Por Luis Chumacero González Durán
Ciudad de México, 28 de julio, (SinEmbargo).– Argentina está a dos días de incumplir en el pago de deudas con fondos de cobertura extranjeros, que la prensa ha llamado “fondos buitre”. El 30 de julio se termina el periodo de gracia que tiene el país antes de incurrir en impago con sus acreedores. De no ser así, Argentina se encontraría en esta situación por segunda vez en doce años y podría enfrentarse a serias consecuencias económicas, políticas y legales.
Fue hace más de una década que comenzó a gestarse el problema. En 2001, Argentina vendió bonos de deuda extremadamente baratos, explica The Economist en una nota de hace dos días. En 2002, dice El País en un texto de ayer, el Gobierno de Argentina incurrió “en la mayor cesación de pagos de la historia: 82 mil millones de dólares”.
No había forma de pagar esa cantidad sino negociando. La revista inglesa da cuenta de una cláusula conocida como RUFO (Rights Upon Future Payments). Esta permitió que en 2005 y 2010 gran parte de los acreedores de Argentina –más del 90por ciento– aceptaran cambiar su deuda por bonos y renunciaran a un porcentaje del monto que cobrarían. A cambio obtenían la seguridad de que, si antes de diciembre 2014, Argentina ofrecía mejores condiciones de pago a otros acreedores, también se las ofrecería a ellos.
El problema radica en quienes no aceptaron la cláusula. El semanal británico habla particularmente de NML Capital, un fondo de cobertura que desde 2001 ha litigado para obtener el pago total de su deuda más intereses. El 16 de julio el caso había llegado hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos, que se negó a dictar ninguna sentencia, dejando así en pie el veredicto de un juez de Nueva York, Thomas Griesa.
El juez Griesa determinó que Argentina no podría pagarle a signatarios de la cláusula RUFO, dice la revista londinense, sin antes saldar su deuda con NML Capital –de 1300 millones de dólares más intereses– y he allí el meollo del asunto:
Si el gobierno argentino pagara a NML, se arriesgaría a activar la cláusula RUFO y potencialmente se vería enfrentado a cubrir mucho más que el pago a un solo acreedor. El País menciona una cifra superior a los 120 mil millones de dólares.
Argentina querría esperar hasta después del 31 de diciembre, la fecha de expiración de la cláusula, antes de hacer un pago como el que NML Capital demanda; pero la reacción del juez Griesa ha sido negarse a un aplazamiento del pago, informa The Economist.
Eugenio Bruno, un abogado experto en reestructuración de deuda, es citado por el semanal inglés:
“La referencia a las restricciones de la cláusula RUFO no es de ayuda porque esa cláusula fue autoimpuesta por Argentina y es por lo tanto difícil de usar como un argumento”.
Hasta ahora no hay señales claras de que se pueda llegar a un acuerdo, a pesar de que una audiencia del 22 de este mes determinó que ambas partes deberían entrar en negociación junto con un mediador.
“Un incumplimiento no es del interés de nadie”, dice el Financial Times (FT) en una nota del 24 de julio donde explica las posibles consecuencias de un impago. Agrega que es posible que alguna de las dos partes ceda pero considera que si se llega a un acuerdo, éste vendría al último minuto.
“Para Argentina, hay poca duda de que el impacto sobre la economía sería sombrío”, escribe, “agravando una recesión, inflación y escasez de dólares, quizás llevando hasta una segunda devaluación este año”.
Las consecuencias también podrían ser políticas, advierte el periódico de Inglaterra:
“Si los daños a la economía son lo bastante graves, [la presidenta] Fernández puede decirle adiós a toda posibilidad de que su heredero (si decide consagrar alguno) gane las elecciones presidenciales el próximo año”.
No obstante, también podría ser que el costo de un impago fuera asumible. El diario británico menciona un escenario posible: no pagar absolutamente nada a los acreedores en Estados Unidos y pagar en vez a los acreedores de otros países, esquivando los problemas legales en EU.
Para el mundo en general, las consecuencias del impago argentino no serían demasiado serías, dice The Economist, y añade que en este momento la deuda de Argentina, bajo derecho internacional, es sólo de 29 mil millones de dólares mientras que en 2001 era de 89 millones de dólares.
Sería más difícil que Argentina saliera de su recesión, estima la revista londinense, recalcando el aislamiento del país sudamericano del mercado del dólar y sus decrecientes reservas de divisas extranjeras.
Habría, además, la posibilidad adicional de un sinfín de litigios con otros acreedores en varias jurisdicciones, señala el semanal inglés. El impago podría activar “cláusulas de amortización anticipada”, que existen en todos los bonos de derecho extranjero de Argentina, y que permitirían a poseedores de bonos argentinos exigir su cobro inmediato.
