo que no las quería ahí porque le representaban un peligro y las rechazó.
Con todo y embarazo, y su hermana menor bajo su responsabilidad, el abandono de su padre y pareja, además del rechazo de la tía, Milagros no blandeó ante las circunstancias y se dirigieron a un refugio en la Zona Norte, al tiempo que buscaron regularización migratoria.
Ante las carencias de salubridad y alimentos, el embarazo se le complicó y solicitó ayuda al pastor Alberto Rivera Colón, director del albergue Ágape, adonde ella y su familiar fueron trasladadas y donde actualmente se encuentran, esperando que su madre arribe a Tijuana y puedan establecerse acá.
Durante la primera caravana migrante que arribó a Tijuana en abril de 2018, se registró el caso de dos menores de origen hondureño que se encontraban en el Albergue Juventud 2000 en la Zona Norte, quienes escaparon y anduvieron deambulando por la ciudad.
La madre de uno de ellos vivía en el fraccionamiento Soler, y, cuando se enteró de la noticia, lo estuvo buscando hasta que lo encontró y se lo llevó con ella, con quien ahora vive. Sin embargo, del otro joven ya no se supo durante un tiempo, aunque posteriormente, personal del mismo albergue lo encontró en las calles de la ciudad. Ambos se quedaron en Tijuana.
MENORES REQUIEREN REPRESENTACIÓN JURÍDICA
El pastor Rivera Colón se dio a la tarea de buscar una forma de solventar la situación de las menores y así no sean retornadas a su lugar de origen, adonde tienen miedo regresar.
Cuando se acercaron al Instituto Nacional de Migración (INM) les dijeron que no se podía resolver de esa manera, y que de acuerdo a la Ley de Migración, para que un menor pueda permanecer en territorio mexicano requiere de una figura jurídica.
Autoridades de DIF Estatal, instancia que se encarga de procurar la integridad de los menores, les aseguraron no tener espacio; la opción sería retornarlas a su ciudad natal.
Eso les llevó a un acercamiento con autoridades del Consulado de El Salvador en Tijuana, a quienes solicitaron asistencia para contactar a la madre de las niñas y, una vez que lograron ubicarla, pidieron su traslado a esta ciudad, lo que actualmente se encuentra en proceso.
URGENTE VIGILAR QUIÉNES ESTÁN DETRÁS
“Preocupado” por todo lo que le ha tocado ver desde el arribo de la segunda caravana migrante a la ciudad y hasta la actualidad, el pastor Alberto Rivera Colón ha reiterado que se requiere urgentemente de trabajo de inteligencia para identificar quiénes están trayendo a los niños migrantes no acompañados.
Desde su experiencia, ha notado que uno de los problemas que se da en México es que al no haber trabajo de inteligencia, no se genera ninguna evidencia sobre quiénes son esas organizaciones, lo cual no representa una “protección real” para estos niños.
“Otro problema es que DIF no tiene suficiente espacio y los remite a Migración para que sean retornados, o los remite a albergues de donde suelen escaparse”, dijo.
Continuamente asisten con las autoridades pertinentes para exponer este tipo de casos y resolver las diversas situaciones, pero se ha encontrado con que “no hay ninguna coordinación” entre los tres niveles de gobierno, obligando a que los niños “pasen por un dilema durante su estancia en esta ciudad”.
La incertidumbre y el dilema provocan que los menores tengan temor de ir a albergues, iglesias, casas hogar y con las propias autoridades, porque piensan que los van a deportar o regresar a los lugares de donde salieron por motivos de violencia.
JOSÉ CARLOS DEAMBULA POR LAS CALLES
Es un niño migrante no acompañado, de 12 años de edad y originario de Honduras, que hasta hace unos días se había reportado como desaparecido. Se llama José Carlos.
Durante su estancia en el albergue Ágape, el menor confesó a los coordinadores que dos o tres de los centroamericanos ahí albergados estaban introduciendo y consumiendo marihuana, la cual se las estaba proporcionando un grupo de activistas estadunidenses.
Las personas se enojaron y lo amenazaron, situación por la cual Rivera Colón los corrió del lugar y un grupo de 15 migrantes se salieron con los supuestos activistas, aunque también se llevaron al niño sin el consentimiento del pastor, lo cual generó preocupación porque eran quienes lo habían amenazado.
La noticia se difundió y se acercaron a la Embajada de Honduras para que emitiera una Alerta Ámbar, pero no se pudo porque no representaban una figura jurídica, no obstante, se comunicaron con los activistas para que regresaran al niño al albergue.
No lo hicieron sino hasta unos días después, y con la ayuda de la autoridad policiaca se logró recuperar al niño, a quien canalizaron a DIF Estatal y posteriormente lo remitieron al albergue YMCA, de donde escapó.
Sin embargo, en días pasados se vio a José Carlos deambulando a altas horas por las calles de la Zona Centro, vendiendo flores y dulces en bares de la zona, confesando que vivía con su pareja y una señora en una cuartería cercana.
DIF ESTATAL, “PENDIENTE”
Cuestionado por ambos casos, Víctor Manuel Flores Mirafuentes, procurador para la Defensa de los Menores y la Familia de DIF Estatal, señaló que han estado “pendientes” desde que se dieron las noticias.
Compartió que entiende “a la perfección” el temor fundado de las jóvenes de no querer ir con la autoridad tras haber salido de su país por una problemática que ellas manifiestan, y reiteró que han estado trabajando para llevarlas a una casa hogar.
Sobre el caso de José Carlos, destacó que luego que se diera a conocer que había “aparecido” en el centro de la ciudad, se dieron a la tarea de emitir pesquisas y realizar la búsqueda correspondiente de este menor, para lo cual hicieron una petición a la Procuraduría y dependencias involucradas para localizarlo.
En ese sentido, expuso que en el transcurso de 2019, DIF Estatal ha atendido a 64 menores migrantes no acompañados, a quienes ha brindado representación jurídica para resolver su estatus migratorio en la ciudad.
“COMPLICADO” ATENDER ESTE TIPO DE CASOS
Dadas las circunstancias que implican la atención de un niño migrante no acompañado y a razón de que cada uno de ellos trae una historia diferente a la de los demás, instituciones involucradas en esta temática coinciden que es “demasiado complicado” brindar y atender debidamente a ese sector de la población.
En el caso de DIF Estatal, bajo el argumento de que por un lado deben respetar la libre movilidad de los menores, y por el otro velar por la seguridad e integridad de ellos mismos, ponen en marcha ciertos protocolos para su atención.
Si bien el Municipio no tiene injerencia directa en estos casos, César Palencia Chávez, director municipal de Atención al Migrante, afirmó que el tema “se tiene que tratar muy meticulosamente porque implica muchas cosas y atenciones, sobre todo si son migrantes de otros países con sus padres lejos”.
Por su parte, Rodulfo Figueroa Pacheco, delegado del INM en Baja California, declaró que la dependencia a su cargo solamente funge como coadyuvante en este tipo de casos, no como figuras jurídicas, razón por la cual en ocasiones no pueden ir más allá en la regularización de los menores, al requerirse una figura que los represente.
