En México, los políticos que han sido ligados con líderes huachicoleros o que incluso han enfrentado cárcel acusados de dirigir una banda de robo de combustible a Petróleos Mexicanos, están libres y continúan desempeñando sus carreras e incluso escriben libros sobre su permanencia en prisión.
Los escándalos son conocidos y han estado a la vista, pues algunos miembros de la clase política han recibido las llaves de un Cadillac de lujo de manos de estos criminales –como fue el caso de Javier Lozano Alarcón y “El Cachetes”– y otros han tenido entre sus filas como operadores políticos a presuntos responsables de ordeñar a la Empresa Productiva del Estado, como es el caso de Los Valencia y el morenovallismo en Puebla.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Los escándalos de líderes de grupos políticos relacionados con criminales que se dedican al robo de combustible, incluso de alcaldes y miembros de los comités estatales de las fuerzas políticas han sido públicos en México desde que el huachicoleo empezó a crecer a la par de sus carreras.
Hace unos días, en medio de la estrategia del Gobierno federal de combate al robo de combustible, que representa una pérdida para el país de 60 mil millones de pesos anuales, analistas del sector petrolero dijeron a SinEmbargo que el robo a Petróleos Mexicanos (Pemex) financia a grupos políticos y de empresarios, y no sólo se trata de criminales coludidos con trabajadores de la Empresa ^roductiva del Estado.
“Esto es todo un negocio que involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad […]”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice.
Ayer, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, dijo durante la conferencia matutina que su Gobierno está trabajando para desmantelar a toda la red que se dedicaba al robo de los hidrocarburos, anunció que ya hay carpetas de investigación abiertas en contra de presuntos delincuentes de “cuello blanco” y prometió que el lunes próximo dará a conocer mas detalles sobre el progreso de las investigaciones.
Hasta el momento el Presidente no ha dado nombres de los investigados. El martes pasado, durante la conferencia matutina aceptó –ante la pregunta de un reportero– que entre los funcionarios que están en la lista se encuentra Eduardo León Trauwitz, quien fue Jefe de Seguridad del entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto, su Jefe de Escoltas como Gobernador del Estado de México y a quien el ex Presidente promovió como General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencial (EMP) sin tener méritos para serlo, para luego nombrarlo titular de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex, cargo que ocupó hasta el 14 de marzo de 2014 cuando el Consejo de Administración aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) –“con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y valores” de la petrolera–, que le fue entregada al General Brigadier hasta el cierre del sexenio peñista.
El mandatario no ha querido revelar más nombres para evitar violar el debido proceso y dar argumentos a los presuntos responsables que se encuentran bajo investigación de tomar esa información a su favor, pero prometió a los mexicanos que no habrá impunidad en el caso.
“Decirles a los ciudadanos que nos están viendo que no va a haber impunidad. Repetir: cero corrupción, cero impunidad. Nada más que vamos a hacer las cosas con responsabilidad y de conformidad con la Ley con los procedimientos legales, pero se está actuando”, dijo.
El Presidente se refirió a las peticiones que le han hecho para que abra de nuevo los ductos de transporte de los hidrocarburos, bajo el argumento de frenar el desbasto de combustible en algunas regiones por el control que tiene en estos momentos la federación, el Ejército, la Policía Federal y La Marina sobre las instalaciones estratégicas de Pemex.
“Escuché a algunos que decían, no quiero mencionar nombres, que se abrieran los ductos; es decir, ¿vamos a seguir así?, ¿está mejor que se sigan robando 700 pipas diarias, 800 pipas diarias? Pero entonces, tendríamos todos que aceptar la complicidad. Yo no quiero ser cómplice de robos, no he sido cómplice nunca de actos de corrupción y la gente tampoco”, dijo.
Uno de los políticos que han pedido que se reabran ductos y se reactive la refinería de Salamanca es Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, quien el miércoles anunció que como parte de su “plan B” para abastecer a su estado de combustible, importará gasolina de Texas.
Guanajuato ocupa el tercer lugar en huachicoleo en el país, con 1,547 tomas clandestinas detectadas entre enero y octubre de 2018, sólo superado por Puebla e Hidalgo, según los últimos datos publicados por Petróleos Mexicanos.
Y aunque hasta el momento no hay nombres de políticos investigados por robo de combustible a raíz de la estrategia de López Obrador, existen casos públicos y conocidos de personajes de la clase política que han sido líderes en sus partidos a nivel nacional y local que hablan de una relación con miembros de las bandas dedicadas al huachicoleo.
PUEBLA: LOS MORENO VALLE Y LOS VALENCIA
Uno de esos casos es el del finado Rafael Moreno Valle en Puebla, el ex Gobernador que al momento de su muerte gozaba de una fuerte influencia no sólo en su entidad –en donde el llamado morenovallismo se había extendido ya a ocho años y continuaba con el arribo al poder de Martha Erika Alonso Hidalgo, su esposa–, sino al interior del Partido Acción Nacional (PAN).
El huachicoleo en Puebla creció exponencialmente durante el morenovallismo. Según los datos publicados por Pemex, la entidad ocupó el primer lugar durante todo 2018 con mil 815 tomas clandestinas detectadas.
Una de las conexiones entre Moreno Valle y el huachicoleo salió a la luz el 7 de agosto de 2018 cuando fue cateada la casa de Rafael Valencia Ávila, Edil del municipio de Venustiano Carranza, por elementos de la Policía Federal durante un operativo en contra de las bandas de huachicoleros que incluyó a varios domicilios de Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza.
En la casa fue detenida la esposa de Valencia Ávila junto con otras dos personas. En la vivienda del Alcalde la Policía Federal encontró una habitación que era utilizada como un centro de monitoreo de la localidad, así como dos armas cortas, una arma larga, dos vehículos y varios cartuchos de distintos calibres. En otra de las viviendas cateadas se encontró 50 mil litros de hidrocarburo robado.
Fernando Manzanilla Prieto, cuñado de Rafael Moreno Valle, ex Secretario de Gobierno durante su administración y quien fue su coordinador de campaña a la gubernatura de Puebla en 2010, reveló en entrevista con SinEmbargo que los Valencia operaban para el morenovallismo en la región a cambio de ser colocados en puestos relacionados con Salud y Educación.
Manzanilla Prieto, ahora coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, dijo que como coordinador de la Jurisdicción Sanitaria de Huachinango, Puebla, el entonces Gobernador José Antonio Gali Fayad colocó a Jorge Valencia Ávila, hermano del Alcalde de Venustiano Carranza.
Rafael y Jorge Valencia no son los únicos miembros de la familia que participan en política. En el proceso electoral del año pasado Patricia Valencia Ávila, fue postulada para una diputación federal por la coalición “Por México al Frente” entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), la misma alianza que postuló a la gubernatura del estado a Martha Erika Alonso.
“Es obvio que si tú tienes a un hermano, a una hermana como candidata a Diputada federal, y tienes a otro hermano que es designado coordinador de la Jurisdicción Sanitaria del Distrito de Huachinango, no es fortuito porque se trata de actores que están trabajando en el proyecto del morenovallismo”, dijo Fernando Manzanilla.
Y agregó que los Valencia también están a cargo de una de las escuelas tecnológicas de Puebla, “no con un familiar, sino con una gente de ellos”.
La familia Valencia, explicó, inició en la vida política con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde operaron hasta 2015.
“Ellos eran operadores políticos priistas. Otro de los hermanos fue Alcalde en esa época, son tres hermanos y una hermana. Ya para 2016 es público que ellos fueron nominados por el PAN y la coalición que hubo en ese momento. El cambio se dio cuando empezaron a cooptar a varios actores priistas en el estado para que operaran a favor del PAN y el morenovallismo. Empiezan a trabajar para ellos, se da una alianza clara porque designan al hermano candidato del PAN. Después se da la otra candidatura para la hermana por la coalición del PAN”, argumentó.
Manzanilla Prieto aseguró que los Valencia no eran los únicos, pues hay varios personajes ligados a la ordeña de los ductos de Pemex que han sido impulsados por el morenovallismo y postulados como candidatos a puestos de elección.
Incluso Gabriel Biestro Medinilla, quien en ese momento era el presidente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, afirmó que la familia Valencia operó el fraude electoral en los comicios de 2018 que llevó la gubernatura a Alonso Hidalgo.
“Es una verdad que en el estado ya se sabía, el problema de delincuencia organizada que existe en Venustiano Carranza y como se operó ahí y en el norte el fraude electoral, territorialmente en esa parte el fraude. Están saliendo cómo están los nexos con la delincuencia organizada y tenemos que ver hasta qué punto llegan estos lazos del Gobierno estatal”, dijo en entrevista con este diario digital.
Antes de los Valencia, el 23 de agosto de 2017 se dio a conocer que Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, dueño de gasolineras en Puebla y detenido por liderar a huachicoleros, es un simpatizante del ex Gobernador panista Rafael Moreno Valle, de acuerdo con publicaciones suyas en la red social Twitter.
El líder huachicolero creció su imperio en el huachicol con Rafael Moreno Valle.
JAVIER LOZANO ALARCÓN Y “EL CACHETES”
Otro de los políticos que han protagonizado escándalos relacionados con “El Cachetes” es Javier Lozano Alarcón.
En septiembre de 2017 se publicó una fotografía en la que Lozano asiste a una fiesta con el líder huachicolero y después se dio a conocer, a través de otra foto, que en 2012 “El Cachetes” donó o dio en comodato, junto con otros empresarios gasolineros, una camioneta Cadillac al entonces Diputado Lozano Alarcón valuada en un millón de pesos para que la utilizara en su campaña al Senado de la República. En esa ocasión también estuvo Sergio Moreno Valle, primo del finado Rafael Moreno Valle.
Lozano Alarcón dijo en septiembre a SinEmbargo: “No fue donación (fue comodato) y no fue Othón Muñoz. Favor de precisar”. Luego, en una conferencia de prensa, Lozano aceptó que él y otros miembros de la clase política, comieron con “El Cachetes” en el fraccionamiento El Cristo en Atlixco y aseguró que fue Sergio Moreno Valle quien se le presentó al líder huachicolero.
Pero Moreno Valle negó presentarle al huachicolero a Lozano.
Periódico Central publicó que en la imagen de la entrega de las llaves de la Camioneta Cadillac, aparece además el empresario Manuel Veana, quien en 2010 participó en el Comité de Financiamiento de la campaña del priista Javier López Zavala; el empresario Manolo Torres, dueño de un lote de compra-venta de autos de lujo en la capital; Ángel López, constructor en Veracruz y supuesto socio de “El Cachetes”, de acuerdo con las averiguaciones; el Diputado Moreno Valle.
También posan Leodegario Pozos Vergara, alías “El Tigre”, aspirante a Gobernador de Puebla como candidato ciudadano en 2016 y empresario gasolinero en Libres; Ludivino Mora Tejeda, ex Secretario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Puebla y ex Director de la Policía Auxiliar en la administración de Rafael Moreno Valle.
“JAVIER RODRÍGUEZ ES MI AMIGO”
Uno de los casos que sobresalieron durante los últimos años es el de Querétaro. Javier Rodríguez Borgio, un empresario queretano gasolinero, dueño de la red de casinos Big Bola y de un terreno en donde las autoridades federales incautaron pipas con combustible robado y que cuenta con una indagatoria abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) por una supuesta compra de combustible robado a Pemex, financió la campaña al Senado de Francisco Domínguez Servién, quien hoy es Gobernador de la entidad.
“Yo siempre he dicho que Javier Rodríguez Borgio es mi amigo y yo a mis amigos no los niego… me ha aportado y me aportó recursos como amigo, entre muchos amigos que lo hicieron”, dijo el entonces Senador en 2014 de acuerdo con Quadratín Querétaro.
El empresario queretano que financió campañas a Domínguez Servién también le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) casi 600 millones de pesos de sus casinos Big Bola, de acuerdo con una publicación del diario Reforma el 21 agosto de 2018.
Aunque Querétaro no ocupa los primeros lugares en tomas clandestinas, de acuerdo con Pemex entre enero-octubre de 2018 fueron detectadas 275.
TAMAULIPAS: PERREDISTAS LIGADOS AL HUACHICOL
En Tamaulipas, entidad que ocupa el séptimo lugar en el huachicoleo con 1,084 tomas clandestinas detectadas por Pemex entre enero-octubre de 2018, también hay políticos han protagonizado escándalos relacionados con el robo a la Nación.
Aunque ya están libres y declarados inocentes, el 31 de marzo de 2009 fueron detenidos Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Raúl Zertuche González, ex líder de la corriente Nueva Izquierda o “Los Chuchos”, por sus presuntos vínculos con una banda que se dedicaba al robo de gasolina para traficarla a Estados Unidos.
Los supuestos huachicoleros robaban el hidrocarburo a la Cuenca de Burgos y lo transportaban al país anglosajón a través de pipas. A los detenidos la Policía Federal les aseguró 149 cuentas bancarias y, de acuerdo con la PGR, la banda de huachicoleros generó una pérdida a Pemex de 46 millones de dólares durante 2007 y 2008.
Ambos salieron libres el 3 de enero de 2015, exonerados por falta de pruebas.
Miguel Ángel Almaraz –quien fue acusado de encabezar a la banda– escribió el libro “El Cártel del Atlántico” tras su liberación y continúa en la política. En 2018 se lanzó como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, pero perdió en las urnas.
