A nivel constitucional está lo mismo, pero a nivel de la ley reglamentaria, si se hizo y vaya de qué forma tan poco parlamentaria, el Ejecutivo envío una iniciativa de reformas que se ha dicho ronda en una buena cantidad de cuartillas y, todavía el martes por la mañana, los diputados no conocían y menos habían leído, analizado, debatido, consensado y votado en comisiones para llevarlo al pleno y someterla a una nueva discusión y hacer la votación de ley, lo que significa que los diputados morenistas y aliados votaron algo que probablemente nunca leyeron.

Increíble, que una iniciativa de fondo se le haya otorgado una dispensa para evitar el proceso y el debate parlamentario lo que da pie a que la oposición haya salido del recinto a tropel y, nos dicen, a una acción de inconstitucionalidad.

Rompe así, de tajo, una buena costumbre de nuestra transición a la democracia donde las fracciones parlamentarias negociaban y decidían sobre el futuro del INE, los consejeros, las reglas de competencia, las coaliciones en función de sus programas y alcances electorales.

A reserva de conocer el documento que, a decir por Adán Augusto López, elaboraron los juristas de la Presidencia de la República y la secretaria de Gobernación, recuperamos algo de lo más importante que se ha publicado en los medios de comunicación y que contemplaría la iniciativa presidencial:

Primero, el presupuesto del INE, que como sabemos, tiene que ver con el dinero del árbitro electoral y el de los partidos políticos que, en las elecciones concurrentes de 2021, rondó sobre los 20 mil millones de pesos sólo en la elección federal y, con esta decisión apresurada, todavía no se sabe el monto que se recortara, aunque el presidente López Obrador, ha dicho con un tono de alegría que serán 3 mil 500 millones de pesos lo que se le quitara al INE.

Con esta decisión se afecta al instituto y no a los partidos, que, por ley y fórmula de financiamiento, seguirán obteniendo recursos en función de los votos recibidos en la última elección de diputados federales y estatales.

Ante esta nueva circunstancia regresiva obligara al INE a una reingeniería institucional para seguir cumpliendo con lo que establece la ley en materia electoral, aunque no esté obligado hacer lo que no puede hacer y ahí, se abre una veta de problemas, que luego veremos su dimensión cuando inicie el proceso electoral en 2024 o, antes, en 2023, cuando estarán en disputa los estados y municipios de México y Coahuila.

Segundo, este recorte presupuestal impactará en la estructura del INE y los institutos electorales de los estados (OPLE´S), porque si bien no reduce el número de consejeros electorales obligará a recortar personal profesional que presta sus servicios en estas instituciones y, si permanecen todas las obligaciones institucionales, está cantado de que habrá más trabajo para los que sobrevivan en la nómina sobre todo considerando que se compactaran las juntas distritales a un número indeterminado.

Tercero, producto de lo anterior, podría desaparecer o disminuirse sensiblemente el llamado Servicio Profesional Electoral Nacional que subrayo, es único, en la administración pública federal y estatal lo que, en el mediano plazo, sabemos, se podría traducir en un debilitamiento de la gestión y operación electoral.

Cuarto, se reintegran al gobierno los fondos de los fideicomisos que tiene el INE, que cómo lo explica el instituto en su plataforma se trata de un: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral, cuyo objetivo es la protección de los derechos de las y los trabajadores, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos del INE, tienen funcionamiento totalmente diferente; es decir, destino u objeto, fuente de financiamiento, comité, reglas de operación y cuenta bancaria, entre otros” que afirma el INE tiene cobertura constitucional lo que significa que habrá controversia entre poderes.

O sea, no sólo se va a despedir a un buen número de profesionales sino a los que se queden les mermaran derechos laborales.

Y algo que ha sido materia de cuestionamiento: los sueldos y prestaciones de los consejeros y altos funcionarios del INE, y por lo tanto en los estados, se tendrán que ajustar al sueldo -ojo, que no la remuneración que establece la ley y, que evidentemente, es superior a lo que recibe el presidente que habita en Palacio Nacional con todos sus insumos, servicios, personal…

Y, algo que resulta dudoso, es la unificación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el de cómputo de votos en tiempo real lo que prácticamente es un sin sentido pues al unificar pierde utilidad el instrumento para ver las tendencias de votación de los ciudadanos lo que nos regresaría a la triste historia de que todos los candidatos se proclamen vencedores en las contiendas electorales y esto, con un tribunal electoral disminuido, pronostica un desenlace crítico.

Finalmente, una decisión que provocara reacciones entre las mujeres es la desaparición de la paridad en las postulaciones a cargos de elección popular lo que literalmente es una contrarreforma en materia de género.

¿Qué es lo que viene? Para cuando aparezca este artículo (sábado) la oposición habrá hecho el análisis sobre la constitucionalidad de las reformas que seguramente serán ratificadas en el Senado en tiempo y forma y si encuentra que algunas de estas modificaciones, no son constitucionales interpondrán sus recursos ante la Corte de la Nación y ahí, la cuestión, es la escasa celeridad en las acciones y controversias constitucionales que terminan por habituar lo que podría resultar inconstitucional.

Se presume en esto el rol que juega Arturo Zaldívar, el ministro presidente de la Corte, que juega con los tiempos y los asuntos se van largo lo que termina por hacer ganar los abusos contra la Constitución.

Sin embargo, hay quienes afirman que en esta fase la resolución de las acciones y controversias constitucionales están en manos de los presidentes de las cámaras legislativas que, por común acuerdo, y amparados, en el artículo 105 de la Carta magna, puedan solicitar a la Corte que resuelva en forma expedita las quejas que se le presente en esta materia.

No está fácil el acuerdo interparlamentario por las motivaciones políticas pues la Cámara de Diputados, está presidida por el panista Santiago Creel, mientras, la de senadores por el morenista Alejandro Armenta.

Ahora, la iniciativa de reformas va al Senado de la República donde repite Ricardo Monreal que los legisladores si van a revisarla para garantizar su constitucionalidad, sin embargo, está todavía fresca la tinta de la reforma sobre la Guardia Nacional que, recordemos, el líder de la Jucopo dijo que el Senado no sería una oficiala de partes y que entrarían al fondo. Al final se impuso lo político y se extendió el plazo hasta 2028 del tutelaje del ejercito sobre la Guardia Nacional.

En definitiva, podemos terminar, diciendo, que fue un triunfo pírrico la derrota de la reforma constitucional porque la ley secundaria va con dispositivos explosivos que afectaran el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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