Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) retiró los cargos contra los cinco hombres que fueron detenidos e involucrados en la detonación del coche-bomba en el año 2010 en Ciudad Juárez. Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí recuperaron su libertad el viernes pasado, luego de poco más de tres años y medio de permanecer encarcelados.
La abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), Diana Morales, dijo en una entrevista con El Diario de Ciudad Juárez que los cinco resultaron positivos al Protocolo de Estambul, un manual diseñado para determinar si una persona fue sujeta a tortura o prácticas degradantes.
Al ser detenidos se les acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lo que resultara. En esa ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPf), a cargo de Genaro García Luna, informó que Fuentes Chavira manifestó haber participado en el ataque contra elementos de la Policía Federal el 15 de julio de 2010 como informante al servicio de La Línea, el cártel ligado a Vicente Carrillo Fuentes. Se le dictó un arraigo en el Centro de Investigaciones Federales mientras se reunían pruebas en su contra.
Ese 15 de julio de 2010, en el cruce de 16 de Septiembre y Bolivia en el centro de Ciudad Juárez, anónimos dejaron un auto que después fue detonado con el propósito específico de dañar a agentes de seguridad, de la prensa y de salud que habían acudido a un llamado. Murieron el médico José Guillermo Ortiz Collazo, el agente federal Ismael Valverde Solares y el civil César Gabiño Aviña. Seis policías federales y un camarógrafo de televisión resultaron lesionados.
La Secretaría de Seguridad Pública federal dijo que el ataque se registró como represalia por la detención del líder operativo de La Línea, Jesús Armando Acosta Guerrero, subordinado de “El Diego”, segundo en la estructura del grupo bajo el mando directo de Juan Pablo Ledezma, “El JL”, lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes.
La abogada dijo a El Diario que en una reunión, el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se comprometió a que se practicaran pruebas del Protocolo de Estambul y si al menos uno de los acusados salía positivo, todos iban a salir libres. Resultó que los cinco arrojaron positivo.
La defensa solicitó que se les aplicara el protocolo de Estambul para comprobar la tortura y posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo corroboró, razón por lo cual emitió a la PGR la recomendación 75/2011.
TORTURA CONTRA DETENIDOS
La abogada del CDHPN explicó a El Diario que estas personas fueron detenidas el 11 de agosto de 2010 acusadas de delitos federales, pero no de terrorismo. Es decir, no de la detonación del coche-bomba.
El Juzgado Primero de Procedimientos Penales de Distrito con sede en Guadalajara ordenó la libertad de los cinco hombres al recibir las conclusiones no acusatorias y por ende el no ejercicio de la acción penal.
“La PGR presenta conclusiones no acusatorias porque nos sentamos con ellos a dialogar para decirles que únicamente había dos pruebas en contra de los acusados: las confesiones sacadas mediante tortura y el dicho de los agentes federales. Después de que se aplicó el Protocolo de Estambul a los muchachos, se pudo ver que efectivamente sus declaraciones fueron sacadas bajo tortura y además obra una documental donde queda evidenciado que los agentes mienten, diciendo que los muchachos fueron detenidos el día 12 de agosto pero en realidad la detención fue el 11, existe una documental que prueba esto”, afirmó la abogada al periódico fronterizo.
Esta prueba es un aviso emitido por la Policía Federal al Jurídico de esa dependencia de la Ciudad de México, para dar a conocer que hubo una detención de cinco personas el 11 de agosto, dato que en el proceso fue cambiado y se dijo que la aprehensión fue el 12, explicó Morales para luego referir que durante esas 24 horas Fuentes Chavira, Amaya Martínez, Martínez Rentería, Martínez Rentería y Fernández Lomelí fueron sujetos a tortura.
La abogada de los implicados dijo que la PGR sólo tenía como prueba el dicho de los agentes que los aprendieron y la confesión de los cinco “arrancada bajo tortura”.
“Los acusan de crimen organizado, armas y droga, del coche bomba no lograron comprobarles nada”, aseguró Morales Rincón a El Diario.
Las personas que sí se encuentran bajo investigación por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y utilización de vehículo robado en relación al bombazo ocurrido en este frontera en 2010 y dentro del proceso penal 218/2012 en la Mesa I del Juzgado Sexto de Distrito son José Iván Contreras Lumbreras, alias “El Keiko”; Jaime Arturo Chávez González, “El Jimmy”; Mauro Adrián Villegas “El Blaky” o “El Negro”; Fernando Contreras Meraz, “El Barbas”; Martín Pérez Marrufo, “El Popeye” o “El Gordo”; Lorenzo Tadeo Palacios, “El Shorty” o “Shorty Dog”; Jorge Antonio Hernández, “El Chapo” o “El Chapito”.
José Antonio Acosta Hernández, alias Carlos Martínez Pérez o “El Diego” o “El Uno” o “El 10” también aparece como acusado en este proceso penal pero no será enjuiciado porque se encuentra preso en Estados Unidos.
EL ATAQUE TERRORISTA
El ataque cuando agentes de la Policía Federal acudieron al llamado de una agresión contra un elemento de la policía municipal. También llegaron paramédicos de Rescate y periodistas de distintos medios de comunicación.
Al dirigirse al punto donde se encontraba el presunto municipal lesionado, que era ya atendido por el médico José Guillermo Ortiz Collazo –quien tenía su consultorio en el sector–, los agentes federales informaron que un vehículo venía tras ellos desde cuadras antes, por lo que pidieron el apoyo de más elementos.
Al llegar al punto referido, las tres unidades oficiales se detuvieron y junto a ellos también lo hizo un auto de reciente modelo, Ford Focus verde, con placas de circulación 853 SHF6, del cual bajaron repentinamente dos hombres, por lo que los elementos policiacos comenzaron a disparar.
Tras los impactos se registró una explosión. El estallido se escuchó a kilómetros de distancia del lugar e incluso las llamas que provocó, tanto del auto bomba como de las unidades oficiales siniestradas, fueron vistas desde diversos puntos de la ciudad.
Ventanas de las viviendas en varios metros a la redonda, cristales de autos, concreto de las banquetas, cinta asfáltica, así como piezas metálicas del propio coche bomba quedaron en el perímetro donde se registró la explosión.
