Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).— Senadores de oposición y expertos en materia energética observaron con preocupación que en la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para crear la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la de Comisión Federal de Electricidad (CFE), se disminuye a estas empresas y las secciona de tal forma que es previsible su desaparición en el mediano plazo.
Porque al transformarlas en Empresas Productivas del Estado se pretende que tanto Pemex como la CFE generen más ingresos, sin reparar en las afectaciones que esto implica, como sería su posible extinción por el desgaste de competir de forma inequitativa con la iniciativa privada. Esto sin mencionar la pérdida de soberanía energética de México, refirieron legisladores de izquierda.
“La propuesta del Ejecutivo y los más de 100 cambios que el PRI [Partido Revolucionario Institucional] y el PAN [Partido Acción Nacional] han incorporado al dictamen radicalizan la orientación para neutralizar, desmembrar y hacer inviables a dos instituciones que durante los últimos 75 años han sido fundamentales para garantizar la soberanía energética de la nación, la viabilidad económica del Estado y confort de las familias mexicanas”, afirmó el Senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Por su parte, el maestro Fabio Barbosa Cano, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que el gobierno federal pretende desmantelar y debilitar a Pemex, para atraer a los inversionistas, que al momento se encuentran muy desilusionados de la Reforma Energética y que han perdido el interés de invertir en México, como se ha señalado desde el extranjero.
“El gobierno de Peña Nieto va a rebajar, a reducir por decirlo de alguna manera a ‘abaratar’ todas las condiciones para facilitar el ingreso del capital extranjero”, aseguró el académico en entrevista para Sin Embargo.
Coincidió con él, Rocío Nahle, integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, quien además sostuvo que la legislación secundaria habla de desmantelamiento y enajenación de los activos de Pemex y CFE, pero no habla de construir, fomentar o apoyar sus actividades secundarias.
“No habrá ni siquiera piso parejo, porque a Pemex le dan un régimen fiscal más fuerte, tiene que pagar un dividendo, van a quedar dos subsidiarias, actualmente hay dos, y sólo van a quedar tanto extracción como exploración de gas, y la transformación industrial que uniría refinería y petroquímica”, explicó la ingeniero químico, en entrevista.
LAS FALACIAS DE LA INICIATIVA
Este martes se reanudaron los debates en materia energética en el Senado, luego de más de 20 días de inactividad por las demandas político-electorales del PAN y por el reproche del PRD por diversas violaciones al procedimiento legislativo.
La discusión se restableció en el análisis del tercero de cuatro dictámenes, el cual contiene la propuesta para modificar el régimen jurídico para Pemex y la CFE, que pasarán de ser paraestatales a Empresas Productivas del Estado, a fin de dotarlas de una estructura “auténticamente empresarial”.
Desde el punto de vista de la oposición, el proyecto energético peñista tiende a desaparecer dos de los objetivos de mayor trascendencia de ambas empresas, como son garantizar la seguridad energética del país y asegurar el abasto de combustibles, insumos y electricidad a precios accesibles para las familias mexicanas.
“En este paquete deben observarse al menos tres cosas: el cambio de estatus de Pemex y de la CFE, el funcionamiento de sus Consejos de Administración, y la creación de un régimen de excepción, cuasi privado, que las ubica en la total discrecionalidad, faltando a los principios más elementales de transparencia”, afirmó la Senadora Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de la bancada perredista.
En primer término, la legisladora calificó como mentira el argumento del gobierno federal por el cual se dice que Pemex y la CFE son improductivas.
Con datos obtenidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tan sólo en 2013 Pemex entregó utilidades por un billón 330 mil millones de pesos, cantidad muy superior a cualquier petrolera internacional.
Por su parte, la CFE cerró sus ventas el año pasado, en 318 mil millones de pesos, un nivel de ventas que muy pocas empresas en el mundo pueden entregar.
El Senador perredista Fernando Mayans Canabal señaló que el principal riesgo de quiebra para CFE vendrá con la limitación para vender energía eléctrica al grueso del sector empresarial.
“A esto se suma el riesgo de quiebra de la CFE, pues sus ventas a grandes empresarios representa el 60 por ciento de sus ingresos, que pasarán a las trasnacionales y por tanto la paraestatal perderá 185 mil millones de pesos”, sostuvo.
En segundo término, la izquierda sostuvo que es falso que la legislación secundaria permita a Pemex competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras. Tan sólo en la Ronda Cero se le asignará a Pemex sólo el 42 por ciento de las reservas solicitadas.
“Ya amenazó la Secretaría de Energía (Sener) que no le va a dar más que el 30 por ciento; si así fuera, entonces Pemex tendría petróleo sólo para tres años, y los privados se quedaron con el 58 por ciento del total de las reservas. Si la Secretaría de Energía cumple su amenaza, entonces esto aumentaría las ganancias de los privados hasta el 80 por ciento”, sostuvo la Senadora Padierna.
Como tercer punto, el nuevo régimen fiscal de Pemex será más duro que el régimen fiscal que se impondrá a las petroleras privadas. La oposición calificó esto como una competencia desleal, que “ata de pies y manos” a las empresas productivas para ponerlas en desventaja con las internacionales, a fin de que estas últimas obtengan las licitaciones.
“Se busca a toda costa que Pemex sea desplazado, sustituido, eliminado de todas las licitaciones; pero no porque sea improductiva, sino porque deliberadamente, con muchas medidas de estas 21 leyes, se le quita su altísima rentabilidad, que es lo que les estorba a las petroleras internacionales, señaló.
EL PROYECTO PRI-PAN
Este dictamen es el tercero de cuatro paquetes de iniciativas en materia energética. Los dos anteriores ya fueron declarados suficientemente discutidos y las reservas se guardaron para el día de la votación de los dictámenes en el Pleno del Senado.
El texto contiene más de 80 modificaciones al proyecto del Presidente Enrique Peña Nieto. Pretende modernizar, actualizar y fortalecer a Pemex y a la CFE, para que sean competitivas en sus respectivos mercados.
La propuesta del PRI y PAN puesta a consideración de las comisiones unidas, en el artículo cuarto de ambos proyectos, mantiene el objetivo de circunscribir la función de Pemex y la CFE a obtener la mayor rentabilidad para el Estado.
“La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos tendrán el mandato legal de ser productivas, evitar ineficiencias y gasto improductivo y de trabajar a nombre de todos los mexicanos”, aseguró el Senador Óscar Román Rosas González, del PRI.
Pero a diferencia de la propuesta original, el texto elaborado por priistas y panistas separa las actividades de Pemex y la CFE como negocios independientes a través de una estructura corporativa donde las subsidiarias se encargarán de las actividades estratégicas, y el resto, es decir la refinación, la petroquímica, el transporte, la comercialización; la generación de electricidad, su transformación y el suministro minorista, se operarán a través de empresas filiales.
Para ello, propone que Pemex y la CFE realicen las actividades estratégicas a su cargo, a través de empresas productivas subsidiarias. Para las demás actividades, se les dotará de flexibilidad que les permita competir en igualdad de circunstancias frente a terceros.
Es un esquema corporativo donde las empresas filiales no serán consideradas como paraestatales y, en consecuencia, para estos negocios Pemex y la CFE podrán entrar en asociación, incluso minoritaria, con particulares.
Es decir, Petróleos Mexicanos podrá contar con empresas subsidiarias y filiales para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, estas serán también empresas productivas del Estado y se someterán a la Dirección de Pemex, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio.
EMPRESAS PRODUCTIVAS DE EPN
Los críticos de la ley secundaria sostuvieron que en el Artículo 2 de la Ley de Pemex, se establece que esta empresa productiva del Estado, es propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Podría decirse que, contrario de lo que anuncia el discurso gubernamental, su iniciativa y las correcciones del dictamen acentúan la injerencia administrativa del gobierno y hace, de Pemex y CFE, más que empresas productivas del Estado, empresas del Presidente Peña Nieto”, afirmó el Senador Luis Sánchez, del PRD.
Y para muestra, dijo, está la organización de los consejos de administración, la definición del plan de negocios y la determinación del presupuesto, que en conjunto constituyen el núcleo administrativo del proyecto.
El Consejo de Administración está compuesto por diez personas elegidas únicamente por el Presidente Peña: cinco de ellos funcionarios de su gabinete, "designados" por él y cinco especialistas "escogidos" por él.
“El dictamen llega al extremo de plantear que el Senado ratifique a los cinco consejeros profesionales en ausencia o, en su defecto, por afirmativa ficta. Seguramente con la intención de diluir cualquier signo de coparticipación del Poder Legislativo. A eso están renunciando senadores del PRI y del PAN”, explicó el legislador.
De esta forma, la oposición sostuvo que la autonomía de Pemex será solo enunciativa, puesto que su principal órgano de gobierno estará copado por el gabinete del Presidente de la República y por individuos designados también por el Presidente.
SIN CANDADOS PARA COLDWELL
La nueva Ley de Petróleos Mexicanos prevé que los consejos de Administración de ambas empresas productivas del Estado establezcan las políticas, lineamentos y procedimientos para las instalaciones industriales de Pemex y la CFE, sus subsidiarias o sus filiales.
No obstante la enorme responsabilidad que abrigará los integrantes del Consejo de Administración no estarán sujetos al régimen de servidores públicos, lo cual, a decir de los expertos, facilitaría la impunidad en temas como el conflicto de interés.
Pero lo más grave para los legisladores de izquierda es que esa forma de funcionamiento lo que si va a privilegiar es el medio para el florecimiento de los negocios personales a costa de las empresas públicas.
“Se llega al absurdo (Art.17 de Pemex y 16 de la CFE) de postular que el conflicto de intereses que aparecerá entre los funcionarios públicos que serán al mismo tiempo conductores de la política energética y operadores se puede dirimir en un acto de conciencia individual”, dijo el legislador.
El Secretario de Energía, cuyo titular es Pedro Joaquín Coldwell, será el presidente del Consejo de Administración de Pemex, cuando existe una denuncia en su contra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incurrir en presunto conflicto de interés por ser dueño de gasolinerías en Quintana Roo.
“El titular de la Secretaría de Energía tiene el 60 por ciento de las acciones de Servicio Cozumel, S.A. de C.V., localizada en Cozumel; el 40 por ciento de las acciones de la Planta de Combustibles Cozumel S.A. de C.V., conformada el primero de febrero de 1994; el 40 por ciento de las acciones de Gasolinera y Servicios Juárez S.A. de C.V.”, acusó hace un par de meses la Senadora Dolores Padierna.
No obstante, el servidor público se negó a renunciar al cargo y se deslindó del presunto conflicto de interés al asegurar que sólo es dueño de cuatro de las aproximadamente mil franquicias de gasolineras de Pemex, y que había informado esta situación en su declaración patrimonial.
