Los desastres naturales no existen como tales, se dan por las acciones u omisiones de la humanidad. Ocurren por la falta de previsión y prevención; la desigualdad estructural y la corrupción (sobre todo en materia de asentamientos humanos). Sucede porque no se está preparados para los fenómenos naturales que no son ni buenos ni malos; las tragedias humanas ocurren porque en buena medida no se mitigan posibles efectos catastróficos de la naturaleza.

Hay mucho que revisar sobre el antes, durante y después del huracán Otis que golpeó las cosas de Guerrero, incluido Acapulco, el 25 de octubre. De entrada tenemos que la información oficial que las autoridades mexicanas proporcionaron a la población sobre la magnitud del huracán no fue oportuna ni clara, dejando a la personas sin las posibilidades de tomar decisiones informadas sobre medidas de preparación, resguardo o evacuación, tal como se señala en entrevistas realizadas por Artículo 19 a la población local de Guerrero.

Las personas afectadas por este huracán, comentaron a la organización internacional que la información no fue clara y “no [fueron]comunicados de que podría ser categoría 5 menos de lo que podría provocar”. Sobre esto el propio presidente acaba de admitir que pudo ser más contundente en su comunicación, ya de por sí tardía. Así lo expuso en su conferencia del 8 de noviembre “…cuando estaba yo escribiendo esto (un mensaje en X) pensé en escribirlo más fuerte, o sea, decir ‘viene cañón’, o sea, algo así pero dije ‘no, con esto basta´…”.

Pero hay más. La población damnificada también reportó desde el principio que hay una atención desigual por parte de las autoridades, priorizando la zona hotelera de Acapulco, como atestigua una de las personas entrevistadas habitante de Acapulco:  “…las colonias de Acapulco están abandonadas y destruidas, la gente no tiene comida ni agua que es lo básico para sobrevivir… hay cero ayuda por parte del gobierno”.

En un comunicado publicado el día 30 de octubre de 2023 por la organización Tlachinollan, se mencionó que la zona rural de Acapulco estaba invisibilizada, principalmente las comunidades pertenecientes al núcleo agrario de Cacahuatepec.  La misma organización, mediante comunicado de 7 de noviembre, expone que -hasta la fecha- se habla de “…46 fallecimientos y 58 personas desaparecidas (el gobierno del estado habla de personas no localizadas). Resalta que 799 personas fueron localizadas”. Relató que las y los habitantes de colonias padecen por la deficiente atención necesidades básicas y las condiciones deplorables en las que aún se encuentran. Denuncia que no hay información ni claridad sobre los planes de recuperación. Las familias de personas desparecidas no tienen información ni saben con qué autoridad acudir. En pocas palabras, sentencia Tlachi, hay desolacion, incertidumbre y desesperación

En otra entrevista realizada por Artículo 19, también se mencionó que “…la situación en las comunidades de la periferia de Acapulco que se concentran en la costera y las colonias populares es peor, ya que no han sido atendidas ni agua les han llevado…”.  Esto deja ver que cuando se trata de poblaciones menos visibles como las comunidades indígenas y afromexicanas que habitan también el territorio afectado, las desigualdades en la atención se acentúan.

El gran problema, como siempre pasa en México, no es la falta de legislación, guías, o protocolos. Al contrario, sobran. De acuerdo con la Ley General de Protección Civil y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, las autoridades tienen la obligación de brindar información clara y oportuna sobre los riesgos de fenómenos naturales y las causas de fondo que los generan. También tiene la responsabilidad de dar respuestas institucionales de manera articulada para asegurar la complementariedad en funciones, la rendición de cuentas y el seguimiento a mediano y largo plazo.

Aunado a lo anterior, las actuaciones de los tres niveles de gobierno durante la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) deben involucrar la identificación de los riesgos y/o su proceso de formación,  prevención,  mitigación, preparación, auxilio, recuperación y  reconstrucción; por medio del análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial. Este modelo pide que se tome en cuenta la participación de la sociedad, en particular de las población afectada. Hoy esos instrumentos legales y de política pública son letra muerta.

La situación es más compleja en razón de que el 31 de diciembre de 2020 se publicó la la extinción del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), considerado un instrumento de política pública tradicionalmente usado por los gobiernos de todos los niveles para atender las emergencias de los desastres por medio de declaratorias. Hasta el momento se desconoce cuál será el fondo o programa para atender las comunidades afectadas-

Pero este fenómeno natural devenido desastre es apenas un botón de muestra de la deficiente acción gubernamental en los tres niveles de gobierno en el contexto de otros, como el huracán Eta en 2020 -que azotó Tabasco y Chiapas- y el Agatha, que hizo lo propio en las costas de Oaxaca el año pasado. Tales falencias las documentó Artículo 19 en diversos informes.[1]

Sin enfrascarnos sobre la pertinencia y oportunidad de los mensajes públicos -que pudieron realizarse a tiempo y ser más claros- lo cierto es que las condiciones estaban dadas para lo sucedido debido a la falta de mecanismos eficientes de prevención, mitigación (y ahora), de atención y reconstrucción. El problema frente a los fenómenos naturales como Otis es que derivan en desastres por las negligencias presupuestales, operativas y estructurales de los gobiernos; aunado a las condiciones de marginalidad y pobreza que se ven agudizadas por el impacto de la naturaleza. Esperemos que a la improvisación y el cálculo político les sustituyan la garantía de los derechos de las personas afectadas, particularmente las más vulneradas.

[1]  Artículo 19, “La importancia del derecho a la información en contextos de desastres: el caso del huracán ETA en Chiapas, publicado el 20 octubre de 2022, disponible en https://articulo19.org/informe-huracan-eta/ y Artículo 19, “Voces contra la indiferencia: informe anual 2022”, publicado el 28 marzo de 2023        disponible en https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia/

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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