Para el gran público, la crisis de seguridad en Ecuador empezó en agosto de 2023, cuando, a 11 días para la celebración de las elecciones presidenciales, Fernando Villavicencio, uno de los candidatos, fue asesinado al término de un mitin. Antes, en un discurso, se había atrevido a confrontar a un mafioso local.

Muchos volvieron a escuchar el nombre del país sudamericano apenas este martes, cuando un comando armado entró al estudio de un plató de televisión y tomó las instalaciones del canal TC en Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador. Los televidentes tardaron varios segundos en darse cuenta que no estaban frente a un performance. Ante ellos, en vivo y a todo color, se transmitía la realidad ecuatoriana. Nunca la televisión latinoamericana había sido tan dura con su público.

Más allá de las noticias que nos llegan a cuentagotas de Ecuador, es importante señalar lo obvio: ese país lleva ya, cuando menos, tres años inmerso en una tremenda crisis de seguridad. Con siete mil quinientos homicidios, el 2023 cerró como el año más violento de su historia reciente. Esa cifra significa 650% asesinatos más que en 2018. Ese ritmo de crecimiento es el más alto del mundo y sobrepasa, por mucho, el de México durante el periodo 2006-2010. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Ecuador, un país relativamente pacífico, a tener una de las tasas de homicidio más altas del mundo?

A continuación, algunas de las características centrales de la crisis:

1) Se trata de una crisis que comienza por el abandono del sistema penitenciario. En Ecuador —de manera análoga a lo que sucede en Brasil o Venezuela— el crimen opera desde la prisión. El abandono de las cárceles fue el germen del problema. En reestablecer el orden está, quizás, parte de la solución.

2) La crisis está asociada a la reconfiguración de Ecuador, y en particular de dos de sus puertos (Guayaquil y Manta) como centros neurálgicos de tráfico de cocaína. Ecuador había sido un lugar secundario en el comercio de drogas global. Hoy, sus puertos, son el corazón del tráfico de cocaína hacia México. Gran parte de los homicidios en el país se explican por las disputas que mantienen diferentes grupos por hacerse del control de las rutas portuarias. Y de la plusvalía.  El caso de Ecuador es el penúltimo ejemplo del fracaso de la prohibición de drogas y la falta de regulación de ese mercado.

3) Como en México, la crisis ecuatoriana está forjada en la incapacidad del aparato de justicia por resolver los delitos más graves. En 2023, solo uno de cada diez homicidios se resolvió. Eso no es solo una cifra, es evidencia de la ausencia de política criminal.

4) Como en México, las armas son el detonante del crimen. El porcentaje de homicidios perpetrados con armas de fuego creció de 53% en 2014 a 88% en 2022. Casi todas son traficadas de manera ilegal desde Estado Unidos. No hay solución posible que no tome en cuenta esta variable. Es un problema regional.

5) Por último, en Ecuador la composición del crimen organizado es diversa y fragmentaria. En el mapa criminal conviven desde organizaciones transnacionales con probada capacidad para la exportación de cocaína a cuatro continentes hasta células dedicadas a obtener rentas extractivas. Para decirlo en una frase: Ecuador no tiene un problema de seguridad, tiene cientos.

¿Qué sigue para Ecuador? Lo que viene es difícil de prever. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes estado de excepción. Es todo menos una decisión extraordinaria: su antecesor lo hizo unas veinte veces durante su mandato. La diferencia, sin embargo, estriba en que, en esta ocasión, Noboa reconoció la existencia de un “conflicto armado interno”. Las consecuencias no son menores. Se declara terroristas a 22 de las organizaciones criminales que el decreto identifica. Esto habilita a las fuerzas de seguridad a “ejecutar operaciones militares” para “neutralizar” a los grupos criminales. Es decir, combatirlos como enemigos de guerra.

En México ya sabemos a dónde lleva esa espiral de violencia. Algo es seguro: nada bueno espera para Ecuador.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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