Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El gobierno de Puebla, que preside Rafael Moreno Valle Rosas, dejó bajo reserva por siete años toda la información del desalojo del 9 de julio pasado que implementaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y que dejó a nueve ciudadanos heridos de gravedad y al menor José Luis Tehuatlie Tamayo con impactos en la cabeza que, 10 días después, le costaron la vida.
De acuerdo con información de Un1ón Puebla, y de diarios locales, la administración morenovallista calificó como reservada la información sobre cuántos uniformados acudieron a controlar la manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, en un tramo de la carretera Puebla-Atlixco, así como el nombre del funcionario que estuvo al frente del operativo.
Además, el gobierno de Moreno Valle Rosas rechazó informar sobre la cantidad y tipo de armas que llevaron los oficiales y las características de los proyectiles que se usaron para disolver el bloqueo carretero.
El sitió referido realizó cuatro solicitudes de acceso a la información directamente a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla sobre la estrategia y otros detalles del operativo en la comunidad de Chalchihuapan.
Sin embargo, la dependencia a cargo de Facundo Rosas Rosas respondió que los datos no podían ser entregados y se mantendrán bajo reserva durante siete años, debido a que proporcionarla ocasionaría “un daño a la función de la seguridad pública”.
Rosas Rosas fue funcionario de la Policía Federal en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y señalado como el operador del fallido desalojo de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre del 2012, que dejó como saldo la muerte de dos estudiantes, por disparos de arma de fuego.
DAN DATOS INCOMPLETOS A CNDH
Tanto Facundo Rosas como el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Puebla, Víctor Carrancá Burget, comparecieron en los primeros días de agosto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que investiga el caso de San Bernardino Chalchihuapan.
Ambos funcionarios, según informó a la prensa el Ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, entregaron información parcial en sus declaraciones y prometieron reportar todos los detalles por escrito en los siguientes días.
Hasta el momento, no se sabe si esa información cedida a los investigadores de la CNDH contiene realmente las exigencias del organismo que, a decir del propio Plascencia Villanueva, se centraban en el reporte de cuántos elementos policiacos intervinieron en el desalojo, el tipo de armas que usaron, quién encabezó el operativo y, además, quién dio la orden para disolver con el uso de la fuerza la manifestación.
TAMPOCO CREEN EN LA CNDH
La negativa del gobierno de Rafael Moreno Valle para entregar detalles del caso Chalchihuapan y congelarla por siete años se da justo el día en que Darío Ramírez, director en México de la organización internacional Artículo 19, calificó como “una vergüenza, descaro y cinismo” la actuación de Raúl Plascencia Villanueva y, en especial, sus ligas con el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al avalar la controvertida “Ley Bala” en esa entidad.
De acuerdo con el defensor de la libertad de expresión y los derechos humanos, el Ombudsman nacional ha inaugurado un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su propio nombre; el salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla lleva también su nombre, gracias a su cercanía con Moreno Valle.
“La CNDH está secuestrada por un grupo de personas incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Es, claramente, el ‘Ombudsman Bala’. Refleja la práctica a través de una acción. Fue él quien avaló la ley del ‘Gobernador Bala’, Moreno Valle”, planteó Ramírez.
