En un poblado de Allende, Coahuila, sicarios de Los Zetas cometieron una masacre contra trescientas personas, muchas de ellas inocentes, en una operación conjunta entre la policía estatal y el crimen organizado, que se desencadenó por una filtración de la DEA y la omisión y corrupción de las autoridades locales y federales. Esta es la historia.
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Una filtración de la DEA desencadenó una masacre en marzo de 2011 en Allende, Coahuila, que durante casi dos años permaneció en silencio. Un crimen perpetrado por Los Zetas que se cobró la vida de alrededor de 300 personas —según testimonios de los propios pobladores— desoló a toda una población y en la fueron claves la corrupción de las autoridades, federales y estatales, así como la negligencia de la Agencia Antidrogas de EU que confió información sensible a la Unidad de Investigaciones Sensibles (UIS) que ya había dado pruebas de su infiltración por parte de la delincuencia organizado.
Esa información sensible era el testimonio de operadores de Los Zetas que entregaron a la DEA los números telefónicos de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z-40 y Z-42, respectivamente, como parte de una operación que buscaba detenerlos por su papel en el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Distintos personajes involucrados advirtieron de cómo esta Unidad estaba bajo sospecha, pero las alertas fueron ignoradas y esta información sensible llegó a los oídos de lo Treviño Morales que como parte de su venganza acometieron contra familiares lejanos, amigos, trabajadores y conocidos de sus delatores, sin importar que fueran inocentes.
—¿La DEA tiene las manos manchadas de sangre por lo ocurrido en 2011, en la masacre de Allende, allá en Coahuila? —se le preguntó al periodista de investigación Juan Alberto Cedillo, autor de La masacre de Allende. Crónica de un crimen de Estado, de Editoral Terracota, y uno de los reporteros que ha dado seguimiento a este caso que ha permanecido lejos de la atención pública.
—En el caso de la masacre de Allende ellos reconocen que la filtración que tuvieron, desde la Unidad de Operaciones sensibles a donde mandaron los números de teléfono los líderes Zetas para que los capturaran, desde esa unidad que era una institución creada por ellos, formada por ellos, financiada por la DEA, desde esa unidad se filtra a Z-40 que alguien lo está traicionando, en lugar de que esos teléfonos que consiguió la DEA con informantes dentro Los Zetas sirvieran para capturarlos, fue todo lo contrario sirvió para que Miguel Ángel Treviño, su hermano, y los líderes Zetas se lanzaran contra los familiares de esos supuestos traidores o presuntos traidores.
“El asunto es que se fueron contra la mayoría de la gente que era inocente, gente que no tenía que ver con el narcotráfico y esa pifia de la DEA no era la primera ocasión que desde esa unidad se filtraba información sensible que compartían para capturar campos, es decir, esta unidad, que era parte de la Policía Federal, Unidad de Operaciones sensibles, estaba conformada por policías federales mexicanos, pero estos policías habían sido seleccionados por la DEA para irlos a capacitar a Quantico, a sus instalaciones de Virginia, allá los prepararon, allá los capacitaron, allá los formaron, allá les pagaron y los utilizaban como sus hombres de confianza en México. Estamos hablando que la propia DEA, porque esa es una unidad de la DEA, provoca esta pifia que termina con una masacre, no es su responsabilidad final, pero sí tienen las manos manchadas de sangre por esas pifias”.
Los informantes de la DEA dentro de Los Zetas son José Vázquez, Héctor Moreno Villanueva y Alfonso “Poncho” Cuéllar, operadores clave en el trasiego a gran escala de cocaína. Todo se desencadenó cuando el hermano de Héctor Moreno fue detenido con dinero dentro de un tanque de gasolina. La situación desencadenó a que cada uno de estos personajes fueron obligados a cooperar con la DEA, que aunque prometió que la información que se compartiera permanecería bajo resguardo, en realidad no fue así.
La venganza desatada por los hermanos Treviño Morales inició desde el 18 de marzo de 2011 y se prolongó hasta el 20. A la localización de Allende acudieron sicarios de Los Zetas esta organización criminal integrada por desertores mexicanos que pasaron de ser el brazo armado del Cártel del Golfo a conformar su propia agrupación criminal, y quienes encontraron en Coahuila la estancia para instalarse y operar a partir de sus tácticas de terror que desencadenaron los peores años de la guerra contra el narco que emprendió el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Juan Alberto Cedillo explicó que desde adentro de la DEA se sabía y se conocía que esa una unidad a la que dieron los números de los líderes zetas para detenerlos no era confiable. “Eso es una cosa que se tiene que exigir al Gobierno de los Estados Unidos, porque ellos mismos dicen que lo están haciendo, que investiguen por qué se sigue filtrando, por qué siguen entregando información sensible, operando con instituciones tan débiles o con fuerzas policíacas tan corruptas que terminan, en lugar de ayudándoles, facilitando el narcotráfico a los Estados Unidos”.
Con respecto al auge de los Zetas en Coahuila, Juan Alberto Cedillo comentó cómo estos militares de élite, formados con recursos públicos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llegaron a Tamaulipas en 1997. “Se supone que eran la esperanza de jóvenes muy bien capacitados en el Ejército, se supone que eran incorruptibles comparados con la expolicía judicial federal, que era la responsable del combate del narcotráfico, y finalmente terminan yéndose al bando contrario, pero eso no es el problema fundamental, porque cuando ellos traicionan poco tiempo después y no tampoco tiempo, durante digamos casi dos años, se siguieron presentando a pesar de que ya habían traicionado, que el Ejército ya tenía información que habían desertado, que no se presentaban, estaban sirviendo al narcotráfico, se siguieron presentando como parte de una operación secreta del Ejército contra los narcotraficantes y utilizaron eso para combatir a grupos rivales”.
Este modus operandi, indicó, lo hacen en Nuevo León, lo hacen en Tamaulipas, lo hacen en Coahuila lo hacen en Veracruz y el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, nunca informó que esos grupos que habían mandado, tres grupos con las últimas letras del abecedario, a combatir el narcotráfico ya no eran parte de esa institución.
“Ellos siguieron utilizando esa anterior misión para llegar a la Cuarta Región Militar, a la Sexta Zona Militar, a la Séptima Zona Militar y pedir ayuda para combatir a los narcotraficantes, y el ejército les prestó ayuda, quizás también con sobornos, quizás con información, pero siguieron utilizando la institución de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir a los cárteles rivales, cuando ellos ya eran un cartel y eso lo tiene que explicar la Secretaría de Defensa Nacional, porque nunca los denunció que ya habían traicionado, sabiendo que seguían presentándose ante autoridades militares como esa parte secreta del ejército para combatir a los narcotraficantes y por lo tanto les daban ayuda, eso es una parte fundamental y eso es algo que creo que se tiene que investigar, porque eso terminó convirtiendo a Los Zetas en el grupo más poderoso y más sangriento en las narcoguerras de los años de Felipe Calderón”.
—¿Qué sucede a nivel local en Coahuila, porque lo tú lo señalas, nadie hizo nada?
—Lo de Coahuila es muy interesante porque llega de ser uno de los estados más violentos, aparentemente ahora uno de los más pacíficos, y ahí hay un juego de circunstancias. Primero, cuando los Zetas llegan en 2005, a Coahuila, El Mellado, que el periodista Ricardo Rafael lo entrevista para su libro Hijo de la guerra, él cuenta, no allí sino gracias a uno de sus cercanos en un juicio de San Antonio, cuenta cómo llegaron, cómo pagaron sobornos, y en otros juicios que yo cubrí en Texas, por ejemplo, el hijo de un Alcalde, que era uno de los enlaces para lavar dinero, cuenta cuánto le estaban pagando a Humberto Moreira, a él le pagaron los Zetas cuando llegan a Coahuila en total cuatro millones de dólares para comprar la plaza impunidad.
“El asunto es que Coahuila en un momento dado se convierte en el epicentro de las operaciones de Los Zetas para el tráfico de droga, principalmente Piedras Negras, y los líderes Zetas viven en Allende, la masacre precisamente provoca, ya se venían dividiendo, y prácticamente se autodestruyen en Coahuila, se tienen que refugiar de nuevo en Tamaulipas. Cuando se dividen, se pelean, desertan y se van al Cartel del Golfo una células, otros salen de Coahuila, pasa una cosa muy curiosa que la violencia que ellos generaban, porque el cartel del Golfo llegaba a calentarles la plaza, ellos eran los dueños de la plaza, se retiran ellos y se baja la violencia en Coahuila, no solamente se baja la violencia en Coahuila, se baja la violencia Nuevo León y se baja la violencia en otros lados por la división y la autodestrucción de Los Zetas que se quedan como un grupo muy reducido y se van a Tamaulipas Laredo por eso Rubén (Moreira) presume que controla la violencia, no la controló se redujo por circunstancias muy particulares.
—Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar Treviño están detenidos y Estados Unidos los reclama, pero con recursos judiciales siguen acá en México, incluso se acusa que siguen operando desde los penales y hasta Miguel Ángel dice que no es quien dicen que es…
—Sí, el Z-42 sigue operando desde los penales y una de las cosas más curiosas, si tú revisas el libro hay una solicitud de acceso a la información a la PGR, yo le solicito a la PGR, a la entonces la PGR, que me diga todas las acusaciones que tiene Miguel Ángel Treviño Morales por el caso Allende y la respuesta es que no tiene acusaciones por el caso Allende, y desgraciadamente hasta la 4T contribuye a que ahora digan que él no es, porque, como sabrás, en el censo que existe de personas desaparecidas que se quiso presentar, que habían más, que habían menos, que había muchos, ahí apareció otro Miguel Ángel Treviño Morales como desaparecido, y él aprovecha esa coyuntura para decir ‘yo no soy’, muy curioso todo esto, desgraciadamente como estamos”.
—¿La masacre de Allende se mantiene impune?
—Sí hay culpables, si hay detenidos, [pero] los principales protectores están impunes que son los funcionarios de Coahuila y los funcionarios federales. Pero desgraciadamente el problema actual es la justicia hacia las víctimas, ahorita existen 52 familias registradas en la Comisión Nacional de Víctimas como afectadas por el caso Allende y otras tantas en el Gobierno Coahuila, esta nueva ley de Atención a Víctimas permite exigir la reparación del daño, la justicia reestructurativa, la no repetición, etcétera, etcétera. Y en el caso de la reparación del daño, es porque ellos perdieron casas, perdieron negocios, perdieron todo y desgraciadamente en este quinto año ya de la administración de López Obrador, al principio de su sexenio llegó Olga Sánchez Cordero a Allende, llegó Alejandro Encinas y tuvieron una ceremonia para cumplir con la obligación que les ordenaba la Comisión Nacional Derechos Humanos de pedir perdón y empezar con el proceso de reparación del daño, hasta la fecha no hay una conclusión de ese proceso, les pidieron disculpas, pero lo más importante en estos momentos para las víctimas es ‘yo estoy sobreviviendo con lo que puedo’, entonces, no han tenido, a pesar de que perdieron negocios, perdieron todo, no han tenido una conclusión.
