Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Guanajuato será la primera entidad en recibir recomendaciones de parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (SNPASEVM), ante las deficiencias del sistema de justicia guanajuatense para atender la violencia contra las mujeres que se vive en el estado.
Así se lo aseguró un grupo de organizaciones a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, de acuerdo con la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, María de la Luz Estrada Mendoza.
Dichas recomendaciones significan que se estrenará el nuevo Reglamento de Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, publicado en noviembre del año pasado. Pero no significa que se declarará la Alerta de Violencia de Género (AVM), ya que el gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Miguel Márquez Márquez, tendrá seis meses para cumplirlas o rechazarlas, y según su respuesta, el SNPASEVM la decretaría.
“El nuevo reglamento ya va anunciar dentro de poco las recomendaciones de la investigación. Se supone que con la nueva disposición van a subir en la página de Conavim lo genérico de la recomendación, no van a publicar cosas de fondo, ni siquiera a las peticionarias (Fundación Las Libres)”, dijo Estrada sobre el procedimiento.
Pero para la Coordinadora de los trabajos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la situación de violencia que padecen las mujeres en el Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila Villegas es más grave. Así lo planteó desde diciembre de 2010, cuando la organización y la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron una solicitud de AVM para la entidad, entonces gobernada por Enrique Peña Nieto, ante la Secretaría de Gobernación, encabezada en aquel tiempo por Alejandro Poiré.
“En el Estado de México estamos hablando de una grave descomposición en la procuración y administración de justicia al no investigar los asesinatos de mujeres, cuando tenemos operando un corredor de trata. El contexto es diferente a Guanajuato y la delincuencia organizada opera en el Estado de México, a muchas mujeres no se sabe quién las mata y después sabes que hay desaparecidas o no identificadas que tienen otro patrón más grave”.
Actualmente, en el Estado de México hay más de 500 casos de feminicidios sin investigar, 100 en los que se desconoce la identidad de las víctimas, aseguró.
El problema en la entidad mexiquense sigue sin ser atendido, y lo que busca el gobierno federal es mostrar que el reglamento se aplica, pero en una entidad panista, afirmó la activista.
“Ahorita la autoridad está con un nuevo reglamento que quiere mostrar que sí se va a meter y le interesan las mujeres. Sí, eso lo que dice el sistema, pero que lo demuestren con el Estado de México y que ahí inicie la declaratoria. Deben asumir su responsabilidad. Que se demuestre con hechos ahí porque lo que pasa es muy grave, esperaríamos que Osorio Chong [el Secretario de Gobernación] nos reciba para garantizar el proceso, para que se den claras las acciones y no nos digan que la investigación y declaratoria no la determina él”, dijo.
“Lo que estamos siendo muy claros con la Conavim es que no usen investigación [previa] para alargar la decisión de la declaratoria”.
LAS CAUSAS
El 8 de diciembre de 2010, se presentó la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el Edomex ante el SNPASEVM, encabezado por la Secretaría de Gobernación y conformado por otras dependencias federales y representaciones de los gobiernos de los 32 estados, a través de los titulares de los institutos de las mujeres locales.
El sentido de la solicitud tenía como fin identificar las irregularidades “en las que ha incurrido el sistema de justicia para detectar el patrón de impunidad y violencia sistemática que imposibilitan y obstaculizan el avance en las investigaciones para el acceso a la justicia a víctimas de violencia y feminicidio”, de acuerdo con un resumen del tema elaborado por Católicas por el Derecho a Decidir.
Los motivos que fundamentaron la Alerta fueron:
1. De enero de 2005 a agosto de 2010 se habían registrado 922 feminicidios, y en 526 casos se desconocía la identidad de los asesinos.
2. De los 125 del Estado de México, se identificaron diez municipios con altos índices de violencia y feminicidios (Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli).
3. Del total de los casos de homicidios dolosos, en el 61 por ciento de los casos las mujeres murieron como consecuencia de traumatismos craneoencefálico, heridas punzocortantes y asfixia por uso excesivo de la fuerza física, es decir, que 6 de cada 10 mujeres asesinadas en el Estado de México, fueron victimadas en actos con un alto grado de violencia que evidencian el uso excesivo de la fuerza física.
En enero de 2011 el SNPASEVM, en sesión extraordinaria, decidió “de manera infundada” negar la procedencia de dicha solicitud esgrimiendo argumentos irrelevantes al propio sentido de la alerta, de acuerdo con el documento.
“No se valoraron los hechos y pruebas que acompañaban la solicitud que pretendía se emitiera la alerta para salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres mexiquenses. Después de esto el gobierno del Estado de México inició una serie de acciones y compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres, los cuales no tuvieron los resultados esperados”, se lee en el documento.
Lo anterior motivó que tanto Católicas por el Derecho a Decidir como la CMDPDH presentaran un mes después un amparo que recayó en el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el DF, con el expediente 98/2011. Se argumentaba la falta de fundamentación y motivación de las integrantes del Sistema.
“Impugnamos la negativa, estaba malfundada, y a principios de este año el Poder Judicial recibió la información del cumplimiento del litigio, lo que ha detonado que se inicien los trabajos para determinar la alerta la cual está bajo responsabilidad del Sistema que debe crear un grupo multidisciplinario y hacer propuesta que se valorará por el sistema”, explicó el director de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara.
A tres años y medio de la presentación de la solicitud, la situación aún es grave en el Estado de México, añadió.
“Creemos como integrantes del Observatorio que hay una situación preocupante, en particular por las muertes de mujeres y las cuestiones relativas de desapariciones, vemos que están dadas las condiciones para la alerta. El amparo lo ganamos, el Sistema había fundado mal la negativa de solicitud encaminada a pedir decretar la alerta de violencia de género, ahora no vemos necesario presentar una nueva solicitud”, explicó.
Estrada por su parte reiteró que en el Edomex la violencia contra las mujeres se manifiesta con trata de personas, con desapariciones, feminicidios y con la delincuencia organizada y policías involucrados.
Informó que la titular de la Conavim les prometió una reunión lo más pronto posible con el Secretario de Gobernación para plantearle la necesidad de la AVM para el Estado de México.
“Tienen que garantizar un procedimiento para decretar y no aletargar un problema, esperamos que el Secretario de Gobernación no tarde, que la reunión que esté enfocada de cómo va a garantizar el proceso de investigación con imparcialidad y que está facultado a que el sistema no la impida, sabiendo que al sistema lo va a negar”.
Una de las críticas más frecuentes de los activistas es que el sistema, al tener representantes de todos los gobiernos estatales, nombrados por los gobernadores, se ponen de acuerdo entre ellos para evitar cualquier declaratoria.
“Hay voluntad, nos dijeron en la Conavim que es una bandera del Secretario, pero si es así se tiene que traducir en hechos concretos, porque el Sistema tiene que determinar si procede porque se ha negado a cualquier declaratoria, nos hablan que es el procedimiento del Reglamento. La ley solo ubica al secretario como responsable de admitir la alerta, no mandar un sistema”.
Criticó que a 7 meses del cambio de reglamento y de las condiciones para la declaración de AVM, aún no se haya decretado ninguna, aunque con el nuevo reglamento la primera solicitud en meterse fue la de Guanajuato.
Para Guevara, la responsabilidad de dicha situación es de todos los partidos.
“Yo le atribuyo la responsabilidad a los partidos políticos y a las personas que están al frente de los institutos de la mujer que no han votado de manera parcial e independiente, no son conocidas las razones por las que se opusieron en 2010, no hubo un motivamiento razonado”, concluyó.
SinEmbargo buscó la versión de la Conavim. La encargada de Comunicación Social de la comisión, Katia Chávez, dijo que esperaban la autorización del área correspondiente de la Secretaría de Gobernación para atender la petición.
