Al menos 17 organizaciones de la sociedad civil y expertos de las Nacionales Unidas (ONU) se han pronunciado abiertamente contra los cambios constitucionales para extender el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Calificaron dichas reformas como “regresivas en términos del derecho internacional de los derechos humanos”.
Los especialistas afirman que los cambios podrían agravar el problema de sobrepoblación en los penales, aumentar las violaciones de derechos humanos –especialmente contra mujeres y personas indígenas bajo proceso–, así como extender los riesgos que dan lugar a la práctica generalizada de tortura.
Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– Juana Gabriela Reyes del Valle no entendía dónde estaba, ni por qué estaba encarcelada, sólo sabía que estaba encerrada y que las mujeres en ese lugar la agredían; quizá se trataba de un castigo de su mamá, pensaba ella. “Juanita”, como le dicen de cariño, es una joven con discapacidad intelectual que fue recluida oficiosamente en un penal de Saltillo, Coahuila, tras ser acusada de una presunta sustracción de menor que asegura no cometió.
El pasado 28 de agosto, en un mercado de “fayuca” ubicado en la avenida Bromo, en la Ciudad de Torreón, Coahuila, Juanita fue detenida cuando una mujer la acusó de haberle arrebatado a su bebé, correr e intentar meterse a un vehículo para supuestamente robar al infante.
Gabriela del Valle, madre de la joven, dice en entrevista con SinEmbargo que la joven todos los martes iba al mercado cerca de la casa. Ese día ella salió y se acercó con una señora que vendía en el lugar. La mujer tenía a su bebé al lado. “Juanita me dijo que el niño andaba necio y que la señora le pidió “cuidarlo”, entonces ella lo cargó –porque le gustan mucho los niños–, pero al momento de tomarlo la mujer empezó a gritar que le querían robar a su niño”, explica.
La entrevista narra que dos personas se acercaron y golpearon a Juanita: la cachetearon y le jalaron el cabello. Posteriormente llegó una patrulla y arguyeron que pretendía robarse al bebé. Juanita gritó que no quería robar nada, pero no le hicieron caso, abunda Gabriela.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Saltillo trasladaron a la joven a la agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana de Detenidos acusada del delito de Sustracción u Ocultamiento de Personas Menores de Edad o Incapaces.
La audiencia de formulación de imputación fue encabezada por la Jueza de Control, Karla Mayela Bustos Rodríguez, quien determinó imponerle medida cautelar de prisión preventiva, ordenando su traslado al Centro Femenil de Saltillo, pese a que la defensa solicitó una medida alterna desde el inicio.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la prisión preventiva se puede imponer, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la presentación de la persona imputada al juicio. La defensa de Juanita presentó elementos para una medida cautelar alterna; pero la Jueza determinó la privación de la libertad en una prisión.
El artículo 19 del mismo ordenamiento reconoce el derecho al respeto de la libertad personal y determina que la prisión preventiva será de carácter excepcional.
“La imposición de dicha medida resultó desproporcionada dado que Juanita cumplía los requisitos para no estar privada de su libertad y su situación no configuraba ningún riesgo de fuga: tiene residencia habitual en compañía de su familia, quien representa un apoyo fundamental y quien está comprometida a dar continuidad al proceso”, expuso Ricardo Pérez López, abogado de Documenta, organización civil que acompaña el caso de la joven.
Juanita no entendía de qué se le acusaba, tampoco sabía en qué lugar estaba internada, ni comprendía el motivo, coinciden Gabriela del Valle y Ricardo López Pérez. La joven tiene 20 años de edad, pero debido a su discapacidad, su mentalidad es como un niño de cinco a siete años de edad.
“Yo le preguntaba por qué estaba ahí y ella me contestaba que no sabía. Ella no sabía ni dónde estaba, no comprendía: creía que yo la tenía castigada”, dice Gabriela.
La defensa solicitó en reiteradas ocasiones el cambio de medida cautelar, pero las autoridades judiciales se resistían, abunda la mamá de la joven.
Juana Gabriela duró casi cuatro meses en prisión.
Finalmente, la Jueza modificó la medida cautelar y la joven fue liberada el pasado 19 de diciembre, después de que diversas organizaciones civiles, entre ellas Documenta, se pronunciaron e iniciaron en una campaña en redes sociales denunciando las violaciones al debido proceso.
El caso de Juanita es un ejemplo que la imposición de prisión preventiva– en los delitos que lo permiten como medida cautelar– es la regla y no la excepción, pese a que la Ley señala lo contrario. Por ese motivo diversas organizaciones civiles rechazan los recientes cambios en la Constitución en materia de prisión oficiosa.
El 74.01 por ciento del total de la población penitenciaria –es decir, alrededor de alrededor de 155 mil 874 internos– son personas que aún no tienen un juicio, de acuerdo a datos presentados por el Observatorio en Prisiones, realizado por Documenta.
LA PRISIÓN OFICIOSA
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México privilegia en teoría el derecho a la libertad de las personas que cometen un delito. Sin embargo, la Constitución permite la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar cuando se trata de ciertos delitos, principalmente los catalogados como graves, para garantizar que la persona acusada no se de a la fuga durante del proceso penal, o bien cuando se acredite la existencia de riesgo para las víctimas o sociedad. También existen delitos donde no es necesaria la privación de la libertad y se deben de aplicar otro tipo de medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales
Los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son homicidio doloso, espionaje, sabotaje, terrorismo, secuestro, trata de personas, delitos contra la salud, tráfico de menores, y corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.
No obstante, el pasado 20 de noviembre, el Senado aprobó –en comisiones– el decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución con el fin de ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Con las modificaciones propuestas, se agregaron los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por medios particulares, delitos en materia de hidrocarburos y hechos de corrupción.
POPULISMO PENAL: ORGANIZACIONES
Al menos 17 organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado abiertamente contra la citada reforma calificándola de “regresiva en términos del derecho internacional de los derechos humanos”. Afirman que los cambios podrían agravar el problema de sobrepoblación en los penales, aumentar las violaciones de derechos humanos, especialmente contra mujeres y personas indígenas bajo proceso, así como extender los riesgos que dan lugar a la práctica generalizada de tortura.
“A diferencia de lo que han señalado algunos políticos, no es verdad que todos los delitos se traten de la misma forma. Lo propuesto es una regresión: encarcelar a las personas de manera automática es un atentado contra los derechos humanos”, dijo María Elena Morera Mitre, presidenta de la organización Causa en Común, en una conferencia de prensa a inicios de diciembre pasado.
La activista y líder de opinión calificó la reforma constitucional como una medida farsa. “Es populismo legislativo que viola los derechos y las garantías de la presunción de inocencia del debido proceso y la libertad y la igualdad”, agregó.
En un posicionamiento dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones Instituto de Justicia Procesal Penal, Centro Nacional de Comunicación Social, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, México Evalúa, Legalidad por México, Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Borde Jurídico, Laboratorio de Innovación para la Paz, Documenta, Análisis y acción para la justicia social, Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra y Reinserta piden que dicho organismo internacional exprese al Estado mexicano su preocupación por las iniciativas sobre prisión preventiva antes citadas.
“Las iniciativas implican el resurgimiento del discurso de ‘mano dura’ que pugna por la reducción de los derechos como única vía para lograr seguridad. También potencia la arbitrariedad en el uso del poder punitivo del Estado y refuerza la lógica de excepción que subyace en la Constitución, al generar un sistema de tratamiento diferenciado restrictivo de los derechos básicos en una sociedad democrática”, sostienen las organizaciones en su pronunciamiento.
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de la organización Renace ABP, ha señalado en algunos foros que es “imprudente y precipitado” por parte de Gobierno y de los legisladores, buscar cambios normativos sin tener los datos duros e información generada por el sistema penal y proyectos que expertos y la sociedad civil ha desarrollado en los diferentes estados.
“Generalmente en el sistema de justicia, las personas que están en la cárcel son personas pobres, de 18 a 35 años. Cuando hablamos de llenar las cárceles y hacen cambios los legisladores, ¿en qué cárceles los van a meter si el sistema penitenciario es disfuncional y está podrido hasta más no decir?”, sostuvo Sánchez Bocanegra el 5 de diciembre.
El 37 por ciento de las personas en cárceles son por prisión preventiva por delitos del fuego federal, muestra el informe “Hallazgos 2016: Seguimiento y Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal en México”, realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC).
En México hay al menos 356 cárceles, entre federales, estatales y municipales, de acuerdo con datos de Word Prision Brieg (WPB).
El nivel de ocupación sobrepasa su capacidad: la tasa de población penitenciaria es de 110 por ciento en todo el país, de acuerdo con el último Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.
ALERTA DE LA ONU
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron desde el 12 de diciembre al nuevo Gobierno de México en relación a la extensión de delitos para prisión preventiva oficiosa.
A través del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la ONU lanzó un llamado desde Ginebra al Congreso de México en donde instaba a evitar la reforma pues sostiene que la prisión preventiva oficiosa viola principalmente la presunción de inocencia.
“Bajo la normativa actual, las personas son encarceladas sólo por ser acusadas de ciertos delitos. En claro desacato del derecho internacional de los humanos, los acusados no gozan del derecho a la presunción de inocencia, ni de la posibilidad de cuestionar judicialmente la detención preventiva”, se lee en un comunicado emitido.
Además, destacaron los expertos de la ONU, la reforma expondrá más personas a situaciones de detención arbitraria”.
“Para que la prisión preventiva sea una excepción, esta no puede ser automática[…] tal excepcionalidad requiere de un análisis individual, caso por caso, para determinar si es necesario y proporcional recurrir a la privación de la libertad personal.”
En enero de 2018, el Grupo de Trabajo invitó al Gobierno a derogar las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva automática, por considerar que son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“El Grupo de Trabajo es consciente de los serios desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, insta al Congreso de la Unión para que no extienda la prisión preventiva automática, sino que elimine dicha figura de la Constitución y de las leyes”, abunda.
El Alto Comisionado en la Oficina de la ONU en México, Jan Jarab, explicó en un columna en el diario La Jornada que la preocupación expresada no es por la prisión preventiva como tal, sino por su carácter “oficioso” y por la ampliación de la lista de delitos que permitirían su aplicación.
“¿Por qué? Porque oficiosa significa ‘obligatoria’, ‘automática’, ‘mecánica’. Implica que la prisión preventiva es la regla y no la excepción, como debería ser. Significa que no es el órgano judicial quien decide si una persona (que pudiera ser usted) pasa el tiempo esperando su sentencia en la cárcel, sino el Ministerio Público”, detalló.
Añadió que la prisión preventiva oficiosa “tiene impactos reales, porque resulta en el encarcelamiento de personas que no deberían ser privadas de su libertad, ni desde la perspectiva de la protección de sus derechos, ni tampoco desde la perspectiva de la protección de la sociedad. [… ] Además, adormece las capacidades de investigación criminal. Su uso brinda una “apariencia de eficacia” en la persecución de los delitos, aunque en realidad esconde las falencias de los órganos encargados de la persecución de los mismos”.
Jarab destacó que la reforma no sólo agravará la violación de derechos humanos, sino que “abriría una grieta que pudiera marcar el inicio de un caudal de propuestas regresivas al sistema procesal penal”.
PROCESO DE JUANITA
“Juanita fue tratada, desde su detención y en todo momento, como culpable. ¿Qué no se supone que debe de presumirse inocente hasta demostrar lo contrario?”, cuestiona Gabriela del Valle, madre de la joven acusada de presunto intento de sustracción de menores.
Desde el arresto, la familia solicitó el cambio de medida cautelar de arraigo en su casa para lo cual empeñaron su compromiso a que la joven se presentara en todo el proceso; pero al principio se los negaron.
Gabriela del Valle plática que lograr un cambio de medida cautelar fue muy difícil porque había renuencia, pues las autoridades no aceptaron los primeros peritajes que mostraban su discapacidad. También rechazaron algunos testigos que sostienen que Juanita es inocente.
Las autoridades proponían como opción de medida alterna, recuerda Gabriela, que Juanita fuera recluida en un hospital o un lugar de internamiento.
“Querían buscar una institución. Pero, ¿por qué iba irse mi hija a una institución, a un psiquiátrico. Ella no está loca. Mi hija no necesita medicamento, ella tiene una discapacidad para entender las cosas”, dice Gabriela.
Diana Sheinbaum, de Documenta, dice en entrevista con SinEmbargo que el caso de Juanita es representativo de muchos más en su tipo.
La activista explicó que cuando una persona con discapacidad se enfrenta al proceso penal, el sistema de justicia tiene la obligación, derivada del Código Nacional de procedimientos penales, de implementar ajustes que aseguren que esa persona esté en condiciones de igualdad.
“Lo que vemos en el caso de Juanita es que ella no tuvo ningún ajuste. Es una violación a los derechos al debido proceso e igualdad procesal. Nos parece que en el caso de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, muchas veces imponen unas medidas cautelares desproporcionadas, basadas en esta noción de que las personas con discapacidad están mejor en instituciones y en este caso, en una institución que es un centro penitenciario, que no cuenta con apoyos para que Juanita no estuviera en condición de vulnerabilidad porque la pusieron en población en general”, expuso.
Gabriela del Valle, la madre, considera que finalmente lograron que Juanita lleve el juicio en casa debido al apoyo de organizaciones civiles, así como la presión cuando se denunció que se violaba su debido proceso penal.
