Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- En el largo plazo, quien pagará las jubilaciones de al menos 80 mil pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) será toda la ciudadanía a través de nuevos impuestos o altas comisiones a los nuevos jugadores que entren al sector, pero también podría fondearse a través de recortes a programas prioritarios como infraestructura y educación, entre otros, advirtieron consultores privados.
“Sí existe el riesgo de que el gobierno federal no tenga dinero para absorber pasivos y ¿de dónde puede venir? De Pemex, de los nuevos operadores petroleros a partir de un incremento en las nuevas operaciones o la creación de nuevos impuestos, por lo menos este incremento en las obligaciones del Estado no queda muy claro cómo se va a cubrir”, consideró Luis Miguel Labardini Marcos, del despacho Labardini y Asociados.
De acuerdo con un cálculo de Credit Suisse, cubrir todas las pensiones de Pemex le costará al gobierno mexicano aproximadamente 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el equivalente a 1.5 billones de pesos, mientras que cubrir los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alcanzaría el 3 por ciento del PIB, es decir 500 mil millones de pesos.
Cifras incluidas en sus informes anuales y en informes de gobierno, refieren que la deuda de Pemex por el costo de pensiones, jubilaciones y otros beneficios del sindicato creció 3.36 veces entre 2004 en el primer semestre de 2014, al pasar de 342 mil 270 millones de pesos a 1.15 billones de pesos.
Datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), destacan que hasta 2012, Pemex tenía 95 mil 617 pensionados, que recibían, en promedio un pago de 15 mil 700 pesos al mes. En 2013, Pemex destinó cerca de 13 por ciento de su gasto sólo al pago de esas obligaciones.
Tanto Migue Labardini como Arturo Carranza, de Solana Consultores, coincidieron en señalar que el pago de los pensionados actuales, al menos los que se jubilarán con el actual Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que vence en 2015, tienen la pensión garantizada, pero sí se abre un problema a futuro si desde ahorita no quedan claras las reglas bajo las cuales se manejaran las pensiones, tanto para garantizar que el convertir los pasivos en deuda no haya sido una acción para “tapar un hoyo” y abrir otro, como para que al retirarse los empleados puedan tener acceso a ingresos dignos, sin excesos, y de manera transparente.
“Lo que debe salir de Pemex es garantizar la operación de toda la empresa en su futuro, ya hay un marco legislativo para generar las condiciones para que la administración de Pemex logre un acuerdo que permita la operación en el largo plazo. Los nuevos esquemas están mandatando a lograr un acuerdo en un año y realmente creo que es importante este sentido de afrontar la apertura con las mejores condiciones y sí hay una urgencia porque en un año tiene que haber cambios para que se logre garantizar todo esto”, dijo Arturo Carranza.
LAS PRESTACIONES
De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2013-2015, los trabajadores de Pemex tienen derecho a una pensión de jubilación por incapacidad derivada de riesgos de trabajo, cuyo porcentaje varía en función del grado de la incapacidad y los años de servicio. También tienen derecho a una prima de antigüedad por servicios prestados de 20 días de salario ordinario por cada año de trabajo.
A lo anterior se suma el derecho a que el importe de su pensión crezca anualmente con el mismo porcentaje que se otorgue a los empleados en las revisiones contractuales y salariales.
Entre los beneficios que reciben los jubilados destacan además la atención médica para él y sus derechohabientes, el descuento del 50 por ciento al adquirir gasolina Magna y aceite lubricante, el reembolso mensual del 100 por ciento del importe de 135 kilogramos de gas doméstico y 2 mil 943 pesos mensuales para la compra de canasta básica de alimentos.
También gozan del derecho a préstamos por el equivalente hasta de 90 días del importe de su pensión jubilatoria y aguinaldo anual.
Si fallece el pensionado, los gastos funerarios que reciban sus familiares no podrán ser inferiores a los 22 mil 813 pesos. Los beneficiarios designados por el jubilado recibirán un seguro de vida por 59 mil 111 pesos; la viuda o pareja que haya vivido con el jubilado fallecido recibirá los beneficios de los descuentos en gasolina y aceite lubricante y el apoyo a la canasta básica.
El jubilado también tiene derecho a recibir una aportación financiera de 119 mil 352 pesos dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, por los intereses o gastos que se pudieran haber generado en operaciones para la compra, construcción o ampliación de casa-habitación, así como la reparación o mejoras de vivienda con recursos propios.
A juicio de los consultores, el gobierno no va a poder seguir soportando un esquema similar de prestaciones, por lo cual, para evitar que nuevamente se acumulen pasivos millonarios y que sea necesario implementar un nuevo saneamiento, pero ahora, para el gobierno federal, es necesario renegociar el sindicato las condiciones de las jubilaciones para que no tengan un impacto tan alto en el monto de los pasivos.
FIN A LAS PENSIONES DE PRIVILEGIO
“Todo esto fue lo que precisamente generó todo ese pasivo”, aseguró Alejandro Turner Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC).
Destacó que en el nuevo esquema de jubilaciones que establezca Pemex habrá una generación de transición que serán quienes se contraten desde hoy y hasta el 2015 cuando se tenga que renegociar el CCT.
En el nuevo esquema, expresó, debe quedar claro cuánto va a aportar el trabajador y cuánto va a aportar Pemex. Es necesario, aseguró, que se sujete al mismo esquema de todos los mexicanos y que no existan “pensiones de privilegio” que generen nuevos pasivos al Estado.
Destacó que no sólo es el ejemplo de Pemex sino también el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE) en los que el gobierno federal tuvo que entrar al rescate de su sistema de pensiones, lo cual muestra la necesidad de crear nuevas instancias que se encarguen de regular y vigilar estos esquemas en el sector público y que también, cada decisión que se tome en este sentido, sea autorizada por el Congreso.
“Una opción sería crear la figura de un ombudsman que opine y tenga una vinculación directa para opinar y que pueda pedir cuentas en el sentido de si se va a dar el beneficio, de dónde va a venir el recurso”, sugirió.
Señaló que el pago del pasivo laboral de Pemex ya vendrá incluido en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2015 del gobierno federal, que llegará al Legislativo el 8 de septiembre y ahí nos podremos dar cuenta si implica un problema para las finanzas públicas.
Destacó que si bien es cierto que, a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) han existido fondos supuestamente para solventar las pensiones, como el llamado Fondo Laboral de Pemex (Folape), creado en 1997, pero que hasta ahora se desconoce dónde está el dinero.
En este sentido, expresó la necesidad de intervenir el STPRM aunque en México existe la autonomía sindical, pues a igual que se hizo con el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, se puede argumentar una causa de utilidad pública.
“Lo de Luz y Fuerza se hizo por beneficio de la Nación, y en el caso de Pemex, el sindicato debe estar en una posición de apertura y ellos lo saben, de lo contrario, va a comprometer las finanzas de Pemex y del Estado durante muchas años”.
Uno de los candados que sometió para lograr una mayor trasparencia en el manejo de recursos de jubilados y trabajadores de la todavía paraestatal es fortalecer los mecanismos de transparencia de Petróleos Mexicanos e incluso que cotice en bolsa para que se someta a los estándares mundiales de rendición de cuentas.
