Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil denunciaron una complicidad entre el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, con el Grupo México, luego de la tardía respuesta de las autoridades para contener el ecocidio por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora, hace más de 10 días.
Los organismos civiles afirmaron que la declaración de Padrés Elías, militante del Partido Acción Nacional (PAN), sobre que confiaba en la buena voluntad de Grupo México para resarcir los daños, se traduce en una exoneración anticipada.
Pero, además, previeron que las multas que se impondrán a Grupo México serían insuficientes para subsanar los daños ocasionados por la fuga del químico.
“Hasta el momento las autoridades han mostrado una complicidad con Grupo México, dueño de la planta minera que ha causado la contaminación de la Cuenca. Situación que no es nueva pues los habitantes de la región conocen al menos otras cinco veces más en las que las presas de jales han tenido fugas, siendo esta la más grave por la cantidad de químicos vertidos en el agua. En todas ellas la empresa minera ha ocultado información y no ha hecho planes de remedición de los daños”, sostuvieron en un comunicado.
“Me parece lamentable porque es el Gobernador de casi tres millones de sonorenses y a los sonorenses no les ayuda la condescendencia, ni la complicidad con Grupo México”, coincidió con los activistas el Diputado Alfonso Durazo Montaño, del Movimiento Ciudadano (MC).
El resultado del derrame de ácido sulfúrico ha sido la contaminación de los ríos Bacuachi y Sonora, ambos pertenecientes a la cuenca del Río Sonora, que ha afectado de forma directa a 22 mil personas que viven en siete municipios aledaños a los ríos, pero que ha dañado de forma indirecta a todo el estado, ya que hay afectaciones en la ganadería, agricultura, y lo más importante, en la salud de las personas.
Dada la gravedad de los daños ocasionados por el químico en el Río Sonora, legisladores y activistas coincidieron en que no basta la aplicación de multas para sentar un precedente ejemplar por reparación de daños ambientales, a fin de que ésta y otras empresas mineras prevengan este tipo de accidentes, que ha llegado a tener tintes de ser un ecocidio.
“Hacemos un llamado para que este desastre ecológico, el mayor ocurrido en el estado de Sonora, no quede como una simple multa económica a la empresa responsable, misma que no alcanza para remediar el daño causado”, sostuvieron las organizaciones Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
“Exigimos que las autoridades responsables, la empresa culpable cumpla con ciertas demandas básicas para poder restaurar el daño causado en los ecosistemas de la Cuenca, la salud de las comunidades humanas y la economía de la región”, aseveraron las organizaciones.
Su preocupación tiene sustento, Grupo México –la tercera productora de cobre a nivel mundial y uno de los consorcios más fuertes en el país– ha sido calificado por diversas organizaciones de la sociedad civil como una “empresa socialmente irresponsable”, baste recordar su actuación tras la tragedia de la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, donde perdieron la vida 65 trabajadores.
MÉXICO, PARAÍSO PARA CONTAMINAR: GREENPEACE
Greenpeace México expresó su preocupación por los constantes “accidentes” que tienen diversas empresas de la industria minera en el país, pero sobre todo por la impunidad que evita que los responsables sean sancionados.
Peor aún que la impunidad, expresó Sinaí Guevara, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace, es que a pesar de los reiterados caso, las autoridades se niegan a legislar al respecto, a fin de prevenir futuros daños ecológicos y a la salud de los mexicanos.
“Estamos bastante alarmados porque siguen ocurriendo este tipo de desastres, pero sobre todo por la impunidad con que siguen ocurriendo. Impunidad no es solamente que no haya castigos o que no se persiga a algunas sino a un tema más general que abarca el que no se actualicen las leyes en México, no asegurar que estos casos no se repitan”, aseveró la activista en entrevista para SinEmbargo.
Sostuvo que en México es nula la legislación preventiva, más inquietante aún es que no existen medidas de contingencia en caso de accidentes y existe una sistemática colusión entre empresa y autoridades que impiden la sanción a los respónsables y la reparación real de los daños.
“México es un paraíso para contaminar. En México se puede contaminar libremente y realmente no hay consecuencias para los responsables. Y con responsables no me refiero solamente a las empresas, sino también el gobierno”, lamentó.
La impunidad se ve agravada por el hecho de que la legislación no está encaminada a prevenir ni a sancionar, sino a “tapar” los “accidentes”.
“Ese es el problema. Las leyes en México no obligan a evitar el riesgo, las leyes en México se dedican a castigar y perseguir a quienes cometen un delito”, dijo.
“En realidad no son castigos, son pagos de derecho por contaminar, porque en esta lógica de apoyar el desarrollo económico se trata de dañar en lo menos posible los intereses económicos empresariales y de privados. Por lo tanto las multas se hacen a la medida, o sea una multa que pueda ser pagable por la empresa sin que se afecte su patrimonio”, recalcó Sinaí Guevara, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace.
Por su parte, la Senadora del Partido del Trabajo (PT), la sonorense Ana Gabriel Guevara, propuso que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión Nacional del Agua para que ponga a disposición pública las muestras y análisis del agua practicadas, para seguridad de la ciudadanía que exige tener la confianza total para beber y hacer uso del líquido de estos ríos.
“La contaminación es grave, y los metales que se han vertido sobre el río no son de fácil limpieza. Por eso pediría que se lleve a cabo la toma de muestras y análisis que pongan a discusión los organismos no gubernamentales para hacerlos públicos y que se informe a las poblaciones afectadas”, indicó la legisladora nacida en Nogales.
Finalmente, las organizaciones Movimiento Mexicana de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y Red Mexicana de Afectados por la Minería, demandaron al gobierno estatal:
- Saneamiento de la Cuenca para que el agua pueda volver a utilizarse en todas las actividades tanto humanas como ecosistemicas;
- Remediación y reparación de los daños ambientales, de salud y socio-económicos ocasionados por esta fuga de contaminantes;
- Monitoreo mensual hecho por Centros de Investigación serios, basados en la mejor ciencia por el menos cinco años para la detección de metales pesados y otros contaminantes;
- Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo;
- Total transparencia y acceso público a las acciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades y de la empresa; y
- El cierre inmediato de la planta minera Buenavista por falta de responsabilidad.
A más de 10 días de que ocurriera el accidente ambiental más grave en la historia de Sonora, sólo existe la promesa de palabra de la empresa Grupo México para resarcir los daños, ya que hasta el momento, su plan de atención al ecocidio sólo ha atinado a llevar agua potable en pipas y garrafones a algunas comunidades afectadas.
PETICIÓN PARTIDISTA
Diputados, senadores y activistas medioambientales demandaron que minera Grupo México repare el daño ocasionado y no sólo con una multa simbólica que le permita seguir contaminando en distintas partes del país.
Minutos después de que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, liderada por el sonorense Manlio Fabio Beltrones, presentara un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Economía (SE) retirar la concesión a Grupo México hasta que termine la investigación sobre el desastre ecológico, se sumaron a la condena legisladores de distintos partidos políticos.
“No podemos permitir que ninguna empresa pretenda eludir su responsabilidad. Todas las autoridades nadaron de a muertito, esperando que llegara alguna otra tragedia en el país que llamara la atención de la ciudadanía y olvidara el costo a la salud de 22 mil habitantes”, aseveró en entrevista para SinEmbargo, el también sonorense Alfonso Durazo Montaño, Diputado por Movimiento Ciudadano (MC).
El PRI se pronunció porque el caso no quede en una simple multa. Mediante un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, los priistas pidieron a la Secretaría de Economía que ordene la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México.
“No podemos permitir que una empresa como Grupo México, que cuenta con un amplio historial que abarca desde la tragedia de Pasta de Conchos, hasta denuncias en otros países por sobornos y devastación del medio ambiente, continúe operado con toda la libertad e impunidad”, dijo el Diputado priista, Fidel Pacheco Rodríguez, uno de los legisladores incondicionales de Manlio Fabio Beltrones.
Y es que las deudas de Grupo México con la sociedad no están sólo en el pasado, en meses recientes pobladores locales habían advertido irregularidades y denunciado cinco derrames de químicos al Río por parte de la mina de Cananea, aunque ninguno había tenido tintes tan dramáticos como los 40 mil litros de ácido sulfúrico vertidos en esta ocasión.
“Grupo México es un histórico dañador del medio ambiente. Hace un año yo presenté un punto de acuerdo a petición de los vecinos de Cananea, señalando que ya se registraban filtraciones en los muros de contención de todos estos productos o desechos de la mina. Lamentablemente aquí este pleno decidió reducirlo a una anodina solicitud de un informe”, lamentó el Diputado Alfonso Durazo.
“Personalmente creo que Grupo México hace mucho tiempo que rompió los límites, por lo que es tiempo de reponerlos”, recalcó el legislador de Movimiento Ciudadano.
