Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Tras la aprobación de las leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la Cámara de Diputados, especialistas y activistas advirtieron que las autoridades tienen un doble discurso, pues con instancias internacionales –como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– firman acuerdos de libertad en Internet, pero las leyes que aprueban son lo opuesto y dan pie al "espionaje" indiscriminado de las autoridades.
Jesús Robles Maloof, integrante del Colectivo MX, dijo que desde el principio de las discusiones "hemos sostenido que este modelo de ley representa dos pilares: por un lado, la entrega del interés público a las grandes corporaciones y, por el otro, el establecimiento de un sistema de control, de espionaje y vigilancia de la ciudadanía".
El también abogado aseguró que el capítulo de la ley donde se pide la intervención de la justicia "tiene muchos problemas porque establece un conjunto de poderes de intervención y autorización judicial y sin ningún otro mecanismo de control interno ni rendición de cuentas. No hay un control de las actividades de los funcionarios y tampoco tienen la obligación de rendir cuentas a posteriori".
Además aseguró que los legisladores firman contradicciones, pues en abril pasado México signó una recomendación de Freedom Online Coalition donde se promueve la libertad de Internet. Sin embargo, "los puntos de estas recomendaciones son totalmente contradictorios a lo que se estaba promoviendo en el Congreso y a lo que finalmente aprobó".
Hace un par de semanas, Robles Maloof informó de la firma de una declaración de la ONU sobre la importancia de Internet. Y ahora recordó que "si uno revisa las instrucciones contenidas [por la ONU] son contradictorias con lo que aprueba. Básicamente están engañando a la comunidad internacional que, en poco tiempo, se dará cuenta de este doble discurso".
En el mismo tono, Alberto Escorcia, integrante del colectivo YoSoyRed, explicó que lo más grave es el monitoreo constante. "Ahora pueden de manera arbitraria en todo momento acceder no sólo nuestras conversaciones sino nuestros datos de ubicación; es decir, pueden elaborar perfiles de qué nos gusta, dónde estamos, qué actividades desempeñamos, lo cual viola el derecho a la privacidad”, destacó.
Dijo que con el monitoreo las autoridades podrían detener a activistas antes de realizar una protesta porque “detectaron que una persona anda buscando ciertos datos en la Red, tiene ciertos patrones de comportamiento, asiste a ciertas reuniones”. Agregó que con una orden judicial, la Secretaría de Gobernación (Segob) podría comenzar a realizar detenciones preventivas.
Por su parte, la organización Artículo 19 advirtió que los legisladores "aprobaron y avalaron una ley que viola los derechos a la libertad de expresión y la privacidad", además de que es "contraria a los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación".
La organización que se encarga de defender la libertad de expresión criticó que los legisladores no abonaron a "una discusión franca, transparente, donde se pusiera por encima el interés general" y que "el debate parlamentario en ambas cámaras estuvo claramente ausente".
De acuerdo con un listado de la organización Artículo 19, entre las violaciones a derechos humanos que tienen las leyes secundarias está:
IFETEL REDUCIDO
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, especialistas aseguraron a SinEmbargo que se están violando los derechos de libertad de expresión, además de que se redujo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), pero todo esto –afirmaron– no fue ninguna novedad que haya pasado sin modificaciones sustanciales, pues desde el Senado de la República, donde pudo haber cambios sustanciales, tampoco ocurrió.
"Era algo que está muy visto, se preveía que así ocurriría. No teníamos expectativas importantes respecto a lo que ocurriría en la Cámara de Diputados porque hay mayoría y desde siempre estuvieron argumentando sus posiciones de que 'en la democracia los votos son los que cuentan' y no se tenía una posibilidad de discutir en lo particular las reservas. El resultado es el previsto, no sólo por nosotros, sino de todos los actores", dijo Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Asociación Méxicana de Derecho a la Información (AMEDI).
A pesar de la aprobación de las leyes en ambas cámaras, aún quedan recursos legales que podrían echar para atrás las reformas. Sin embargo, las esperanzas siguen siendo pocas.
El Ifetel, organismo creado a partir de la reforma constitucional en la materia está compuesto por siete comisionados, mismos que podrían interponer un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los senadores y diputados, por su parte, también podrían meter una acción de inconstitucionalidad ante la misma instancia. Sin embargo, se necesitan de al menos el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras.
Al respecto, el especialista consideró que el Ifetel podría defender su autonomía. Sin embargo, dijo, "eso parece una utopía porque estamos viendo que el propio presidente [Comisionado Gabriel Contreras Saldívar] es muy tibio cuando hace declaraciones. Por ejemplo, dos comisionadas, María Elena Estavillo y [Adriana] Labardini [Inzunza] presentaron una semana antes, cuando se daban las discusiones en el Senado, una petición para establecer una comunicación con los senadores; esto habla de cierta fractura desde mi punto de vista al seno del Ifetel porque solamente lo pidieron ellas dos, no los siete comisionados entonces qué es lo que pasa, creo que el Ifetel está muy débil con algunas fracturas y dificilmente vamos a ver que defiendan su autonomía".
En el mismo tono, la especialista Beatriz Solís Leree, dijo que el Ifetel sí es un organismo potencialmente muy fuerte, pero "fue disminuído, no tanto en telecomunicaciones, sino en radiodifusión", especialmente en el tema de los contenidos.
La experta en el derecho a la información e investigación de medios dijo que "se fragmenta la capacidad reguladora del Ifetel porque una parte está a cargo de Gobernación otras partes, las menos, están a cargo del Ifetel".
Solís Leree ejemplificó con el contenido para menores: "algunos de los contenidos dedicados a la niñez, el Ifetel es el que le hace la talacha a Gobernación porque tiene que supervisar y monitorear. Cuando termina le avisa a Gobernación lo que encontró para que Gobernación sea la que sancione. Un órgano regulador que no sanciona, pues no regula", dijo.
LEGISLACIÓN REGRESIVA
Por su parte, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la Reforma de Telecomunicaciones aprobada ayer en Cámara de Diputados, echó “para atrás los avances sustantivos de la reforma constitucional”.
"Pero también, que quede muy claro que eso no es lo que está contenido en la Constitución, que es una legislación regresiva la que se ha aprobado en las dos cámaras en los últimos días y que no va a constituir esto por sí mismo, en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país”, dijo Zambrano.
De acuerdo con el Informe Enemigos de Internet 2014 de la organización Internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado en marzo pasado, en el mundo son casi una veintena los países que a través de sus leyes impusieron cierto nivel de censura en Internet o de vigilancia a las comunicaciones de sus ciudadanos. Y con estas nuevas medidas, México se integra a la lista en la que se encuentran países como Somalia, Sudán y Zambia, así como otros con altos niveles de inconformidad ciudadana con sus mandatarios como Rusia, Turquía y Venezuela.
Según el documento, la información online no podría ser espiada ni controlada sin la ayuda de las empresas del sector privado; por ello, señala como “mercenarios de Internet a las compañías que ponen sus conocimientos al servicio de los regímenes autoritarios a cambio de sumas de dinero a menudo colosales”.
Advirtió que la vigilancia en la web sigue creciendo y permite identificar a los internautas, sus contactos, su correspondencia y su ubicación. “Entre los países autoritarios esta vigilancia conlleva la detención y los malos tratos a defensores de los derechos humanos, periodistas, internautas y demás miembros de la sociedad civil. Las cárceles se han llenado de disidentes defensores de los derechos humanos y las comunicaciones en Internet están cada vez más interceptadas por las autoridades”.
