En los últimos 5 años, de 2019 a 2023, en Querétaro se registraron 356 partos de niñas menores de 15 años, según la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Inegi. Estos embarazado en menores de 15 años, de acuerdo con la organización Ipas México, revelan que la violencia de género y, específicamente, la violencia sexual, son factores determinantes.
México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La criminalización histórica del aborto como servicio de salud y los estereotipos de género que lo rodean, son el principal obstáculo para que las mujeres y personas con posibilidad de gestar accedan a una interrupción del embarazo, y aplica en cualquier caso. En Querétaro, por ejemplo, donde Esmeralda, de 14 años, fue criminalizada tras sufrir un aborto espontáneo, en los últimos 5 años se han registrado 356 partos de niñas víctimas de violencia sexual.
“La criminalización social del aborto es el principal obstáculo para que mujeres y personas con capacidad gestante puedan tener acceso a la posibilidad de decidir sobre un embarazo no deseado de manera informada, segura y que implique tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, tu propio proyecto de vida”, dijo en entrevista con SinEmbargo Lluvia Cervantes, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) Querétaro.
Desde que México se fundó como nación independiente, el delito de aborto ha estado incluido en el Código Penal, federal y estatales cuando fueron creados, pasado el tiempo se fueron aprobando ciertas causales –salud o violencia sexual, las más repetidas–, y por primera vez se despenalizó en 2007, cuando el Congreso de la CdMx determinó la no punibilidad hasta las semana 12 de gestación y luego de ese periodo, bajo ciertas causales.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres; idea que continúa permeando no solo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos. De ahí los estereotipos de género en torno a la maternidad y que el servicio médico del aborto siga en los códigos penales. ¿A quiénes afecta? A todas, desde Esmeralda en Querétaro hasta cualquier mujer o persona con posibilidad de gestar que quiera ejercer su derecho a decidir y su autonomía.
Esto se reflejó hace unos días de cerca, con Esmeralda, la adolescente de 14 años de edad que tuvo un aborto espontáneo tras ser víctima de violencia sexual y a quien la Fiscalía de Querétaro buscaba encarcelar por 3 años; las autoridades desistieron de las acciones penales tras la presión social y por la intervención del gobierno federal. Pero no es un caso aislado en México, es un ejemplo de cómo las mujeres y personas con posibilidad de gestar se enfrentan a todo un sistema para acceder a este servicio.
“El caso de Esmeralda justamente demuestra que la persistencia de que el aborto siga siendo considerado como un delito, este abuso del derecho penal, se traduce en circunstancias como estas que van a seguir presentando mientras el aborto siga en el Código Penal. ¿Por qué hay denunciar? Porque sigue existiendo la posibilidad de accionar el derecho penal para perseguir y para investigar, simplemente con la investigación, con la sospecha, con el miedo que impone la posibilidad de que te sancione..ahí la ruta de la criminalización ya se activó”, comentó Francisco Cué, coordinador de Incidencia en Política Pública de GIRE, en entrevista con este medio.
Si a toda esta maquinaria de la criminalización, penal y social, se le suman los discursos con “mandatos sobre el deber ser de las mujeres”, –como que la única forma de realizarte como mujer es ser madre–, tenemos como resultado un contexto donde el derecho a decidir sobre la autonomía de los cuerpos no está ni cerca de garantizarse. Y ahí es dónde entran iniciativas como la de la Ciudad de México de octubre de 2024, para despenalizar por completo el aborto.
Sobre esto, Cué señaló: “necesitamos, como dice la OMS, abandonar por completo el derecho penal para que deje de ser considerado un delito y garanticemos la prestación de los servicios, que ninguna persona vuelva a poner en peligro su vida, su salud por un aborto que puede ser peligroso, o sobre todo que continúe con un embarazo cuando no era lo que correspondía con su decisión y con sus planes de vida”.
356 NIÑAS QUE SE CONVIRTIERON EN MADRES EN QUERÉTARO
En los últimos 5 años, de 2019 a 2023, en Querétaro se registraron 356 partos de niñas menores de 15 años, según la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Inegi. Estos embarazado en menores de 15 años, de acuerdo con la organización Ipas México, revelan que la violencia de género y, específicamente, la violencia sexual, son factores determinantes.
Además, en Querétaro, solo en 2021, se registraron 112 casos de niñas de entre 10 y 14 años que fueron atendidas en las unidades de la Secretaría de Salud por las causas: de violencia física (9.82 %), psicológica (33.04 %) y sexual (51.14 %), según datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). Y otro dato importante para entender lo que ocurre en Querétaro es que en 2021 se registraron 731 egresos hospitalarios de niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, de los cuales 139 (19.02 %) fueron por causas obstétricas: 36.69 % (51 casos) por parto; 7.19 % (10 casos) por aborto, y 56.12 % (178 casos) por otras causas.
“A quienes afecta la penalización y criminalización del aborto, tal cual a niñas víctimas de violencia sexual; a mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar en condiciones adversas y por eso es necesario lo que plantea la OMS: el abandono del derecho penal, que no se le considera al aborto un delito en ningún escenario, bajo ninguna circunstancia y ningún momento. Eso es justamente lo que se necesita para terminar con este tipo de situaciones porque no hay delito que perseguir, es la atención oportuna de los servicios de salud”, comentó el especialista de GIRE.
En el caso de menores de 15 años, contrario a lo que tradicionalmente se ha pensado, el embarazo no es el resultado de una decisión o acto deliberado, sino que, en la mayorúa de los casos, es consecuencia de una falta de poder para la toma de decisiones, asómo como de circunstancias que están fuera del control de las niñas y adolescentes.
“En general, el embarazo a temprana edad es el reflejo del menoscabo de las facultades, la marginación y presiones de compañeros, pares, familias y comunidades. Además, en muchos casos, es el resultado de la violencia y coacción sexual y de prácticas nocivas, como las uniones o el matrimonio infantil”.
Y es que el embarazo en niñas menores de 15 años y adolescentes tiene efectos adversos pues en todo el mundo, el riesgo de morbilidad asociada a las complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio es dos veces mayor entre mujeres de 15 y 19, años que entre aquellas que se embarazan después de los 20 años.
En los países de ingresos medios bajos y medios, las adolescentes embarazadas tienen un mayor riesgo de fístula obstétrica en comparación con las mayores. Y las menores de 15 años tienen probabilidades significativamente más elevadas de sufrir padecimientos como la eclampsia, anemia, hemorragia postparto y endometritis puerperal que las adolescentes mayores de 15.
Cifras anañlizadas por Ipas México revelan que para 2009, el 34% de los embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años terminaron en aborto, lo cual representa un total de 230 mil 180 interrupciones del embarazo, y que son las niñas y adolescentes quienes se enfrentan a mayores dificultades para acceder a información y servicios de aborto seguro, incluso en donde existen indicaciones legales.
LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO
Lo que pasa en Querétaro, y todo México, Lluvia Cervantes lo describe como una estrategia de criminalización social que consigue un efecto para que la sociedad esté más vigilante de cuando sí o no garantizar el servicio de aborto: “Querétaro es uno de los estados con mayor rezago en los temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, eso sumado a que todavía existen muchos grupos y personas que activamente están impulsando iniciativas o prácticas antiderechos”.
“Además, a nivel nacional, es uno de los que tiene menos causales y ni siquiera se contempla la causal salud. Querétaro incluso fue uno de los estados que respondió a la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007, al aprobar una reforma constitucional para proteger supuestamente la vida desde el momento de la fecundación”.
La activista Cervantes sostuvo que en la zona del Bajío mexicano todavía es muy común entre familias que se juzga a las mujeres por las decisiones que toman sobre sus vidas sexuales activas, no sólo por la criminalización social, también los estereotipos de género.
El primer paso para que todo esto cambie, desde GIRE, es indiscutiblemente sacar el aborto del Código Penal: “no se puede seguir utilizando el derecho penal justamente para determinar plazos, requisitos y es esa falta de certeza lo que permite que se cometan muchos atropellos, esa falta de certeza de cuándo comienza un embarazo, en qué momento, si representaba o no un riesgo para la salud, para la vida, si fue víctima de violencia, o sea, es decir el derecho penal exige y está bien que así sea, pero en el caso del aborto se tiene que abandonar eso del derecho penal para regularlo como un servicio de salud”.
Y ¿cómo ir cambiando? No es algo fácil, dice Francisco Cué pero la demanda es esa: “la criminalización del aborto, es decir, que siga siendo un delito, obliga a todas las mujeres o personas con capacidades a ser madres, las condena a ser madres y en cambio, la despenalización del aborto, no obliga a ninguna a abortar, quien quiera continuar su embarazo que lo continúe y quien quiera interrumpirlo que lo haga”.
