De acuerdo con expertos consultados por Efe, el traslado de hidrocarburo mediante pipas (camiones cisterna), una opción que ha tomado la Administración de López Obrador, tampoco es la mejor alternativa a largo plazo.
Desde que el mandatario llegó al poder el 1 de diciembre pasado comenzó un combate al robo de hidrocarburos que desde hace años sufría la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), delito que generó pérdidas de hasta los 3 mil 400 millones de dólares tan solo en 2018.
Por Juan Manuel Ramírez G.
México, 11 feb (EFE).- El combate frontal al robo de combustible que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, requiere de una estrategia integral que contemple también su comercialización y se ayude de tecnología para detectar gasolina sustraída.
De acuerdo con expertos consultados por Efe, el traslado de hidrocarburo mediante pipas (camiones cisterna), una opción que ha tomado la Administración de López Obrador, tampoco es la mejor alternativa a largo plazo.
Desde que el mandatario llegó al poder el 1 de diciembre pasado comenzó un combate al robo de hidrocarburos que desde hace años sufría la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), delito que generó pérdidas de hasta los 3 mil 400 millones de dólares tan solo en 2018.
"Se está atacando el robo in fraganti en los ductos" con vigilancia, pero "falta perseguir y cerrar el ciclo del comercio ilegal de gasolina y utilizar trazadores químicos para saber dónde se vende combustible robado", explicó en entrevista a Efe Raymundo Sánchez, especialista en temas de hidrocarburos de la consultoría de estrategia AT Kearney México.
Indicó que el robo de combustibles es negocio "en la medida que se pueda comercializar en los circuitos formales".
Así, la venta en depósitos ilícitos ubicados en municipios o a la orilla de la carretera no aportan grandes beneficios.
Acerca de los trazadores o marcadores químicos, tecnología que se usa para "marcar" gasolina y evitar su robo, Sánchez dijo que es una técnica que debe aplicar el Gobierno mexicano para conocer el origen, y el destino, de una gasolina.
Además, señaló que se debe crear una base de datos en la que se expliquen cosas tan básicas como: quién importó gasolina, cuánto se importó y a dónde se envió.
Y no basta solo con congelar cuentas de empresas como sucedió con la firma Hidrosina, empresa vinculada a investigaciones sobre robo de combustibles y que opera unas 200 estaciones en el país.
Sobre el plan de distribución de la gasolina que implementó el Gobierno mexicano por medio de pipas (camiones cisterna), opinó que funciona en una situación de "emergencia" pero no es sostenible a largo plazo porque es costosa y puede provocar accidentes.
A mediados de enero y en plena crisis por el desabastecimiento de combustible, López Obrador anunció la compra de entre 500 y mil nuevas pipas, vehículos que empezarán a llegar a México en los próximos días.
Este plan implica la contratación de 2 mil conductores.
Con la nueva flota de vehículos, el mandatario aseguró que se "aumentará la capacidad de distribución de combustibles con las pipas en un 25 por ciento".
"El modo más seguro y económico para el transporte de hidrocarburos sigue siendo mediante ductos", dijo a Efe el analista Khublai Villafuerte, de la consultora Riskop.
Y señaló que "no es adecuado intentar que toda la distribución de gasolina se lleve a cabo mediante pipas o en tren", porque son susceptibles de ser asaltados.
El especialista opinó que actualmente son las propias comunidades por donde pasan los oleoductos "las que están extrayendo ilegalmente gasolina", completando un círculo vicioso en el que también participa el crimen organizado.
Expuso que en estas comunidades no hay apenas actividad económica, orillando a estas personas a "inmiscuirse en este tipo de actividades" donde participan las bandas criminales.
Además, recordó que el Estado mexicano nunca buscó romper estos vínculos, por lo que los criminales han reforzados y alimentado estas actividad ilícitas con una base social que "legitima" sus acciones.
Un ejemplo de esto ocurrió el pasado 18 de enero cuando un grupo de pobladores del municipio de Tlahuelilpan, en el céntrico estado de Hidalgo, reventó un ducto de hidrocarburo y empezó a sustraer, de una forma muy rudimentaria, la gasolina.
Al cabo de dos horas, y pese a la presencia del Ejército, que poco pudo hacer para controlar a los centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión que ha dejado hasta el momento casi 130 muertos y decenas de heridos.
"El robo de combustible de los ductos es una vulnerabilidad que tiene México, pero la solución no es simplemente pasar de un medio de transporte otro", concluyó Villafuerte.
