Las movilizaciones ciudadanas obligaron al Gobierno de México a reconocer la crisis de derechos humanos. Los avances son pequeños, pero del debate ya comenzó.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El reconocimiento a nivel internacional de que México enfrenta una crisis de derechos humanos fue gracias al trabajo de ciudadanos y de la sociedad civil, que a través de distintos medios empezó a denunciar los casos de violaciones a sus garantías, reconocieron representantes de organismos internacionales y académicos.
Representantes de distintas organizaciones y universidades entrevistados por SinEmbargo, afirmaron que la administración del Presidente Peña Nieto ocultó la crisis de derechos humanos que vive el país, en medio de un discurso triunfalista orientado a atraer grandes inversiones a México gracias a las reformas estructurales, sin embargo, en casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la ejecución de 22 ciudadanos por parte de elementos del Ejército en Tlatlaya, la voz de la sociedad civil narró alrededor del mundo la verdadera situación del país.
“El Gobierno está fallando en resolver los problemas y en comunicar la situación de violación a derechos humanos, ¿qué pasa con todos los casos sin resolver: Tlatlaya, Tanhauto, Ayotzinapa?, no es un solo caso, ¿qué ha pasado con todas las desapariciones de personas?. Aquí fue la sociedad la que levantó la voz y dijo ‘¡oigan, aquí está pasando algo!’, mientras que el discurso del gobierno era de un país próspero para las inversiones”, señaló Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada del Departamento de Asuntos Públicos y Seguridad de la Universidad de Texas en el Valle de Río Grande (UTRGV).
Desde su óptica, a pesar de que la situación llamó la atención de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e, incluso, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lejos de mejorar, la situación ha empeorado.
“Pero también se desaprovecharon oportunidades oportunidades para esclarecer y dar respuesta a casos como el de Ayotzinapa y formar un marco legal que garantice el respeto de los derechos de los mexicanos”, expresó la académica.
Uno de los eventos que se recuerda en materia de derechos humanos en México fue el hecho de que el Gobierno federal se enfrentará públicamente con el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, quien en el mes de marzo emitió un informe en el que señalaba que la tortura en el país era una práctica “generalizada”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a Méndez que en su informe solo se incluían 14 casos, en 13 de los cuales ya existían avances. Sin Embargo, Amnistía Internacional denunció que entre 2013 y 2014 los casos de tortura en el país habían pasado de mil 165 a 2 mil 403 –basados en datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Algo interesante fue la crítica fuerte de Relaciones Exteriores hacia Juan Méndez. Un representante mexicano dijo en una conversación privada dijo que ‘pasaron la línea y dañaron la imagen internacional con este tipo de ataques a los mecanismos de defensa de derechos humanos’”, dijo por su parte Rupert Knox, experto independiente en derechos humanos.
Reiteró que fue la sociedad civil quien hizo público a nivel mundial la realidad sobre el respeto a los derechos humanos en México.
“Hay una visión internacional y nacional que indica que el gobierno no recibe el apoyo de la población y que por eso no hay respeto a los derechos humanos y esto nos dice que no a nadie le gustó el regreso del PRI [Partido Revolucionario Institucional] a la Presidencia –después de 12 años de haber sido ocupada por mandatarios del Partido Acción Nacional (PAN)-. Si la nueva administración hubiera demostrado que estaba comprometida con los principios de respeto a los derechos humanos, la comunidad internacional se hubiera quedado callada y contenta”, expresó Knox desde Londres.
Admitió que ahora, ante el tema de la crisis de refugiados de Siria y los atentados terroristas en Francia, la crisis de derechos humanos en México ha ido perdiendo atención internacional.
¿ALGO QUE FESTEJAR?
Desde hace 65 años, el 10 de diciembre se recuerda como el Día de los Derechos Humanos, esta vez, en el caso de México, Perseo Quiroz Rendón, director Ejecutivo de Amnistía Internacional en el país, aseguró que el reconocimiento es para la sociedad civil, que a pesar de “las tragedias y los desaparecidos” a lo largo y ancho del país “no ha bajado la guardia y está dando la batalla para que las cosas puedan cambiar”.
El 7 de octubre, el alto comisionado para de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, advirtió que en México el 98 por ciento de los casos de violación a derechos humanos permanece impune.
Refirió que entre diciembre de 2006 y agosto de este año se habían contabilizado ene l país 151 mil 233 asesinatos, una cifra “impactante” para una nación que oficialmente no se encuentra dentro de un conflicto armado.
“Lo que lo marca este año es que finalmente, como sociedad, empezamos a reconocer que tenemos una crisis en materia de derechos humanos; antes existió, de alguna manera, una crisis de la cual no se hablaba, se hablaba sólo de cuestiones de seguridad, pero no cómo ha afectado a los derechos humanos, sólo había un discurso de buenos y malos, pero ahora se está hablando de cómo esto está afectando la vida de las personas de a pie”, expresó Quiroz Rendón.
Los tres entrevistados coincidieron en que el tema de los desaparecidos en México no es nuevo, pero el tema Ayotzinapa logró que este y otros temas como la tortura, se pusiera en el debate internacional.
Este debate, prosiguió Quiroz, obligó al gobierno a reconocer algunas problemáticas “no en su justa dimensión, pero ya se dio cuenta que no es posible tapar el sol con un dedo” y prueba de ello es que por primera vez se tuvo que admitir que existe un problema de feminicidios al decretarse dos alertas de género: una en 11 municipios del Estado de México y otra en Morelos.
“También marcan muchos temas como el acceso a los derechos económicos y culturales para el resto de la población, la inequidad… es un momento de mucha reflexión, porque todavía hay un sector de la población que no alcanza a vislumbrar la crisis”, observó.
Sin embargo, siguen pendientes caso como los de perscusión a la libertad de prensa: en el primer semestre de 2015 se documentaron 227 agresiones contra periodistas, entre ellos el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, en la Ciudad de México.
Reconoció que existen algunos avances, pero aprovechó para señalar que en un momento como el que atraviesa el país se requieren estadistas y no políticos que reconozcan los problemas en la medida que los obliga la coyuntura, y no aquellos que no dan soluciones reales.
