Especialistas sostienen que los modelos de salud orientados a las personas que viven en condiciones de pobreza les ofrecen una atención a la salud restringida, con varias dificultades de acceso y, además, aumentan el empobrecimiento del sector al no mermar los gastos de bolsillo en salud.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– “La pobreza extrema es la enfermedad mortal más cruel del mundo y la mayor causa de sufrimiento en la tierra”, se lee en el Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1995. Un glosario editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) cita la frase y señala que la pobreza está profundamente vinculada con la salud de las personas.
“Se observan claras diferencias entre clases sociales respecto de la calidad de la salud. Las personas y niños que pertenecen a clases sociales ‘bajas’ tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades infecciosas y parasitarias, neumonía, intoxicación o violencia. Los adultos de estas clases sociales tienen mayores probabilidades de padecer cáncer y enfermedades cardíacas y respiratorias”.
“La pobreza sería la principal causa de una baja esperanza de vida, de discapacidad e invalidez y de inanición. Sería también el factor principal de las enfermedades mentales, el estrés, el suicidio, la desintegración familiar y el abuso de drogas”, cita el documento.
En México, 55.3 millones de personas viven en pobreza, y entre ellas, 11.4 millones subsisten en condiciones de pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Además de estos 55.3 millones, 8.5 más están catalogados como “vulnerables por ingreso”, lo que da un total de 63.8 millones de mexicanos en pobreza por ingresos que sirven para satisfactores básicos.
La mitad de nuestro país, pues, es pobre. Y la desigualdad socioeconómica persistente se percibe en múltiples dimensiones, de las que la salud no es la excepción. Así como el acceso a servicios de salud y seguridad social determinan el nivel de pobreza de la población, ésta interrelación puede interpretarse a la inversa: la población con menores ingresos recibe menos recursos y peores servicios de salud que la población con mayores ingresos, señala la organización Acción Ciudadana, Frente a la Pobreza.
Del total de habitantes de nuestro país, el 21.5 por ciento de la población (en términos genéricos, uno de cada cinco mexicanos), no tiene acceso a los servicios de salud, esto tiene efectos especialmente adversos para quienes viven en condiciones de mayor pobreza, pues en este sector existe mayor carencia de cobertura en salud.
Por otro lado, quienes cuentan con ella la reciben de forma desigual, pues “el sistema público de salud [mexicano] presenta un problema ‘crónico’ de inequidad que produce desigualdad de trato para quienes viven en condición de pobreza, especialmente para población indígena y para quienes viven en zonas rurales de alto rezago social”, destaca el Frente.
LA POBRE COBERTURA DEL POBRE
Mientras que los sectores con mejores ingresos suelen estar afiliados a algún tipo de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Semar o Sedena), los que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y/o no cuenten con seguridad social, son atendidos a través de el Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS), mejor conocido como Seguro Popular (SP), o por el Programa IMSS-Prospera.
“El problema de este modelo de atención fragmentado,es que es como si se dividiera a los ciudadanos de nuestro país en ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Los últimos son quienes tienen menos recursos, los pueblos indígenas y los campesinos y desempleados que no tienen derecho a seguridad social”.
“Las personas con menos recursos no tienen otra opción que acudir a estos servicios que ni siquiera ofrecen una cobertura amplia de salud, sino que en ellos sólo tienen derecho a un número restringido de intervenciones médicas (285) y en este paquete se incluyen algunas intervenciones que anteriormente se daban de manera gratuita. El punto central de esto es que la atención a la salud se reduce a este paquete que, además, no prevé la atención de todas las complicaciones de salud que puedan presentar los pacientes”, dijo a SinEmbargo Juan Manuel Castro, Coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).
Ni el Seguro Popular ni IMSS-Prospera, por ejemplo, contemplan la atención de algunas de las enfermedades crónico degenerativas que más están causando muerte a los habitantes del país, “Un ejemplo es la insuficiencia renal como complicación de la diabetes, y esto sucede aun cuando la población más pobre es la que más sufre enfermedades crónicas, porque los riesgos de salud para el desarrollo de esos padecimientos en ese sector son muy altos y además los procesos de atención son muy malos y muy tardíos”, expone Castro.
Esta falta de cobertura, detalla el especialista, deriva en gastos de bolsillo, es decir, desembolsos personales de los usuarios para recibir algún servicio de salud, principalmente por servicios privados, aún cuando el SNPSS, a partir del 2007 adquirió el perfil de un programa para combatir la pobreza.
Cristina Laurell, en su estudio Impacto del Seguro Popular en el Sistema de Salud Mexicano, editado por CLACSO, al examinar el gasto con relación al empobrecimiento de las familias inscritas al Seguro Popular encontró que por cada peso de gasto de bolsillo, el SP gastaba 0.93 peros y que el 58 por ciento de estos gastos personales en salud corresponde a los sectores más pobres.
El mismo estudio comprobó que dicho programa en realidad deja sin cobertura al 36.7 por ciento de la población con mayores niveles de pobreza. “En las localidades rurales, donde la incidencia de la pobreza de ingresos es relativamente mayor en relación con la de las zonas urbanas, más de cinco millones y medio de personas se encuentran sin cobertura del Seguro Popular”, plantean datos del Frente contra la Pobreza.
Por otro lado, el primer nivel de atención que ofrece este servicio, platica Manuel Castro, está bastante debilitado, pues no hay un modelo de medicina familiar integral: “este nivel de atención básica que tiene énfasis en la prevención y atención a daños a la salud más frecuentes de la población está generalmente a cargo de pasantes de medicina que no tienen la debida preparación”.
En conjunto, las dificultades de accesibilidad a la salud a las que se enfrentan los sectores más pobres tanto en entornos urbanos como rurales, en palabras del coordinador de ALAMES son acceso limitado a servicios de salud, falta de continuidad en la atención de todos las enfermedades y/o intervenciones médicas que requieran, saturación de los servicios de salud, falta de infraestructura, horario de atención insuficiente y falta de recursos humanos.
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La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, en un informe del 2005, señala que “La justicia social es cuestión de vida y muerte […] Las desigualdades evitables de salud surgen a causa de las circunstancias en las cuales la gente crece, vive, trabaja, envejece y del sistema construido para enfrentar la enfermedad. Las condiciones en las cuales la gente vive y muere están, a su vez, creadas por las fuerzas políticas, sociales y económicas”.
“La distribución extremadamente desigual de la riqueza nacional que se podría corregir con una decisión política firme”, asegura Laurell en su estudio. Si esto se hiciera y las prioridades de los gobiernos cambiaran existiría la posibilidad de financiar un sistema público de acceso igualitario y desmercantilizado, en el cual ni la inserción productiva ni la capacidad económica significaría la exclusión de nadie del derecho de acceder a la atención necesaria para el florecimiento humano de todos”.
“La sociedad civil debe actuar y exigir que el sistema público de salud enfrente sus padecimientos y garantice el derecho a la salud”, sostiene el Frente a la Pobreza.
