El cobro de derecho de piso por parte de una fuerza dominante a una comunidad completa más que una extorsión parecería constituir un impuesto (y nunca mejor utilizada esta palabra). El tributo exigido equivalía a un peso por cada metro cuadrado cultivado por parte de agricultores y una cantidad por mercancía vendida a cada comerciante. La respuesta de la comunidad en contra de sus verdugos terminó en ocho delincuentes ejecutados y, al parecer, tres vecinos fallecidos. Los hechos ocurrieron este viernes en Texcaltitlán, Edomex, a 65 kilómetros de Toluca.

Extorsión a esta escala y justicia por mano propia revelan la fragilidad del Estado mexicano, o la ausencia de este, en algunos bolsones del territorio. Sería absurdo negar que lo que sucede a una hora de Toluca no está ocurriendo en muchos otros sitios peor comunicados y distantes. Las autoridades dirán que es una anomalía, una reminiscencia del estado de cosas heredado de administraciones pasadas; la oposición denunciará que se trata de una muestra fehaciente del fracaso de la estrategia de seguridad pública del Gobierno de la Cuarta Transformación. Las dos cosas son ciertas y, por lo mismo, falsas a la vez. Y mientras sigamos escondiéndonos en visiones partisanas difícilmente saldremos del problema. Minimizarlo para evitar la crítica o endilgar la responsabilidad exclusiva al grupo gobernante es, justamente, una de las razones por la cual nos encontramos en esta crisis.

El enseñoramiento de los cárteles en algunas zonas del país y su fragmentación en bandas cada vez más feroces es resultado de un largo complejo en el que autoridades de ahora y del pasado llevan una enorme responsabilidad, por complicidad, incapacidad o inacción. Por supuesto solo tenemos el presente y al gobierno de turno para exigir que se haga algo. Pero tampoco podemos ignorar que las actuales autoridades enfrentan una situación agravada, por efecto acumulado, más difícil de resolver que la que sufrieron sus predecesores.

En un reciente artículo Alejandro García Kobeh y Jorge Mariscal (Nexos, 9 de diciembre 2023) reflexionan sobre las categorías de Estado funcional, fallido, fallando y narcoestado. Concluyen que México no es un narcoestado en el sentido de que las instituciones no operan para defender y promover los intereses de los grupos criminales. Pero asumen que podríamos encontrarnos en algún punto entre un estado fallando y un estado fallido. El primero remite a una situación en la que los niveles de criminalidad y de homicidios dolosos se elevan por encima de la media internacional, la violencia y el crimen son preocupaciones centrales de la ciudadanía y la economía resulta marginalmente afectada de forma negativa, pero la delincuencia al menos está contenida por las fuerzas del orden. Ese es un Estado fallando, según los autores, y no cuesta trabajo pensar en la situación de México. El “fallando” se convierte en “fallido” cuando el poder de fuego de la delincuencia supera al de la autoridad y el gobierno no cuenta con los recursos materiales, humanos, financieros o de inteligencia para reprimirlos.

Tengo la impresión de que al inicio de su sexenio Andrés Manuel López Obrador entendió que el país se encontraba muy cerca de esa situación. El poder de los cárteles parecía muy superior al de las policías federales, estatales y municipales en número de elementos y en capacidad de fuego. La construcción de más de 500 cuarteles y la organización de una Guardia Nacional con más de 150 mil elementos desplegados en el territorio formaría parte de un proyecto de mediano plazo para subsanar tal carencia. El Estado mexicano tenía que recuperar la geografía y para conseguirlo debía ocuparla. Asumo que la denostada política de “abrazos no balazos” fue un intento (fracasado) de ganar tiempo en una especie de tregua, mientras la autoridad se daba la oportunidad de emparejar la potencia bélica frente al crimen organizado. Si él no tuvo la oportunidad de afrontar directamente a un ejército de sicarios, decidió tomar las acciones para que su sucesor al menos tuviese esa alternativa sobre su mesa. No sé si al final lo habrá conseguido, y quedará para la discusión si tal objetivo (rearmarse y desplegarse) podría haberse conseguido por vía policiaca y no militar de manera más rápida o expedita. Pero lo cierto es que si la definición de Estado fallido es aquella en la cual los criminales superan en capacidad de fuego a la autoridad, en 2023 existe un mejor balance que en 2018, al margen de que hasta este momento no se haya dado la orden de afrontar directamente a las bandas criminales o de asumir el control de las regiones perdidas.

Difícilmente la situación cambiará el resto del sexenio. Las presiones de Estados Unidos en tiempos electorales y la indignación por el daño del fentanilo en la población vecina, provocarán un endurecimiento del Gobierno mexicano en contra de los grupos criminales que mueven esta droga. Ya lo comenzamos a notar, de hecho. Pero muy poco más, excepto el intento de completar los objetivos en materia de cuarteles y GN.

La matanza en Texcaltitlán puede ser un incidente singular, porque no es usual que una comunidad enfrente a bandas que poseen armas de alto poder. Pero es una llamada de atención al hecho de que muchas localidades se encuentran sometidas a esta expoliación día a día. Como todos los problemas estructurales, el peso del crimen organizado y su penetración en el tejido social no es un problema que vaya a ser resuelto por un Gobierno o en un sexenio. Se construyó a lo largo de décadas y no hay soluciones mágicas e inmediatas para solucionarlo. Tendrá que ser el resultado de políticas públicas a lo largo de varias administraciones, alternancia o no alternancia, y del compromiso y sacrificio de parte de muchos actores de la sociedad en su conjunto.

Fallando o fallido, lo cierto es que Estado no es lo mismo que Gobierno en funciones. Implica los gobiernos estatales y municipales, las instituciones públicas y el poder judicial y legislativo. El combate a la inseguridad pública y el saneamiento del sistema judicial tendrían que ser prioridades por encima de la rivalidad de los partidos. El tema de las mujeres o del combate a la pobreza son paradigmas que han cruzado todo el espectro político. Hoy todos los partidos postulan mujeres predominantemente o al menos equitativamente, debido a la presión de la opinión pública. Algo similar sucede con la atención a las exigencias de las mayorías; no es casual que, incluso la oposición, haya postulado a Xóchitl Gálvez, la candidata que mejor respondía a esa exigencia, en lugar de optar por uno de los suyos (Santiago Creel el PAN y Enrique de la Madrid, el PRI). Ha llegado el momento en que la inseguridad pública se convierta en un tema de convergencia y puesta en común y no el pretexto para sacar raja a un rival político.

@jorgezepedap

Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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