Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– Facundo Rosas Rosas, Secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, comparecerá este día ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México para coadyuvar en la investigación que hace la dependencia sobre el enfrentamiento entre elementos a su cargo y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

No es la primera vez que el organismo nacional autónomo cita a comparecer a Rosas. El 18 de enero de 2012 fue solicitado por la dependencia a cargo de Raúl Plascencia Villanueva para explicar el operativo del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, donde murieron dos normalistas de Ayotzinapa y el encargado de una gasolinera y él era Comisionado General de la Policía Federal.

En esa ocasión Facundo Rosas acudió a la diligencia que duró sólo 35 minutos. Se le presentaron los detalles de la queja interpuesta por los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y se le hicieron una serie de preguntas referentes a la actuación de sus elementos; sin embargo, el funcionario se reservó a responder por escrito el cuestionario.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2012 fue relevado del cargo por órdenes del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y regresó a su asignación de subsecretario de Prevención y Vinculación de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.

La resolución final de la CNDH planteó que el operativo a cargo de Facundo Rosas incurrió en violaciones a los derechos humanos en el fallido desalojo de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó también que promovería el inicio de un procedimiento penal contra el ex Comisionado General de la Policía Federal, Facundo Rosas, y la cadena de mando que participó en los hechos violentos, pero nada pasó.

Ahora se espera que este miércoles declare sobre los hechos ocurridos el 9 de julio en el enfrentamiento en la autopista Puebla-Atlixco, donde un menor de 13 años perdió la vida y, de acuerdo con la propia CNDH, nueve personas civiles resultaron también lesionadas y 40 policías presentaron lesiones, además de que "existe un número indeterminado de personas agraviadas por actos atribuibles a servidores públicos a cargo del ingeniero Rosas Rosas".

Facundo Rosas fue nombrado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el estado de Puebla el 1 de abril de 2013. El Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dijo durante su nombramiento que "es un poblano que tiene la capacidad y experiencia para ocupar dicho cargo, en donde la seguridad es un elemento fundamental para el desarrollo de la entidad".

"En materia de Control de Confianza cuenta con triple certificación por parte de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, así como del gobierno de Estados Unidos", destacó.

Tres días después de tomar posesión como titular de la SSP de Puebla, Rosas explicó, en conferencia de prensa, las líneas de trabajo que seguiría para preservar la seguridad en Puebla que, a su juicio, aún “es una entidad segura, sin embargo no hay que esperar a que se descomponga”.

Los medios locales le dieron el calificativo de "represor". Él sabía que se referían al caso Ayotzinapa y respondió que “es una persona respetuosa de los derechos de las personas” y que el caso de los estudiantes fue uno de los muchos que le han tocado atender, pero siempre ha actuado con sensibilidad y sin dolo.

“Mi convicción es que se debe respetar el derecho a manifestarse y también al libre tránsito de los demás, pero también tengo que garantizar que los demás no se vean afectados en sus derechos. Más que represor vamos aplicar firmemente la ley pero con sensibilidad, siempre discutiendo la solución”, expuso en esa ocasión.

Además del caso Ayotzinapa, Rosas también ha sido señalado de recibir sobornos por parte de capos de la mafia y se le ha ligado con los dramáticos resultados de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Calderón Hinojosa, de la mano de Genaro García Luna, y que dejó más de 80 mil muertos, unos 20 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados.

El 28 de noviembre de 2012, cuando Felipe Calderón aún era Presidente de México y García Luna el Secretario de Seguridad Pública federal, además de que el propio Facundo Rosas desempeñaba un cargo en la SSP, Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, acusó a los tres de recibir dinero de los grupos criminales y de pactar con los capos de los cárteles del narcotráfico.

CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 31 de julio un comunicado donde anunciaba el inicio de una investigación sobre las violaciones graves a los derechos humanos durante el desalojo de habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco por elementos de la Policía Estatal Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, 22 días después de los hechos.

En el documento indica que por instrucción del doctor Raúl Plascenicia Villanueva, la investigación se realizará dado "que la naturaleza de los acontecimientos resultaron de especial gravedad, trascendiendo el interés de la entidad federativa e incidir en la opinión pública nacional, por actos que vulneraron los derechos a la vida, integridad física y seguridad de las personas agraviadas".

El organismo público autónomo ordenó "radicar la investigación, notificar notificar a las autoridades señaladas como presuntamente responsables, solicitar se rindan los informes en términos de ley, y que personal de ésta Comisión Nacional lleve a cabo todas las diligencias, visitas de campo, certificaciones, entrevistas, consultas de archivos y demás actuaciones necesarias para la debida investigación de los hechos".

Ayer, Plascencia recibió a los legisladores Roxana Luna Porquillo y Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes le entregaron fotografías y videos del enfrentamiento del 9 de julio.

Las pruebas fueron captadas por medios locales y pobladores que estaban durante el desalojo de la manifestación. En ellas se puede ver el uso de armas por los elementos estatales en contra de los habitantes con el fin de reprimir la manifestación en la que pedían la restitución del servicio de Registro Civil a la presidencia de la Junta Auxiliar.

Se presentaron seis fotografías donde se pueden ver los cartuchos y granadas de mano que contienen distintos tipos de gases, además de las armas que lanzan los cartuchos de gas pimienta y gas lacrimógeno. En otra de las fotografías se puede ver un arma de propulsor que dispara cartuchos de gas y balas de goma y corcho. También cuatro imágenes más que tienen las evidencias de las heridas causadas por balas de goma a una persona adulta y al menor José Luis.

Además se entregaron tres videos: uno editado por el Diario Central, titulado “Video contundente-Policía de Puebla disparó PRIMERO contra los habitantes de Chalchihuapan; otro más donde se ven las lesiones al ciudadano Martín Xelhua en la mandíbula y al menor José Luis y otro del medio e-Consulta titulado “No fue cohetón lo que mató a niño de Chalchihuapan-neurólogo”.

También se le entregó un documento firmado por la madre del menor que murió, Elia Tamayo Montes, donde pide que las pruebas sean admitidas y consideradas para valorarlas y finalmente se emita una recomendación a las autoridades correspondientes, así como a los funcionarios públicos que resulten responsables.

Raúl Plascencia dijo que la información entregada es muy importante para la investigación y servirá de complemento con las declaraciones que haga este miércoles el Secretario de Seguridad y el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Víctor Carrancá Bourguet, quien acudirá el próximo viernes.

El ombudsman nacional especificó que la investigación ya está "avanzada", pues se ha "trabajado de manera muy intensa". Aseguró que el expediente tiene "114 entrevistas, se han elaborado 10 solicitudes de información, medidas cautelares para evitar cualquier acto de intimidación en contra de los pobladores de la comunidad o de cualquier otra personas que esté involucrada en el asunto, tenemos 66 videos y 525 fotografías".

Plascencia, quien hace poco más de dos meses recibió de manos del Gobernador Moreno Valle y del Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, el Doctorado Honoris Causa, aseguró que tanto con las pruebas y con las próximas declaraciones de los funcionarios estatales espera"arribar a conclusiones claras en todo el asunto".

Dijo que también solicitarán el dictamen donde la Procuraduría estatal determinó que la muerte del menor fue a causa de una "onda expansiva", pero también pedirán "los documentos y estudios base para llegar a esa conclusión. De momento hasta el día de hoy no han sido turnados a la Comisión de Derechos Humanos".

"Esperamos que mañana en la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del estado nos los pueda proporcionar o eventualmente el próximo viernes que comparezca el señor Procurador nos pueda acompañar también todo el expediente completo de lo que han llevado a cabo y particularmente de los documentos bases para poder llegar a la conclusión de ese dictamen que fue dado a conocer a los medios de comunicación", dijo.

Además, el ombudsman dijo que se pidió la presencia de alguna de las personas que resultaron lesionadas "para que lo entrevistemos".

Laura Cordero

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