Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Mientras el gobierno mexicano se muestra solícito para responder al problema de los menores migrantes en la frontera con Estados Unidos, en México hay una crisis de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia que no está atendiendo, señala Sarnata Reynolds, consultora senior en Derechos Humanos de la organización Refugees International y autora del informe Las víctimas ocultas de México. Según dicho documento, hay “cientos de miles” de mexicanos que han sido desplazados forzadamente de sus comunidades por la violencia asociada a la delincuencia organizada.
En entrevista vía Skype con SinEmbargo, Reynolds explica que no hay una cifra exacta oficial de los desplazados internos por la violencia, “porque el gobierno mexicano no se ha dado a la tarea de contarlos”.
No obstante, es con base en reportes, estudios y testimonios que Reynolds y Garrett Bradford (también miembro de Refugees International) recopilaron para la investigación del informe, que la organización internacional considera que no es un problema que afecte a unos cuantos. Reynolds comenta dos casos para ejemplificar por qué lo creen así: entre 2007 y 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo 230 mil desplazados a causa de la violencia; en Sinaloa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos estimó que entre enero y mayo de 2012 hubo 25 mil personas que escaparon de sus hogares a causa de la violencia que generó la disputa entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva.
El informe de Refugees International, publicado el pasado 2 de julio, califica el problema del desplazamiento interno a causa de la violencia como una “crisis humanitaria encubierta” que, pese a su gravedad, ha estado ausente tanto de la agenda como del discurso del gobierno mexicano.
Tal omisión no es un asunto menor, pues mientras no haya un reconocimiento oficial de esta problemática no existirá posibilidad de saber la cifra real de desplazados, ni tampoco se pondrán en marcha mecanismos o instancias de apoyo para quienes han tenido que huir de sus comunidades por la violencia, dice Reynolds. Tampoco habrá posibilidad de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) brinde protección y apoyo a las víctimas, pues para involucrarse el organismo humanitario internacional requiere que el problema del desplazamiento interno sea reconocido por el país donde está ocurriendo.
Por un lado, hay una paradoja: el gobierno de México no reconoce el desplazamiento forzado por la violencia porque desconoce su dimensión, pero mientras no lo reconozca se limita la posibilidad de saber cuántos afectados hay.
Por otro lado, considera Reynolds,”dado que se ha dicho mucho que la economía [de México] está yendo bien y que el país está abierto a la inversión, cientos de miles de personas desplazadas porque no pueden permanecer seguras en sus casas ni en sus comunidades no es una narrativa conveniente. Así que no está siendo discutida, está siendo pasada por alto”.
La consultora en derechos humanos, quien durante mayo y junio pasados viajó a Aguascalientes, Baja California, Sinaloa, Veracruz y la Ciudad de México para documentar casos de desplazamiento forzado por la violencia, critica el doble discurso que mantienen las autoridades mexicanas y la ACNUR, pues mientras sí se han sumado a la discusión sobre la problemática de los menores migrantes centroamericanos en la frontera con Estados Unidos, no han sido tan solícitos respecto al tema de los desplazados internos en México.
“Es muy importante para las personas tener en mente que el gobierno de México no les está brindando protección a sus propios ciudadanos que son desplazados como resultado de la violencia de grupos criminales, y debería estar haciéndolo a la par de estar ofreciendo protección a los centroamericanos. Está bien que ayude a los centroamericanos, pero la ACNUR y el gobierno mexicano deberían admitir que hay un problema de desplazamiento interno que merece ser atendido también”, destaca.
DESPLAZADOS, VÍCTIMAS INVISIBLES
Antes de que esa extensa familia de 58 integrantes decidiera huir de Sinaloa, el grupo criminal que controlaba la región donde vivían los había sentenciado: “Pueden unirse a nosotros, pueden morirse o pueden irse de aquí”. Algunos de los miembros de esa familia habían sido asesinados; otros, secuestrados. También habían sido víctimas de extorsiones. Hasta que una noche decidieron huir. Tardaron toda la noche y el día siguiente para hacerlo, y dejaron atrás sus ranchos y los negocios que tenían, sus casas, su ganado, el trabajo de varias generaciones.
Reynolds relata uno de los más de 75 casos que documentó directamente de personas desplazadas por la violencia, a la que se sumó la información que recopiló a partir de reuniones con organizaciones civiles locales y nacionales, funcionarios públicos y organismos no gubernamentales internacionales.
En su recorrido por cinco estados del país, Reynolds y Bradford recogieron testimonios de personas provenientes de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
En el informe de Refugees International, los investigadores delinearon un perfil común de las personas desplazadas: casi todas habían experimentado directamente la violencia antes de huir, ya sea por un asesinato, secuestro o desaparición de al menos un integrante de su familia; todos habían huido a lugares fuera de sus estados de origen; asimismo todos habían visto afectada su economía drásticamente, eran incapaces de tener un empleo formal en el sitio al que se habían tenido que desplazar, y habían perdido sus viviendas, propiedades y tierras.
Además, muchos se veían obligados a asentarse en alojamientos precarios o invadir predios, con el temor de ser desalojados en cualquier momento y sin acceso a servicios básicos como electricidad o agua entubada. Vivían en chozas hechas de cualquier tipo de materiales que encontraban, como láminas de plástico, madera y hojalata corrugada. Algunas de las familias entrevistadas habían vivido en estas condiciones durante dos años o más.
Algunos tenían posibilidad de alquilar viviendas adecuadas y otros se alojaban con familiares o amigos. En el caso de la extensa familia desplazada de Sinaloa, estaban viviendo entre cuatro y seis núcleos familiares en casas con dos dormitorios.
Para poder subsistir, las familias habían tenido que pedir préstamos de negocios o amigos, y vivían endeudados. Algunos abandonaron cientos de cabezas de ganado y tierras que sus familias habían cultivado y cosechado durante generaciones. Otros se vieron obligados a dejar sus negocios y empleos.
Y rehacer su vida no resultaba empresa fácil, pues los hombres que provenían de comunidades rurales no encontraban cabida para sus habilidades agrícolas, y tenían que emplearse en trabajos de construcción, recogiendo cultivos o con labores eventuales. Las mujeres preparaban comida para vender en la calle y trabajaban como empleadas domésticas.
Otro problema que enfrentaban los desplazados entrevistados era la falta de documentos, pues algunos los habían perdido cuando sus casas fueron incendiadas y otros sencillamente no los habían tomado en la prisa que salir huyendo.
Reynolds advierte una paradoja en el desplazamiento forzado por la violencia: las personas que han sido víctimas de los grupos criminales deciden huir y dejar todo atrás para poder comenzar de nuevo, pero se enfrentan a la falta de opciones para lograrlo. “Es gente que necesita apoyo”, dice la integrante de Refugees International.
Es la primera vez que la organización –dedicada a la asistencia y protección de desplazados, así como a la promoción de soluciones al desplazamiento– hace una investigación sobre México. Reynolds dice que su interés se debió a que, a diferencia de lo que ocurre en otros países con crisis de desplazados forzados, el caso mexicano “no es un conflicto armado tradicional, sino una situación humanitaria que requiere una respuesta humanitaria”.
RECOMENDACIONES AL GOBIERNO MEXICANO
En las recomendaciones que hace al gobierno mexicano, Refugees International anota que debe, en primer lugar, desarrollar una definición de desplazamiento interno, así como realizar, a nivel nacional, una encuesta y un diagnóstico de necesidades de los desplazados internos por la violencia del crimen organizado. También recomienda nombrar un encargado del tema dentro de la Secretaría de Gobernación, y establecer un grupo de trabajo intersecretarial, que incluya la coordinación con oficinas municipales y estatales.
Otro punto que propone es que dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se tenga un comité específico y recursos para los desplazados internos, a fin de apoyarlos para que cuenten con un albergue seguro, medios de subsistencia, compensación o restablecimiento por tierras, propiedades o viviendas que perdieron, y acceso a la justicia.
También sugiere mejorar los registros civiles a nivel nacional, para brindar a los desplazados la documentación que necesitan para poder acceder a educación, empleo, vivienda y servicios.
El informe de Reynolds y Bradford destaca también que el gobierno mexicano tiene algunos mecanismos vigentes relacionados con la atención a desplazados internos, mismos que podrían tomarse como experiencias para crear una política especifica para los desplazados por la violencia.
Entre ellos menciona al Sistema Nacional de Protección Civil, dada su experiencia en dar respuesta en casos de desastres naturales y en ayudar a la recuperación de poblaciones en riesgo o desplazadas por fenómenos naturales.
Otro ejemplo que refiere es un programa establecido en 2006 para responder al desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
También destaca la creación de la Ley General de Víctimas, dado que incluye medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para salvaguardar los derechos humanos de las víctimas de delitos, el establecimiento de un fondo para brindar apoyo médico y reparaciones, y la creación de un registro nacional de víctimas.
Asimismo, señala que actualmente el Consejo Nacional de Población (Conapo), desarrolla una definición legal de las personas desplazadas internamente y trabaja en delimitar el tamaño y ámbito de respuesta del gobierno.
Pero a pesar de que existen estos mecanismos, “el gobierno federal no ha demostrado disposición para admitir cabalmente y apoyar de manera consistente a las personas desplazadas por grupos del crimen organizado”, asienta el informe.
Reynolds es optimista respecto a la actuación futura del gobierno mexicano, pues considera que la Ley General de Víctimas, en donde se menciona a los desplazados internos (artículos 5 y 38), es un buen indicio de un reconocimiento de este grupo, aunque todavía lo considera insuficiente.
“Creo que los mecanismos están, es muy importante que el Presidente [Enrique] Peña Nieto haya promulgado la Ley de Víctimas y se reconozca en ella a los desplazados, pero el gobierno necesita extenderlo a un compromiso real, hacer un compromiso público para que sepamos que está ocurriendo y que demuestre que esas personas van a ser atendidas”, dice. “[Eso] no lo hemos visto todavía”.
