Durante los primeros meses de la pandemia, centenares de trabajadores migrantes contrajeron la COVID-19 en explotaciones agrarias del país y al menos cinco migrantes de México y Centroamérica murieron como consecuencia de la enfermedad.
Toronto, Canadá, 10 diciembre (EFE).- La principal organización que defiende los derechos de los trabajadores migrantes en Canadá no confía en que el Gobierno canadiense acometa los cambios necesarios para ayudar a los jornaleros extranjeros después de que un informe oficial asegurara que el país no los ha protegido contra la COVID-19.
Así lo apuntó a EFE Karen Cocq, portavoz de la organización Migrant Workers Alliance for Change (MWAC), quien lamentó que, a pesar de las promesas, el Gobierno canadiense no ha actuado hasta ahora para proteger contra la COVID-19 a trabajadores temporales llegados de países como México, Guatemala, El Salvador o Perú y desconfía que lo haga en el futuro.
“El Gobierno canadiense hace pequeños cambios para responder a las demandas de la opinión pública, pero sigue trabajando en favor de los intereses de los empresarios, a quienes las cosas les están funcionando de forma fenomenal”, declaró Cocq.
Un informe de la Oficina del Auditor General (OAG) del país, organismo independiente creado por el Parlamento de Canadá, señala que en los dos últimos años, el departamento que inspecciona las condiciones de trabajo y vida de los jornaleros extranjeros, Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC por sus siglas en inglés) no realizó su trabajo y presentó datos falsificados.
El informe dice en concreto que el 73 por ciento de las inspecciones realizadas en 2020 tenían graves problemas y que en 2021 la situación ha empeorado hasta alcanzar el 88 por ciento de las inspecciones realizadas, a pesar de que la Oficina del Auditor General advirtió al Gobierno canadiense de la situación a principios de año.
Según OAG, ESDC no obligó a las empresas que contratan trabajadores migrantes, muchas de ellas explotaciones agrícolas que traen a personas de Latinoamérica y el Caribe, a cumplir las normativas contra la COVID-19 o en temas referidos al acceso a agua potable, productos de limpieza y residencia adecuada.
Durante los primeros meses de la pandemia, centenares de trabajadores migrantes contrajeron la COVID-19 en explotaciones agrarias del país y al menos cinco migrantes de México y Centroamérica murieron como consecuencia de la enfermedad.
