La ONG de defensa de la prensa Artículo 19 denunció en su momento la detención de la periodista Lydia Cacho, que previamente había puesto dos denuncias por amenazas en su contra e indicó que había sido agredida físicamente y despojada de sus pertenencias.
Ciudad de México, 11 de febrero (AP) — Autoridades federales detuvieron a nueve policías de la localidad de Tapachula, una ciudad fronteriza en el sur de México, por el delito de tortura a una periodista y a manifestantes en enero de 2020 en esa localidad.
Según informó el jueves la Fiscalía General de la República en un comunicado, la reportera estaba narrando cómo agentes municipales agredían a personas de la zona que se manifestaban para pedir un camino rural cuando fue detenida arbitrariamente.
Entre los detenidos está el que era jefe de la policía local en ese momento.
La ONG de defensa de la prensa Artículo 19 denunció en su momento la detención de la periodista, que previamente había puesto dos denuncias por amenazas en su contra e indicó que había sido agredida físicamente y despojada de sus pertenencias.
Asimismo, en su comunicado del 28 de enero del año pasado, explicaba que otro reportero fue pateado por los policías en distintas partes del cuerpo y sobre todo en la cabeza mientras cubría la manifestación.
La Fiscalía especializada en delitos contra los periodistas consideró que había pruebas suficientes para acusarles de tortura.
La captura de funcionarios involucrados en delitos contra periodistas no es habitual en México, donde las agresiones contra los comunicadores suelen quedar mayoritariamente en la impunidad. Más inusual es que los arrestos tengan lugar en un caso como el de Tapachula, que no tuvo una gran transcendencia mediática fuera del estado.
La excepción tuvo lugar hace una semana cuando, después de más de 15 años de batalla judicial, fue capturado un exgobernador de Puebla por torturas a la periodista Lydia Cacho, quien reveló una trama de explotación infantil.
Mario Marín, Gobernador del estado de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2005 y 2011, está acusado de violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho en 2005, cuando la periodista fue detenida irregularmente y fue objeto de torturas físicas y psicológicas con el fin de bloquear una investigación que desveló una red de protección de una gran trama político-empresarial de explotación sexual de niños de entre 4 y 13 años.
