En México, el sistema penitenciario no respeta los derechos de los reos. A pesar de que de manera expresa la ley obliga a mantenerlos cerca de sus familias y su defensa para favorecer su reintegración, son trasladados a penales en todo el país, lo que literalmente los incomunica. Los deja imposibilitados para defenderse, pero también para reintegrarse a la sociedad. Así, su valor como ciudadanos se reduce a menos que cero. Es el caso de Esperanza Reyes Aguillón, pero también el de miles, hijos de nadie, sembrados por todo el país. El 8 de mayo de 2012, Esperanza pagó con un billete de 100 pesos un cuaderno. Ella no sabía que era falso. Ese día fue recluida en el Cereso de La Pila en San Luis Potosí, después fue trasladada a Nayarit, hasta que finalmente llegó a las Islas Marías. Lejos de su familia e incomunicada, Esperanza sólo se preguntaba: “¿Por qué yo?”. La mujer de 46 años recibió el indulto del Presidente en enero de 2014 y fue así que pudo volver a ver a sus hijos. Sin embargo, las agresiones y traslados que sufrió viven aún en su memoria y en las de otros miles de presos que día a día viven la tortura de estar encarcelados y lejos de su familia...
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– Esperanza Reyes Aguillón terminó recluida en el Complejo Penitenciario Islas Marías (CPIM) por pagar un cuaderno con un billete falso de 100 pesos en una papelería de San Luis Potosí.
“¿Quién vino a conocer las Islas Marías por 100 pesos? Y luego falsos, pa’ acabarle. No, pues nadie”, les decía bromeando a sus compañeras internas, cuando aún compartía con ellas el encierro en esa cárcel, que forma parte de los 17 centros penitenciarios administrados por el gobierno federal.
Detrás de esa broma cruel que ella misma se gastaba, había otra pregunta que también se hacía: “¿Por qué yo?”.
Para Reyes Aguillón ese cuestionamiento tenía varias aristas: ¿por qué ella había sido trasladada a las Islas Marías cuando había otras internas, sentenciadas por delitos más graves como secuestro u homicidio, que no habían sido llevadas tan lejos?, ¿por qué su delito –que ella consideraba “insignificante”– se castigaba con tal severidad mientras había tantos criminales libres?, ¿por qué había sido trasladada a fuerza de golpes y gritos y con la incertidumbre de no saber ni siquiera a dónde sería llevada ni por qué razón?
La historia de Reyes Aguillón fue difundida por la prensa nacional en enero de 2014, cuando a través del apoyo legal del abogado José Mario de la Garza Marroquín, de la Fundación Renace, y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, solicitó un indulto al Presidente Enrique Peña Nieto.
Para entonces, Esperanza Reyes, de 46 años, llevaba presa casi dos de los cinco años que había recibido como sentencia por uso de moneda falsa. También había sido cambiada de cárcel dos veces: del Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Pila, en San Luis Potosí, a donde fue enviada el 8 de mayo de 2012 (el mismo día de su arresto) la llevaron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4, en Tepic, Nayarit, el 25 de noviembre de ese año; luego el 6 de febrero de 2013 fue enviada a las Islas Marías.
En ninguna de esas dos ocasiones, Reyes Aguillón fue notificada que sería trasladada, ni supo la razón de sus traslados, dice. Tampoco le permitieron comunicarse con su familia para informarles que sería llevada a otro penal.
Los traslados de presos a penales federales no están exentos de irregularidades, como documentaron el Centro de Investigación en Docencia Económica (CIDE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en sendos informes, así como en la recomendación 35/2013 emitida por la CNDH sobre el caso del Cefereso 11 CPS Sonora.
Dicho documentos dan cuenta de casos en los cuales se realizaron traslados de forma injustificada, sin el consentimiento de los internos o en donde éstos fueron llevados a otros centros penitenciarios con engaños. Además, ambas instancias consideraron que en el caso de los internos que no estaban sentenciados, la reubicación a otro penal afectaba su derecho al debido proceso, pues los distanciaba de sus abogados y de las instancias jurídicas donde se estuvieran desahogando sus procesos.
En 2012, el CIDE publicó la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, en la que entrevistó a 821 internos e internas de ocho cárceles federales: las cinco que componen el Complejo Penitenciario Islas Marías (CPIM), y los Ceferesos 1, en el Estado de México; 2, en Jalisco; y 8, en Sinaloa.
Dicha encuesta reveló que la gran mayoría de los internos entrevistados habían sido llevados a esas prisiones sin que se les consultara.
En el caso de los internos entrevistados en Islas Marías y Rehilete (su sección femenil), el 73 por ciento de los varones y 84 por ciento de las mujeres dijo haber sido trasladado sin avisarles, mientras que el resto aseguró que habían aceptado o incluso solicitado su traslado debido a que las autoridades penitenciarias les habían ofrecido que al hacerlo podrían reducir su condena, estar con sus familias o disponer de mayor libertad de movimiento en la isla. Sin embargo, la mayoría se sentía engañado al respecto.
En 2013, la CNDH elaboró el Informe Especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, para el cual revisó las cárceles donde hubiera mujeres internas y realizó visitas a 10 prisiones exclusivas para mujeres.
La CNDH concluyó que la mayoría de los centros penitenciarios visitados no contaban con una normatividad interna respecto al traslado de internos. Asimismo, señaló que “las internas que se encuentran a disposición de la autoridad federal, no son notificadas previamente de la ejecución de dichos traslados a otro establecimiento penitenciario”.
En su informe, el organismo autónomo también se refirió al caso de las internas trasladadas a Islas Marías. Señala la CNDH que varias de ellas dijeron haber solicitado el traslado al CPIM para buscar la reunificación con la pareja, quien había sido trasladada previamente, o bien porque las autoridades penitenciarias les habían presentado un video que promocionaba el traslado al Complejo.
El video promocional mostraba al CPIM como “un sitio en el que podían gozar de cierta libertad de movimiento, oportunidades de trabajo, convivencia con la familia y obtener la remisión parcial de la pena, circunstancia que no corresponde a la realidad que viven en dicho Complejo Penitenciario”, asienta la CNDH.
Asimismo refiere que algunas internas dijeron haber sido sacadas de sus celdas a altas horas de la noche, llevadas por personal de seguridad y custodia a las oficinas del área administrativa y obligadas a firmar con su nombre y huella digital el documento en el que se decía que aceptaban el traslado de manera voluntaria.
El 29 de octubre y 26 de noviembre de 2012, CNDH recibió 45 quejas de personas que habían sido trasladados irregularmente al Cefereso 11 o de familiares de internos trasladados a dicha prisión. Entre el cúmulo de casos que la CNDH recibió en ese periodo, y que motivó que presentara la recomendación 35/2013, figura el de una persona que llevaba tres semanas sin poder comunicarse con su familiar preso, desde que éste había sido llevado al Cefereso 11, o el de un interno que fue trasladado del Cefereso 5, en Veracruz, a pesar de estar sujeto a proceso en un juzgado de Tamaulipas. También aparece el de una persona que durante 45 días estuvo completamente aislado e incomunicado, sin poder ver la luz solar, ni tener actividades físicas, ni ver a su abogado ni a su familia, según expuso un familiar suyo a la CNDH.
En el caso específico del CPIM, el tema de los traslados incluso fue abordado en el 149 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado entre octubre y noviembre del año pasado, a petición de diversas organizaciones que denunciaron las deficientes condiciones carcelarias que, al menos hasta ese entonces, prevalecían en Islas Marías.
El Tercer Visitador General de la CNDH, Andrés Aguirre Aguilar, considera que en los traslados de internos a cárceles federales prevalece la discrecionalidad por parte de las autoridades penitenciarias, quienes argumentan cuestiones de vigilancia o de medidas especiales de seguridad para mover a los presos.
Agrega que en muchos casos, los traslados se hacen sin dar aviso a los jueces y éstos no suelen reclamar tales acciones, y mucho menos exigir que los internos sean regresados a su jurisdicción.
De acuerdo con el funcionario de la CNDH, entre 2011 y 2013 el organismo autónomo recibió 206 quejas por traslados de internos en el sistema penitenciario. La mayoría de ellas (141) se hicieron en 2013.
LOS TRASLADOS DE ESPERANZA
El reloj debía marcar algún momento entre las 4:30 y las 5:00 de la madrugada de ese 15 de noviembre de 2012, cuando las celadoras del Cereso de La Pila, en San Luis Potosí, comenzaron a llamar a 13 de las internas para que fueran a los locutorios. Una de ellas era Reyes Aguillón.
Ella recuerda que era domingo, porque ese día sus hijos –actualmente de 10 y siete años– irían a visitarla a la cárcel donde estaba desde hacía seis meses.
Cuando ella y una docena más de internas habían obedecido a la orden de ir a los locutorios se enteraron de que en realidad las habían llamado porque serían trasladadas a otra cárcel ese mismo día.
“A mí no me avisan que voy a tal lado, no me avisan nada, nada. Entonces ese día yo sí me sorprendí, o sea: ¿por qué? No, no entiendo, a mí no me avisaron nada”, relata a SinEmbargo en entrevista telefónica.
La incertidumbre invadía a Reyes Aguillón, pues no sabía a dónde la llevarían y no le habían permitido comunicarse con su familia para avisarles del traslado. Ella sólo pensaba en que sus hijos llegarían a la cárcel y no la encontrarían, dice.
Una noche antes había hablado con ellos y habían acordado la visita dominical. Esa sería la última comunicación que Reyes Aguillón tendría con sus hijos hasta junio de 2013, cuando ya se encontraba en Islas Marías.
Aún sin saber a dónde sería trasladada, la mujer pudo pedirle a una de las internas que no iba a ser trasladada que le avisara a su familia sobre lo que le había pasado.
Después vendría una espera de unas seis horas, según recuerda.
"Nos tenían en la unidad de traslados, esposadas de pies y manos, hasta que llegara el avión, hasta que llegara para podernos trasladar, pero de ahí no nos bajaron, no nada, nos tenían esposadas”, dice.
Lo que siguió a esa espera fue el arribo del avión que las llevaría a un destino incierto, los golpes de parte de los policías federales que se encargaron de su traslado y un incómodo viaje durante el cual las 13 internas tuvieron que ir todo el tiempo con el torso recargado sobre sus muslos y con la cabeza entre sus piernas, cuenta la mujer.
Si llegaban a moverse o intentaban levantar la cabeza, venían los golpes. “Ellos [los policías] no se fijaban dónde cayera el golpe, o sea ellos daban el golpe y se iban, entonces ya no sabía ni qué hacer, si moverme o no moverme, pero era cansadísimo ir en una sola posición”, recuerda.
Reyes Aguillón recuerda poco de su llegada al Cefereso 4. “Yo llegué muy mal”, cuenta.
Días antes del traslado, detalla, el médico del Cereso de La Pila le había diagnosticado un soplo en el corazón, lo cual fue ratificado por el doctor que la revisó previo al viaje, sin que su estado de salud impidiera su traslado. Dice que a su padecimiento se sumó el daño que los golpes y la incómoda posición en la que viajó le causaron en la espalda.
A pesar de sus malestares, al llegar al penal de Tepic le negaron la atención médica. “Yo llegué muy mal, le digo que de por sí iba muy mal, yo todavía con la presión, me bajó mucho, y la columna. Entonces lo que yo le digo a la custodia que me sentía mal, entonces me dijo que no tenía acceso a doctor, a nada”.
Ese “nada” incluía el derecho a un abogado, a una llamada para informar a sus familias dónde estaban, o el derecho a recibir llamadas del exterior, dice Reyes Aguillón.
Fue hasta tres meses después cuando finalmente le permitieron recibir una llamada de su hermana, quien hasta entonces había pasado los días, primero, averiguando su paradero, y una vez que lo supo, llamando a diario al Cefereso 4 para poder hablar con ella. Día tras día, la respuesta que la hermana recibía era la misma: que en ese momento Esperanza no podía recibir llamadas.
“Hasta que me dan mi llamada yo les digo ‘Estoy en Tepic’. Digo que estoy en Tepic porque pues eso me dicen, pero era estar encerradas día y noche, ahí no se sabía cuándo era de día ni de noche, si hacía sol o no, si llovía o no llovía. Estábamos incomunicadas, nada podíamos, ni hablar con las compañeras siquiera”, recuerda.
La llamada con su hermana fue la primera y la única que tuvo durante su estancia en el Cefereso 4, pues a la semana siguiente fue trasladada nuevamente de prisión.
Y de nuevo vinieron los golpes de los policías federales que se encargaron del traslado, de nuevo los gritos de las custodias y de nuevo aquélla incómoda posición en el avión, cuenta Reyes Aguillón.
“Yo sí fui golpeada. Tan es así que la columna es la que traigo mal todavía, bueno yo creo que ya no se me va a componer porque pues sí fueron los golpes muy fuertes. Nos patearon, nos daban de patadas para checarnos, revisarnos, y con la macana o no sé qué sea esa cosa que traen, a donde fuera, donde cayera el golpe. Ellos el chiste era golpear. Me pegaron en la columna, en la espalda, donde cayera el golpe”, dice.
La mujer relata que no sólo se repitieron los golpes, también la incertidumbre de no saber a dónde sería enviada ni por qué. Pero esta vez, cuenta, al menos ella y las otras 42 internas que fueron trasladadas tuvieron la oportunidad de cuestionar a la directora del penal, quien, según recuerda Reyes Aguillón, sólo les dijo: “No se preocupen. Al lugar al que van, van a estar mejor”.
EL MAL REMEDIO
Cuando la doctora Elena Azaola visitó el CPIM como parte de la investigación que realizaba, junto con otros especialistas en temas penitenciarios, y cuyo producto final fue la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, se encontró con historias de otras mujeres que, como Reyes Aguillón, habían sido llevadas a a Islas Marías sin que les informaran la razón del traslado. O, en otros casos, las mujeres internas se quejaban de haber sido llevadas con engaños.
Entre los testimonios que recopiló está, por ejemplo, el de una mujer oriunda de Guanajuato que dijo haber sido llevada a Islas Marías sin que le notificaran de su traslado.
“Yo no pedí venir y nomás llegaron y nos trajeron sin aviso ni nada… y no somos animales para que nos traten así, los abogados que hay aquí no nos ayudan”, se quejaba.
Otra, de 60 años, había sido llevada de Apizaco, Tlaxcala; tampoco le habían informado que sería trasladada.
“Nos sacaron sin nuestras cosas, ni los números de teléfono para avisar a nuestras familias y nomás llorábamos…”, relató la mujer a la investigadora.
Otras mujeres acusaron haber sido llevadas con engaños. “Nos trajo a base de engaños, de mentiras, nos dijeron que íbamos a pagar dos por uno y que era un privilegio venir aquí por nuestra buena conducta”, dijo una de ellas a Azaola.
“Todas son la misma historia, la misma, la misma”, dice la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. “Es un patrón sistemático de las personas que ahí trasladaron con engaños, indebidamente y con este perfil: las más tranquilas, las más productivas, las más sin riesgo alguno”.
Según la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, elaborada por la SSP, el confinamiento de internos federales en cárceles estatales abonaba a los problemas de sobrepoblación e inseguridad persistentes en el sistema penitenciario del país. Por ello, planteaba que era necesario ampliar la infraestructura de las prisiones administradas por el gobierno federal para sacar a los internos del fuero federal que se encontraban compurgando sus condenas en los centros de reclusión de los estados.
Dicho documento fue elaborado en noviembre de 2008, a casi dos años de iniciado el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y, por lo tanto, también de la implementación de su política de supuesto combate al crimen organizado. La Estrategia también anticipaba que en los años siguientes la lucha contra el narcotráfico acrecentaría la cantidad de personas encarceladas por delitos federales y, en consecuencia, saturaría las prisiones federales.
Ante esa previsión, la Estrategia elaborada bajo el mandato de Genaro García Luna propuso la construcción de más cárceles (financiadas con inversión privada), la incorporación de varios penales estatales a su infraestructura y la remodelación y ampliación del CPIM, entonces aún llamado Colonia Penal Federal Islas Marías.
Aunque la Estrategia esperaba que para finales del sexenio de Calderón Hinojosa todos los internos federales hubieran sido trasladados a penales federales, los datos más recientes de las Estadísticas del Sistema Penitenciario, elaboradas por el OADPRS, refieren que para mayo de 2014 aún había al menos 12 mil 887 internos sentenciados del fuero federal compurgando sus condenas en penales estatales.
No obstante, el problema de sobrepoblación persiste en 212 de las 387 cárceles que hay en el país, según los datos oficiales. En el 74 por ciento de los centros penitenciarios que están saturados, hay internos del fuero federal.
Azaola dice que aunque muchos internos del fuero federal han sido trasladados a penales federales, eso no ha resuelto los problemas que supuestamente combatiría esa estrategia y, por otro lado, generó una problemática en la forma en que se están haciendo dichas reubicaciones.
“No es verdad que esto haya terminado con la problemática bajo la cual se decía que esto es lo que justificó esa construcción [de cárceles]”, considera.
Para José Luis Gutiérrez, director de la organización civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), la construcción de más cárceles federales para resolver el problema de la sobrepoblación y para despresurizar los penales estatales fue “un mal remedio”.
“Considero que es un mal remedio porque lo que hay que identificar es qué está llenando las prisiones, si las políticas criminales, el endurecimiento del catálogo de delitos graves o los nuevos procesos penales. Yo creo que hay que hacer un análisis como gobierno, como Estado de qué es lo que ha hecho que se incremente el número de personas en prisión en México”, opina.
Sin embargo, dice, lo que se hizo fue ampliar la infraestructura de las cárceles y llenarlas con el fin de hacer visible que sí funcionaban, sin tener cuidado en revisar los perfiles criminológicos ni la situación jurídica de las personas que estaban siendo trasladadas.
Al frente de Asilegal, organización que trabaja con personas privadas de libertad, Gutiérrez dice que ha conocido varios casos de traslados irregulares.
“Nos queda claro que es una constante y es un patrón. A decir de la gente que atendemos nosotros, su compañero y su compañera, todos vienen en la misma situación, un gran número viene en la misma situación”, dice. “Yo no te diría que son casos aislados, porque veo muchísimos casos, no creo que el error esté en todos. No lo sé, pero tendríamos que estar revisando esa información”.
MÁS DE 6 MIL INTERNOS TRASLADADOS
De acuerdo con datos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre 2007 y julio de 2012 un total de 15 mil 600 internos del fuero federal que estaban en cárceles estatales fueron llevados a prisiones federales.
Sin embargo, el documento que delineó la estrategia para atender los problemas del sistema penitenciario planteó la creación de convenios entre el gobierno federal y todas las entidades federativas para llevar a cabo el traslado de internos del fuero federal.
Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012 se concretaron tales acuerdos, llamados genéricamente “Convenios de reclusión de procesados y sentenciados del fuero federal e internos del fuero común que requieran medidas especiales de seguridad o de vigilancia”.
De 2011 a febrero de este año, 5 mil 941 internos y 611 internas en centros estatales fueron trasladados al amparo de dichos convenios, de acuerdo con datos proporcionados por el OADPRS, en respuesta a la solicitud de información pública 3670000001314, hecha por SinEmbargo.
Los datos muestran que al menos 861 de esos internos estaban en prisión preventiva al momento de ser trasladados, así como que hubo personas que fueron trasladadas de un lado al otro del país, como ocurrió con 98 internos de Baja California y 13 de Baja California Sur que fueron enviados al Cefereso 13, en Oaxaca, o las 76 personas recluidas en penales de Chihuahua que fueron trasladadas al Cefereso 6, en Tabasco.
El artículo 18 constitucional estipula que los internos sentenciados podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reinserción social. Tal disposición, señala la Constitución, no aplica para casos de delincuencia organizada ni respecto a internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Aunque los Convenios que ampararon los traslados contemplan la reubicación de internos que requieran medidas especiales de seguridad o vigilancia, la información entregada por el OADPRS no permite saber en cuáles casos la movilización de presos obedeció a esa razón, pues la dependencia no brindó datos sobre los motivos de los traslados, a pesar de que le fueron requeridos.
Por ello es que tampoco es posible saber la razón de los trasladados de cuando menos siete internos de 70 años o más (incluido un hombre de 81 años), ni de los 348 internos del fuero común, tanto sentenciados como personas en prisión preventiva.
A fin de aclarar estos datos y conocer la postura del OADPRS sobre los señalamientos de irregularidades en los traslados, SinEmbargo buscó reiteradamente al Comisionado del OADPRS, José Luis Musi Nahmías, a través de las oficinas de Comunicación Social del propio Órgano y de la Secretaría de Gobernación, pero no se obtuvo respuesta.
EL ÚLTIMO TRASLADO
A los dos meses de haber sido recluida, el padre de Reyes Aguillón murió y ella no se pudo despedir de él, lamenta. Desde el 15 de noviembre de 2012, cuando fue trasladada por primera vez, dejó de ver a sus hijos, y en el lapso que pasó en Islas Marías no aceptó que la fueran a visitar, pues no quería que ni sus hijos ni su hermana tuvieran que someterse a la revisión a la que obligan a todas las visitas, y que es similar a la que les hacen a las internas, según la potosina.
Ella dice que aunque ya se había resignado a cumplir la condena de cinco años, lo que más le pesaba era estar lejos de sus hijos. Pero repentinamente todo cambió para Reyes Aguillón a partir de la intervención del abogado de la Garza Marroquín, cuenta.
Sin embargo, en la reclusión ella no se enteró que su caso había tomado relevancia en la prensa nacional, no sólo porque era el segundo caso de un preso en solicitar el indulto presidencial, sino por la conmoción que causaba la noticia de que había sido sentenciada a cinco años de prisión por pagar con un billete falso.
Por eso es que le pareció extraño cuando, el 14 de enero de 2014, fue trasladada nuevamente, pero esta vez de regreso a San Luis Potosí. Esta vez no hubo malos tratos.
“Este traslado sí fue un poquito más tranquilo, ya no me trataron mal, de hecho sabían que andaba mal de la columna. Me suben al avión, hasta me agarran del brazo y me sube la federal y todo bien”, recuerda.
A los 15 días de haber sido devuelta a San Luis Potosí, Reyes Aguillón fue liberada.
Actualmente Reyes Aguillón no se encuentra trabajando debido a las lesiones que tiene en su columna y que, dice, fueron a consecuencia de las condiciones en que fue trasladada y de los golpes recibidos. Su último trabajo, antes de ser encarcelada, era como ayudante de cocina.
A casi seis meses de haber salido de prisión, dice que se siente tranquila porque está con sus hijos y su familia. No obstante, confiesa, casi no sale a la calle y le tiene miedo a las patrullas.
Sobre los traslados, su opinión es clara: “Yo no estoy de acuerdo en que nos traten como nos tratan. Yo no me considero una delincuente porque yo no me dedicaba a eso, dijera ‘me lo merezco porque yo andaba en esto’, pero ni aún así se vale”, dice.
