Los 49 niños muertos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, sirvieron de bandera para varios políticos que sacaron provecho de la tragedia. Uno de ellos, quizá el más emblemático, es el actual Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien ganó las elecciones de 2009 gracias a que prometió justicia a las mamás y papás y después se lavó las manos. El mandatario panista dejó en su puesto por tres años más al entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de la administración priista de Eduardo Bours Castelo, al ahora Diputado local Abel Murrieta Gutiérrez, señalado por obstruir las investigaciones en su primera etapa. El segundo, es el Presidente Enrique Peña Nieto, quien en su campaña presidencial de 2012 se reunió con un grupo de padres en Ciudad Obregón para prometerles justicia, pero lo que hizo fue premiar al ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Francisco Molinar Horcasitas –el  primer directivo que autorizó la subrogación de guarderías y estancias infantiles a particulares y quien, además, otorgó permisos para ese negocio– dentro del Pacto por México. 

Cinco años después del incendio, ni Padrés ni Peña Nieto cumplieron con sus promesas de campaña y en cambio la impunidad se mantiene. Además echó raíces en Sonora, como en el caso de Marcia Matilde Gómez del Campo, socia de la guardería y prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien vive tranquila y sin que nadie la moleste, como denuncian las madres y padres de los 49 niños a los que la sociedad civil no olvida y hoy honra.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– A cinco años del incendio que mató a 49 niños y dejó a otros 70 lesionados, el caso de la Guardería ABC continúa abierto, pero sin justicia. Los padres de las víctimas divididos en dos grupos, aunque trabajan por separado, tienen el objetivo común de llevar tras las rejas a los funcionarios que permitieron que aquel 5 de junio de 2009, a las 2:45 de la tarde, un galerón lleno de niños ardiera.

Desde hace un año, una de esas líneas de investigación que atrajo la Procuraduría General de la República (PGR) apunta a que la tragedia no fue un accidente, sino un acto criminal, provocado por ex funcionarios de la administración de Eduardo Bours Castelo para borrar la evidencia de malos manejos de recursos.

El grupo de madres que forman parte de Manos Unidas por Nuestros Hijos, y que apoyan esa hipótesis, viajó hace una semana a la Ciudad de México para proveer de más evidencias y pruebas a la línea de investigación que apunta a que el incendio se originó en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, contiguas a la ABC, después de que le prendieran fuego para destruir las pruebas de la deuda de 10 millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta.

“Ahora la PGR tiene los elementos necesarios para deslindar responsabilidades, los argumentos necesarios. Tenemos todos los elementos para decir que fue intencionalmente y que se le prendió fuero a la bodega contigua a la guardería. Eso fue lo que llevó a que nuestros hijos fallecieran. Está involucrado Eduardo Bours y otros ex funcionarios que trabajaban con él. Hay una cadena de personas involucradas”, dice Ofelia Vázquez Ruelas, madre de uno de los niños.

Ofelia está segura de que el incendio fue provocado y está aterrorizada. Dice que son cinco las mamás involucradas en la investigación, las cuales se enfrentaron al asombro e incredulidad de varios padres que también perdieron a sus hijos en el incendio, y de la sociedad hermosillense.

“Entendemos que desconfíen, es algo tan maquiavélico que es difícil de creer, pero sucedió. Nosotras las mamás que estamos muy metidas en la investigación, no tenemos dudas. Sabemos que la intención no era asesinar a nuestros niños, sino quemar documentos y sabemos que la orden se dio para que fuera en la madrugada y no a las tres de la tarde con nuestros hijos adentro de la guardería. Sabemos que por eso el autor material está muerto, lo mataron días después, pero no fue él solo, hay otros que tienen que pagar”, dice.

Ofelia se refiere a Carlos Andrés López Meza, quien fue ejecutado en Sonora con nueve impactos de bala y quien fue el encargado de iniciar el incendio en las oficinas contiguas a la Guardería ABC, de acuerdo con esa línea de investigación.

Gabriel Alvarado Serrano, abogado de los padres que conforman Manos Unidas por Nuestros Hijos, explica que está por concluir el proceso penal que se inició justo después de la tragedia en contra de 22 ex funcionarios de gobierno y particulares por el homicidio culposo de 49 niños y lesiones culposas de los menores afectados por el fuego y el humo.

Entre estos funcionarios está el ex delegado del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga; la coordinadora delegacional de guarderías,  Noemí López Sánchez, funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal y de Protección Civil Municipal, así como el Senador de la República Javier Lozano Alarcón, quien era Secretario del Trabajo y Previsión Social cuando se incendió la Guardería ABC.

“Estamos esperando a que se dicte sentencia por las omisiones de las que están acusados, paralelamente a este proceso existe actualmente dentro de la PGR cinco temas pendientes donde tiene que resolver la situación jurídica del ex Gobernador de Sonora Bours Castelo, Molinar Horcasitas, Abel Murrieta Gutiérrez y el ex Secretario de Hacienda de Sonora, ellos ya habían sido exonerados, pero se metió un amparo y siguen indicados como probables responsables”, explica.

Sin embargo para el abogado, la línea más fuerte es la investigación que se realiza para probar que el incendio fue provocado y cuyo autor intelectual es el ex Secretario Técnico de Bours, Juan Carlos Lam Félix.

“Fue el Secretario Técnico de Bours, Lam Félix quien operó esa situación. No tenemos conocimiento de si ya lo llamaron a declarar, pero sabemos que hace tres semanas pidió un amparo. Nosotros viajamos a la Ciudad de México ante la lentitud de las autoridades, porque ellos ya tienen elementos para actuar y le pedimos a la PGR que tome decisiones lo más pronto posible”, dice el abogado.

Ofelia Vázquez asegura que a la par de la exigencia de que se lleve tras las rejas al o a los autores intelectuales del incendio provocado, también exigen que se castigue a los ex funcionarios que permitieron que los niños permanecieran en una guardería que incumplía con todas las normas mexicanas que dicta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Una guardería que a decir de varios papás era “una bomba de tiempo” debido a las condiciones de seguridad, que en el momento de la tragedia tenía una salida de emergencia cerrada con candado.

“Es comprensible el temor del otro grupo de papás, porque ellos no han estado tan apegados al caso legal, pero es una cadena de servidores públicos, es una mafia, una plaga, un eslabón une a toda la cadena de anomalías, personas que autorizaron el uso de esa guardería”, dice.

CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES

El temor  de José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio y de otro grupo de papás, es que con la línea de investigación sobre un incendio provocado, Gildardo Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, María Fernanda Camou Guillot, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Antonio Salido, socios de la Guardería ABC y el resto de funcionarios que firmaron los permisos y solaparon a los dueños para que el galerón funcionara como guardería, sigan libres e impunes.

“Siempre la hemos rechazado esa línea de investigación, independientemente del origen del incendio, hay una larga lista de responsables. Además está la intencionalidad, porque tiene un precedente: el antecedente es que lo impulsó Felipe Calderon, él fue quien dijo en Hermosillo que era provocado. Nosotros respetamos la exigencia del otro grupo de padres, pero nosotros estamos con otro representante legal”, dice García Quintana.

Para el padre de familia el reclamo a cinco años del incendio es el mismo: justicia y la ampliación de la acción penal a los responsables de los tres niveles de gobierno y de los dueños de la guardería.

“Nosotros tenemos dos ejes fundamentales: la exigencia de la justicia penal, administrativa y el segundo, la exigencia de la no repetición. Hemos logrado algo muy importante en memoria de nuestros hijos e hijas en todo México a través de la  Ley General 5 de Junio, pero al hacer un recuento, tenemos un desinterés por aplicarla a nivel nacional, apenas lleva 30 por ciento la etapa de armonización legislativa”, detalla.

Abraham Fraijo Rascón, padre de la niña Emilia Fraijo Navarro fallecida el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, comparte el temor de García Quintana.

“Yo respeto las líneas de investigación que quieran que se abran, no se ha dado a la luz. Yo tengo mis reservas. Me preocupa que estén señalando a un responsable y esa persona está muerta, necesitaría leer la investigación. Sí hay grados de responsabilidad para los demás, pero los grados de responsabilidad disminuye increíblemente al decir que fue provocado. Hay que entender y decir que todos vamos sobre lo mismo: que se juzgue a los responsables”, dice.

Fraijo Rascón viaja cada año al Distrito Federal para encabezar la marcha que se inicia en el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

En su andar durante cinco años, la experiencia le dejó un aprendizaje: todos los que alguna vez prometieron darle justicia por la muerte de los 49 niños, se burlaron de esas promesas.

“Está Guillermo Padrés con una cobardía enorme,una falta de ética, sabemos que el estado se está cayendo pedazos, lo está vendiendo, realmente no tenemos un gobernador, tenemos un mercader. El tipo lo que está hiendo es hacer negocios y ya nos queda más que claro que no hará nada por el caso de la ABC, dejará el estado en bancarrota”, dice.

Para Abraham Fraijo el Gobernador de Sonora, del Partido Acción Nacional (PAN), sólo utilizó la tragedia para llegar a la gubernatura, debido a que las encuestas antes del incendio indicaban que no tenía posibilidades de ganarle al candidato del PRI.

Durante la primera quincena de mayo de 2009, un mes antes de lo sucedido en la guardería ABC, Consulta Mitofsky daba una ventaja de 15 puntos (con 49 por ciento de la preferencia electoral) al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Elías Serrano, sobre Guillermo Padrés del PAN.

El 29 de junio de ese año, la encuesta de Mitofsky señalaba que el incendio de la guardería aún estaba ausente en las preferencias electorales, pero periódico El Universal anunciaba al día siguiente los resultados que colocaba al PAN al frente en la contienda con 49 por ciento de los votantes contra 45 por ciento de las preferencias para el PRI.

El domingo 5 de julio de ese año el priismo, que llevaba más de 70 años en el poder en Sonora cayó y se erigió como nuevo gobernador el candidato panista Padrés Elías.

El mismo Eduardo Bours reconoció en conferencia de prensa, luego de conocer los resultados de las elecciones, que el incendio de la guardería incidió en la decisión final de los sonorenses. Sonora, adolorido por la pérdida, decidió en las urnas.

El ex Gobernador atribuyó la derrota al “mal manejo de la prensa” sobre el incendio.

En una conferencia, una vez que se conocieron los resultados electorales, Bours expresó: “Puedo caminar por la calle con la frente en alto. Los logros de mi gobierno me permiten dormir como un bebito”.

Un día después de las elecciones, como virtual ganador, Padrés Elías prometió justicia para el caso de la guardería. Pero no cumplió.

De acuerdo con una nota firmada en 2009 por Danilo Luna en el periódico El Imparcial, Guillermo Padrés le dio el pésame a varios papás a las afueras del Palacio de Gobierno y les prometió justicia.

“Al salir del recinto, después de entrevistarse con el Gobernador Eduardo Bours Castelo, Padrés Elías se acercó a Julio César Márquez Ortiz, papá del pequeño “Yeyé”, muerto en el incendio del 5 de junio. ‘El dolor que ustedes tienen es muy grande y lo comparto, he sido muy respetuoso con este tema por obvias razones, nunca hablé del tema durante la campaña, no lo he hecho ahorita, lo único que sí les garantizo es que a partir del 13 de septiembre van a tener todo el apoyo y el empeño del próximo Gobernador para hacer justicia’, afirmó”, cita la nota.

Juana Luna Hernández, mamá de uno de los niños fallecidos, dijo en octubre del año pasado durante una manifestación a SinEmbargo que el caso de sus hijos se politizó y nadie se atreve a encarcelar a los culpables del siniestro.

«Desgraciadamente se vino haciendo político, luego llegó alguien que no merece estar ahí, que es Guillermo Padrés, pues ese se comprometió con los padres a empujar el caso y nunca hemos sabido que venga aquí a decir ‘vengo a que hagan justicia por estos padres’, siempre dice que nos tiene respeto, pero aquí no se trata de respeto, se trata de actuar y cumplir con una promesa de campaña que nos hizo», dijo.

Luna Hernández indicó que los sonorenses están lastimados por la forma en la que su Gobernador, se lavó las manos.

«Él no quiere saber nada del caso ABC y dice que el caso ya es de la Presidencia, de Gobernación, pero no es así, él también tiene responsabilidad porque el incendio sucedió en una bodega del Estado de Sonora», afirmó.

Además de no hacer justicia, el gobierno de Padrés trató de que el tema se olvidara en la opinión pública, de acuerdo con el periodista y realizador Pedro Ultreres –creador del conocido documental La Bestia que presenta la ruta de la muerte que tiene que recorrer el migrante centroamericano a través de las vías del tren– quien llevó a la pantalla la historia de los  niños fallecidos.

Pedro Ultreres fue intimidado por autoridades municipales a través de mensajes anónimos en Hermosillo.

UNA CADENA DE IMPUNIDAD

Abraham Fraijo, padre de Emilia, se dice decepcionado de la impunidad que se vive en México y de la calidad moral de los políticos que lo gobiernan.

“El tipo se colgó de la muerte de nuestros hijos. Padrés es un  monigote, no es un político, es un empresario, es un mercader, tengo la esperanza de que cuando todo esto termine él sea procesado por fraude, espero que sí”, dice sobre el Gobernador de Sonora.

Fraijo Rascón también se refiere a los priistas: al Presidente Enrique Peña Nieto que en una reunión en Ciudad Obregón, Sonora, cuando estaba en campaña en 2012, prometió justicia a varios papás de los niños muertos en la ABC.

Habla de la Senadora de la República, Claudia Pavlovich, quien busca ser la primera Gobernadora de Sonora y que junto con el arzobispo José Ulises Macías, se unió a un grupo de personajes connotados de Sonora que defendieron a los dueños de la Guardería.

Claudia Pavlovich firmó cartas dirigidas al juzgado primero de distrito en las que resaltaba la solvencia moral, finura y probados valores éticos y morales de los dueños de la guardería, señalados en ese momento como responsables de la muerte de los 49 menores.

“Esta mujer siendo diputada local, firmó una carta dirigida al juez que llevaba el caso para decirle ‘como diputada te estoy diciendo que no los toques, que no son responsables, son mis amiguitos’ y no estamos hablando de cualquier persona. Tenemos a Ernesto Gándara [Senador de la República por el PRI y ex Presidente Municipal de Hermosillo] por omisión, porque no hizo nada. Tenemos a Abel Murrieta que claramente protegió, desvió y entorpeció las investigaciones. Sólo se protegió a los cobardes. Es como si me dijeran que Claudia tiene posibilidades de quedar como Gobernadora de Sonora, que voy a estar pagando con mis impuestos a una mujer que protegió a los asesinos de mi hija. Esas son la justicia que tenemos en México”, dice.

Todos los implicados en el caso enfrentan el proceso legal el total libertad. Los socios de la Guardería ABC pasean por Hermosillo, asisten a eventos sociales, frecuentan los centros comerciales los fines de semana y hacen una vida normal como cualquier hermosillense.

“Aquí los vemos. Ellos andan como si nada hubiera pasado”, dice Adriana Guadalupe Villegas, madre de Héctor, uno de los niños lesionados.

Los dueños según los papás disfrutan de sus influencias, pues Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo es prima de la ex primera dama de México, Margarita Zavala de Calderón y sobrina de la ex primera dama de Sonora, Lourdes Laborín de Bours.

De acuerdo con los padres, ninguno de los socios de la Guardería ABC se ausentó del país como lo dio a conocer la “ficha roja” de Interpol emitida en julio de 2009, donde se dijo buscar a los dueños de la guardería en 178 países debido a que escaparon de la justicia mexicana.

UNA HISTORIA DE DOLOR

La familia de Julio César Márquez no es la misma. Está destrozada por la ausencia del pequeño “Yeyé”, uno de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo el 2009.

Su esposa Estela no se recupera. Durante los últimos años fue internada en hospitales psiquiátricos cuatro veces.

Julio César fue el hijo menor y tenía casi tres años cuando falleció en la guardería. Ese día su padre Julio, su mamá y sus dos hermanos fueron a comer a un restaurante de comida china y eso los retrasó para pasar por él a la hora habitual.

“Siempre pasábamos por él antes de las dos de la tarde, porque después era la hora de la siesta y no nos gustaba despertarlo. Ese día llegamos después, cuando ya no había nada y cuando ya habían sacado a todos los niños”, recuerda Julio César.

El incendio de la guardería ocurrió entre las 2:30 y las 2:45 de la tarde aproximadamente. Cuando los padres de Yeyé arribaron al lugar, el panorama fue desolador.

“Ya no encontramos nada, nos dijeron que los niños que habían sacado estaban en una de las casas de enfrente, lo fuimos a buscar y no estaba. Hoy con el tiempo me doy cuenta que mi hijo murió adentro o afuera unos minutos después de sacarlo”, recuerda Julio.

Lo que vivieron después, en aquella tarde, fue dolor y angustia. Los papás de Yeyé buscaron por horas en los hospitales de Hermosillo sin éxito.

A las doce de la noche, Julio encontró a su pequeño sin vida y la noticia cimbró a la familia.

“Fue un niño planeado. Nació el 20 de septiembre de 2006 y ya estaría próximo a cumplir los siete años. Su partida nos sumió en un profundo dolor”, dice.

Julio César es fuerte, asegura, pues debe ayudar a su esposa. Estela vive aún tiempos difíciles, pues hasta la fecha continúa en tratamientos psiquiátricos y psicológicos.

“La última ocasión que estuvo internada fue el año pasado para eliminarle de su cuerpo un medicamento controlado. Ha sido ingresada en cuatro ocasiones: dos en 2009 en Guadalajara donde le dieron terapias electroconvulsivas; en el 2011, en el Distrito Federal y en 2012 estuvo en una clínica en Mazatlán, Sinaloa”, dice.

Aunque Estela logra progresos, cada que se acerca la fecha del 5 de junio, los recuerdos se avivan y la mamá de Yeyé sufre crisis.

“Padece alucinaciones. Empieza a ver a nuestro hijo, lo escucha cuando estaba vivo. La verdad es muy muy fuerte lo que nos pasa. Ha sido complicado, pero estamos saliendo juntos porque nos amamos y es lo que nos sostiene”.

La pareja procreó otros dos hijos, una niña de nueve y un niño de 13. Para ambos pequeños la vida también cambió.

“No hay normalidad, todo eso se acabó. Un día que pudiera ser normal, es que Estela no tenga una crisis, mis hijos lleguen de la escuela, hagan su tarea y pasen un día con su madre y su padre, pero eso no ocurre con frecuencia”.