El señor José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, señaló que ahora el gobierno quiere volver a hacer desaparecer a su hija, al excluir su nombre de la actualización del Censo de Personas Desaparecidas. Incluso denunció que se han negado a su petición de volver a incluirla. Además, el padre resaltó que resulta lamentable que, a pesar de tener a la primera Gobernadora mujer en Chihuahua durante el sexenio de María Eugenia Campos, se haya observado un fuerte retroceso en la atención de la violencia contra las mujeres.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo). Portando una lona rosa con la imagen de su hija Esmeralda Castillo Rincón convertida en una especie de jorongo al que él llama mandil y que siempre lleva puesto en todas las marchas, caravanas y foros, es la imagen con la que se ha caracterizado y se le reconoce a José Luis Castillo Carreón, quien lleva 15 años buscando a su hija, que a pesar de seguir desaparecida ha sido excluida del nuevo y cuestionado Censo Nacional de Búsqueda de Personas.
“No está localizada, sigue en el estatus de desaparecida y el gobierno la quiere hacer desaparecer de nuevo. El problema que enfrentamos es que ni el gobierno federal ni el gobierno del estado quieren volverla a incluir en la lista de desaparecidos, porque eso implicaría reconocer un error en la depuración del censo. Estamos trabajando con esta situación y este problema, ya que quieren que acepte que Esmeralda no está en las listas. Su interés es que yo acepte para afirmar que están haciendo las cosas bien cuando no es así”, expresó el padre en entrevista con SinEmbargo.
Esmeralda tenía 14 años y estudiaba el segundo año de secundaria cuando fue vista por última vez el 19 de mayo de 2009, mientras se dirigía a la escuela. Desde entonces, José Luis y su esposa Martha no han dejado de buscarla. El padre ha experimentado y enfrentado casi todo: desde disfrazarse de “teporocho”, como él ha narrado, para vigilar bares en la frontera norte, según ha narrado sobre los primeros años de búsqueda, hasta ser encarcelado en 2012 por confrontar al entonces Gobernador y ahora detenido por corrupción, César Duarte Jáquez.
Castillo, como le dicen sus conocidos, se volvió viral en 2019 al ser captado lanzando pacíficamente diamantina rosa, pidiendo que no se olviden de su hija, durante una marcha en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto ocurrió como parte de las emblemáticas protestas de ese año contra la violencia de género y feminicidios, enmarcadas en el movimiento #nomecuidanmeviolan.
Uno de los mayores obstáculos, según expone el ahora activista, ha sido la falta de avances en la búsqueda y la actitud de las autoridades actuales. La familia ahora tiene que lidiar con que, pese a ser un caso mediático y ampliamente conocido, Esmeralda se excluyó de la actualización del Censo Nacional de Personas Desaparecidas, que involucró a personal de la Secretaría de Bienestar sin especialización en el tema de desaparición en México.
En entrevista, el señor Castillo denunció que Esmeralda fue nuevamente “desaparecida”, esta vez por las autoridades, al no incluir su nombre en el mencionado censo y destacó que esto no sólo genera un impacto severo jurídico para exigir a las autoridades acciones de búsqueda, sino que también genera un impacto emocional y moralmente a la familia, ya que mantenerse en la lista de desaparecidos oficialmente es crucial para persistir en la presión sobre las autoridades y continuar la búsqueda.
“De por sí es poco lo que hacen y luego borrando de las listas a los desaparecidos, pues está muy difícil”, dijo.
De acuerdo con el testimonio de José Luis Castillo, se enteraron de que la joven fue sacada de las listas junto con sus abogados. Al percatarse de la ausencia de Esmeralda, la familia buscó explicaciones claras, pero sólo encontraron respuestas ambiguas, desconcertantes y revictimizantes.
La Comisión de Búsqueda de Ciudad Juárez fue una de las instancias a las que acudieron, donde les informaron que, según ha manifestado el Presidente de la República, para el Censo se basaron en las listas proporcionadas por cada estado. Sin embargo, al acudir a las autoridades estatales, estas aseguraron que sí habían entregado las listas con el nombre de Esmeralda incluido.
Castillo también explicó que el Gobierno federal justificó esta decisión alegando que algunos nombres, incluido el de Esmeralda, aparecían en las listas de vacunación contra el COVID-19. Pero cuando solicitaron más información ahora, paradójicamente, los consideran “ilocalizables”.
“Cuando yo digo que Esmeralda o alguna Esmeralda se pudo haber vacunado es porque esa es la explicación que da la Secretaría de Gobierno diciendo que están ubicadas algunas personas desaparecidas, porque en la campaña de vacunación se encontraron registros de los nombres de estas personas. Pero es precisamente por eso la pregunta de si hay sólo una persona en todo México que se llame así, porque hay muchos homónimos”, dijo José Luis.
La perplejidad sobre la explicación proporcionada por la Secretaría de Gobierno afirmando que las personas desaparecidas que también aparecen en el registro de vacunación, paradójicamente, ahora son “ilocalizables” porque proporcionaron direcciones erróneas, es otro de los aspectos que compartió el padre.
“Que porque son ilocalizables y que dieron otras direcciones a las que han ido a buscarlas y no las han encontrado. Entonces se nos hace difícil, porque la Comisión de búsqueda dice ‘no sabemos por qué la retiraron. Nosotros mandamos el reporte’. Y la Fiscalía nos dice también que no la debieron haber retirado de las listas, porque mandaron el reporte. Que ‘Es allá en la Ciudad de México donde hicieron esta rasurada’, eso es lo que nos dicen, y entonces se nos complica viajar a la Ciudad de México, ya que tendríamos que hacer un esfuerzo”.
La denuncia de la duplicidad de nombre de personas desaparecidas y que se vieron reflejadas en el registro de vacunación se ha realizado desde julio del año pasado. En ese momento un trabajo periodístico elaborado por A dónde van los desaparecidos reveló que familiares de personas desaparecidas han recibido notificaciones inesperadas sobre el supuesto registro de sus seres queridos como vacunados contra el coronavirus durante la pandemia. Uno de los testimonios mencionados en el reportaje es el de María Elena, madre de Miguel Armando Mata Villa, quien desapareció en Reynosa, Tamaulipas, en febrero de 2012.
De acuerdo con el reportaje, cuando funcionarios de la comisión estatal de Durango acudieron a su casa para preguntar sobre el paradero de su hijo, llevaron consigo una lista de personas desaparecidas que aparecían como vacunadas contra el COVID-19.
El error no se limita a un solo estado, ya que otras listas similares han sido enviadas a organismos de búsqueda y fiscalías en Coahuila, Durango, Guerrero y la Ciudad de México, de acuerdo con el reportaje.
Ante la gravedad del caso, los comisionados de búsqueda de Coahuila y Durango, Ricardo Martínez y Carlos Burciaga, respectivamente, junto con Samuel Ocampo, director de relaciones interinstitucionales de la CNB, sostuvieron una reunión telefónica en la que reconocieron que se trató de un lamentable error y propusieron depurar la lista, que aparentemente se cruzó con otras bases de datos previamente.
RETROCESO EN EL GOBIERNO DE MARU CAMPOS
José Luis Castillo también denunció la revictimización que su familia aún experimenta y reveló que, como familia, han tenido que recurrir incluso a acciones legales, como ampararse, para obtener información sobre el progreso de la investigación.
Además, la negativa de las autoridades a reconocer la desaparición de Esmeralda, sin proporcionar un cuerpo o una causa de muerte, ha llevado a que las autoridades estatales insistan en obligarlo a aceptar que su hija está muerta. El padre recordó que incluso ha habido autoridades, como la exfiscal Diana Morales Rincón de la Fiscalía de Género, quien les dijo que la muerte de Esmeralda era obvia; esta declaración, que data de aproximadamente un año, generó indignación y llevó a la exigencia de su destitución.
“En nuestro caso, hemos tenido que ampararnos para obtener información sobre el progreso de la investigación en el caso de nuestra niña, porque no vamos a aceptar que nuestra niña está sin vida, cuando no nos entregan un cuerpo, cuando no nos dan causa de muerte. Las autoridades quieren que yo acepte que Esmeralda está sin vida, sin darme cuerpo y sin darme causa de muerte. Ellos dicen que es obvio que mi niña está sin vida. Pero por obviedad, también puede estar con vida, porque hemos localizado a niñas y jovencitas hasta con 20 o 25 años con reporte de ausencia”, narró.
En años pasados, las autoridades intentaron entregarle unos restos como si fueran de su hija. José Luis afirma que no eran de ella.
En 2013 se localizaron en el arroyo del Navajo restos humanos. Casi dos años después, les informaron que uno de esos restos, un fragmento de tobillo, pertenecía a su hija. Sin embargo, para ellos, eso no significa que Esmeralda esté muerta, ya que han señalado que aún falta hacer una confronta particular de ADN. La familia aún no acepta que el hueso que les entregaron sea de Esmeralda y que ella esté muerta.
Las dificultades no se limitan sólo a la falta de empatía por parte de las autoridades. José Luis también compartió la escasez de recursos y personal en las fiscalías de género, lo que dificulta aún más la búsqueda de justicia para las víctimas.
“En las fiscalías de género, necesitamos personas que tengan perspectiva de género y que tengan sentimientos hacia las víctimas. No puedes hacer esa declaración y exigir que una víctima acepte (la muerte) cuando no tienen las pruebas. No, no es posible. Por ejemplo, estoy batallando ahora porque en la Fiscalía de Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos cinco ministerios públicos para más de mil 200 investigaciones de desaparición”, destacó.
José Luis Castillo subrayó que con el Gobierno de María Eugenia Campos ha habido un retroceso en los esfuerzos para abordar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Describió que los pocos avances logrados se están desmantelando.
“Sí se ha visto un cambio, pero ha sido de retroceso. A nosotros, los padres con hijas desaparecidas y asesinadas, nos costó muchísimo trabajo lograr que en Ciudad Juárez se pusiera la Fiscalía Especializada de la Mujer y ahora que entró este Gobierno de María Eugenia Campos, resulta que ya no es la Fiscalía Especializada de la Mujer, es la Fiscalía especializada en la Familia. Entonces, los pocos logros que se obtuvieron se van echando para atrás”, dijo.
EL CONTROVERTIDO CENSO
El Censo de Personas Desaparecidas fue objeto principal de críticas por parte de los colectivos, quienes cuestionaron la transparencia en su levantamiento y metodología, así como su eficacia. La renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda el año pasado, en medio de denuncias por falta de transparencia e intervención de funcionarios de la Secretaría de Bienestar, no aptos para esa tarea, añadió más controversia al proceso.
El 14 de diciembre, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, reduciendo drásticamente el listado de personas desaparecidas a partir de una nueva clasificación.
En la conferencia de prensa matutina, Alcalde explicó que del Registro Nacional de Personas Desaparecidas tomaron como base de datos inicial el registro de al menos 110 mil personas desaparecidas y que, tras la confrontación de bases de datos, llamadas y presuntas visitas casa por casa, determinaron que el 24 por ciento, equivalente a 26 mil 090 registros, carecía de “datos suficientes para identificar a la persona”.
Otros 36 mil registros (32 por ciento) tenían una identidad, pero carecían de indicios suficientes para iniciar acciones de búsqueda, y finalmente, aseguró que solo 12,377 registros, el 11 por ciento restante, fueron confirmados como desaparecidos.
“En resumen, como decíamos, 15 por ciento ya localizados; 17 mil, que es el 16 por ciento, personas ubicadas; 24 por ciento, registros sin datos suficientes para identificar; y 32 por ciento, registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había mil 951 registros duplicados en la base de datos”, afirmó la titular de la Segob.
Colectivos de personas desaparecidas rechazaron estos datos y han calificado al censo realizado como arbitrario, pues afirmaron que se generó con una metodología carente de transparencia. Además, en entrevistas dadas a SinEmbargo, denunciaron que no tienen registros de familiares contactados durante estas supuestas investigaciones.
“En el colectivo El Solecito somos como 300 y de todas no fue con nadie. En el colectivo de Veracruz no fueron con nadie, solamente conozco a una señora, es a la única que conozco que le fueron a visitar, pero del grupo (de nuestro colectivo) a nadie y pregunté una por una y ninguna contestó que sí la habían visitado o llamado. Es un censo hecho de una manera muy arbitraria, muy triste, inepta y muy incapaz. Es un retroceso”, afirmó Lucy Díaz.
Teresa Figueroa, entrevistada aparte, también coincidió en que no hubo contacto por parte del Estado con los familiares de sus colectivos durante el supuesto nuevo Censo de Personas Desaparecidas.
“En todo el estado (Baja California) somos alrededor de 27 colectivos y con los que hemos logrado tener contacto, sobre ese ‘censo’ que se dice que se han estado haciendo en todo el país, no hay ningún reporte, ni un familiar que diga sí fueron a su casa y le preguntaron. Lo cual, por cierto, también es revictimizar, porque el que de repente llegue una persona desconocida a preguntarte si tu familiar ya está de regreso, ‘¿dónde está o qué pasó?’, es revictimizante. Además, es gente no está capacitada, porque no puede ser que hayan capacitado a tanta persona para tratar con víctimas de desaparición, en tan poco tiempo”, dijo.
Bibiana Mendoza coincidió en que no hubo entrevistas a familiares y aquellos a quienes contactaron, por correo electrónico, sólo los revictimizaron y lastimaron al afirmarles que había indicios de sus seres queridos, sin encontrarlos o sin brindarles mayor información para su localización.
La buscadora compartió un caso en el que una familia recibió un correo electrónico informando que su familiar desaparecido se había vacunado contra el COVID-19, generando una crisis de salud y emocional al no obtener más información sobre el paradero de su ser querido.
“Hubo una compañera a la que le llegó un correo electrónico que su familiar se había puesto la vacuna del COVID y le decían que estaba bien. Ella preguntó en dónde se había puesto la vacuna a su familiar, en dónde lo habían visto y le dijeron, ‘pues que ya no estaba desaparecido, que no le podían dar más información, pero que su familiar no estaba desaparecido’. Esto generó en la señora una crisis de salud y una crisis emocional, porque se fue otra vez a gastar dinero a muchas ciudades sin saber a dónde llegar para ir a buscar a su hijo, que ya tiene 4 años sin ser localizado”, relató.
Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de la organización Fundar, señaló que el proceso para el nuevo censo exhibió falta de transparencia, generó revictimización para las familias y se basó en categorías no reconocidas por la ley.
En entrevista con SinEmbargo, el analista y activista criticó la reducción del número de personas desaparecidas, argumentando que se logró mediante un juego conceptual de categorías, más que a través del censo, visitas o llamadas. Destacó que la mayoría de las reducciones provienen de recategorizaciones en lugar de hallazgos reales a través de métodos de campo.
Por otra parte, resaltó la falta de reconocimiento legal de las categorías utilizadas en el nuevo registro. “La Ley General de Desaparición reconoce solo dos categorías: persona desaparecida y persona no localizada”. Dijo que todas las personas que no se encuadren en la categoría de persona no localizada deben, por ley, ser categorizadas como personas desaparecidas. Sin embargo, indicó, el Gobierno ignoró este requisito legal al crear varias categorías conflictivas.
En particular, el analista destacó la categoría de “personas sin indicios para la búsqueda”, ya que coloca la responsabilidad de la búsqueda en las familias, contradiciendo la ley. Recordó un debate de hace 15 años sobre esta cuestión y señaló que la Ley estableció soluciones claras en ese momento. “Colocan la responsabilidad de búsqueda en las familias, o sea que son ellas las que tienen que conseguir más información sobre las circunstancias de la desaparición de su familiar para entonces poder considerarla desaparecida”.
Por su parte, las madres buscadoras lamentaron las nuevas cifras, las cuales consideraron se presentaron con fines electorales. “Ellos han hecho un uso faccioso totalmente, es un uso prácticamente electorero de los desaparecidos, es decir, están diciendo que prácticamente en México no hay desaparecidos y cuando la realidad es que hay cientos de miles de desaparecidos y ellos no se molestaron en hacer un censo bien hecho, no tuvieron la seriedad, no tuvieron la voluntad entonces que no den esas cifras porque esas cifras no son verídicas, son muy insultantes ante una tragedia tan grave como la desaparición, son cifras insultantes, totalmente”, afirmó Lucy Diaz.
