Alrededor de 10 millones de mexicanos no cuentan con acceso a agua entubada. La mayor parte de la población mexicana que pagamos el servicio de “agua potable” que recibimos en nuestros hogares no la podemos beber porque no es potable o porque nadie nos garantiza que así sea. La inequidad del acceso al agua es una de las mayores en el país: son los pobres los que tienen el menor acceso a este servicio y los que reciben el agua de menor calidad. El acceso agua de calidad es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución.
Los bebederos de agua en las escuelas y parques del país han desaparecido. Lo que parece normal es un escándalo para visitantes de otras naciones: ¿cómo es posible que los niños en las escuelas no tengan acceso a agua bebible, a agua pura?, ¿cómo no es posible que una gran cantidad de comunidades rurales no tengan acceso a agua que puedan beber? Los sistemas de purificación no son caros, mucho más caro es el gasto que se realiza en la compra de refrescos, esa bebida que llega a todas las comunidades más recónditas del país.
El consumo de refrescos en México se ha disparado y nos hemos convertido en los mayores consumidores de estas bebidas en todo el mundo. Bebidas que concentran una cantidad enorme de azúcar de caña o jarabe de maíz de alta fructuosa, cantidades que los consumidores ni imaginan: 63 gramos que equivalen a más de 12 cucharadas cafeteras en una botella de 600 mililitros. Estos es, al menos, tres veces más de lo que comúnmente se le añade a un agua fresca
Las cantidades de azúcar que contienen estas bebidas provocan que el riesgo de obesidad en los niños aumente en un 60% si consumen una de estas bebidas al día. En la población en general, el consumo de una o dos de estas bebidas al día aumentan el riesgo de diabetes en 25%. Sabemos que la obesidad y la diabetes tienen muchos determinantes pero es claro que uno de los principales es el consumo de bebidas con alto contenido calórico.
Se está proponiendo un impuesto al refresco que contiene azúcar de caña o jarabe de maíz de alta fructuosa de 20%. Existen diversas estimaciones en relación a cuánto bajaría el consumo de estas bebidas a través del impuesto. Pero el impuesto no sólo bajaría el consumo, sus recursos se podrían destinar a la introducción de agua purificada de disponibilidad gratuita en todas las escuelas del país y en las comunidades más pobres.
El Rudd Center for Food Policy and Obesity de la Universidad de Yale ha estimado que un impuesto del 20% al refresco generaría una recaudación de 2.37 mil millones de dólares, es decir, algo así como 30 mil millones de pesos al año.
Hemos realizado una proyección muy conservadora: considerando que México cuenta con una población escolar de 26,357,929 entre 3 y 14 años en total, lo cual representa un 23.46% de la población total del país y que se instalara un filtro por cada 30 alumnos, pensando en filtros de gran calidad para regiones donde el agua es escasa y requiere de un buen sistema de purificación, el gasto total sería de 2.6 mil millones de pesos, menos de una décima parte de los que se estima se recaudaría con un impuesto del 20% al refresco.
El impuesto no sólo disminuiría el consumo de esta bebida que la propia Secretaría de Salud en sus “Recomendaciones sobre Bebidas para una Vida Saludable” de 2008 recomendó que no se bebiera más que de manera ocasional, también daría recursos suficientes para un programa nacional de introducción de agua de calidad para beber en todas las escuelas del país, así como también en espacios públicos, dejando importantes recursos para campañas efectivas de prevención de la obesidad y la diabetes y, especialmente, para la buena atención de estos males evitando que se agudicen sus daños y que se llegue a la amputación, la ceguera y la muerte.
México ocupa el 6° lugar en muertes por diabetes, el sexenio termina con alrededor de medio millón de muertes provocadas por la diabetes, 33% más que en el sexenio anterior. Sin duda, los dos factores que más influyen en estas alarmantes cifras es el deterioro profundo de los hábitos alimentarios y la mala calidad en la atención de la obesidad y la diabetes.
El impuesto es el primer paso que debe darse como parte de una política integral que comprenda la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas no recomendables a la infancia, el desarrollo de etiquetados que realmente informen a los consumidores, campañas efectivas de orientación alimentaria y la disponibilidad exclusiva de alimentos y bebidas saludables en las escuelas.
