De repente, pareciera que erradicar el hambre en México se volvió una meta factible. En los últimos días aparentemente se ha forjado un consenso entre nuestra clase política al respecto. Hay que reconocer que pocos objetivos son más loables que eliminar el hambre y la desnutrición en el país.
Los datos duros nos dicen que cada año mueren cerca de 8,500 personas por causas relacionadas con la desnutrición, incluidos 850 menores de cinco años.[1] Además, casi uno de cada cuatro niños en edad preescolar sufre anemia y aproximadamente 170 mil personas anualmente padecen alguna enfermedad por una alimentación insuficiente.
Tanto el presidente Peña Nieto –en el mensaje de toma de posesión– como los tres partidos más importantes, en el Pacto por México, pretenden eliminar el hambre que todavía padecen millones de mexicanos.
El Presidente –en la cuarta de sus famosas trece decisiones de arranque de mandato– sostiene que es indignante que en pleno siglo XXI “millones de mexicanos padezcan aún de hambre”. Al respecto instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social para que en un plazo de dos meses implemente la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”.
Por su parte, el compromiso número seis del Pacto por México afirma que la prioridad más alta debe ser que ningún mexicano padezca hambre. La erradicación de la pobreza alimentaria, según el calendario establecido en el propio Pacto, debe conseguirse a más tardar durante el segundo semestre de 2018. El problema es que lo condiciona a la aprobación de una reforma hacendaria.
La pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuánto costaría en verdad eliminar el hambre en México?
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria –una organización independiente que se dedica a analizar la economía y las finanzas públicas– lo ha contado, y la cifra es –para una nación como la mexicana– ridícula: se requieren alrededor de 13,500 millones de pesos adicionales anualmente (algo así como el 0.09 por ciento del PIB).[2]
Tomando en cuenta que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemplado para 2013 rondará los 3.5 billones de pesos, dentro del conjunto del gasto público este desembolso sería irrelevante: equivale por ejemplo a menos de un mes de subsidio a la gasolina.
En todo caso, supongamos que este cálculo es muy optimista, que el costo real sea el doble o incluso el triple. Seguiría siendo un precio muy bajo respecto a los beneficios que obtendríamos como país.
Hay que tomarles la palabra a nuestros políticos. Una vez que empezó a girar la rueda, no dejemos que la erradicación del hambre sea una promesa incumplida más. El esfuerzo presupuestario requerido es mínimo, pero el impacto en el bienestar de millones de mexicanos sería mayúsculo: literalmente les cambiaría la vida.
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