Un cuarto asesino está implicado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, y las autoridades se rehúsan a rastrear su paradero. ¿Qué falencias presenta la investigación a 100 días del crimen?
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).— Abogados de los familiares de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte insisten en la existencia de un cuarto asesino. Las pruebas de ADN encontradas en la escena de los hechos refuerzan la hipótesis de que alguien no identificado aún intervino en el crimen, pero, las autoridades, aún con las pruebas en la mano, se niegan a investigar.
El abogado David Peña del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social acusó que pese a la necesidad de encontrar a todos los culpables, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) advirtió hace una semana que se dispone a dar un “carpetazo al caso”.
“De los 15 marcadores de ADN que se tienen, 14 son limpios, o sea que permiten identificar a una persona en concreto, es un hombre, que no corresponde a ninguno de los tres detenidos ni a Rubén”, explicó.
Esta evidencia que aún no se ha tomado en consideración fue encontrada en uno de los instrumentos con los que se estranguló a una de las víctimas. “La Procuraduría sigue sin quererlo investigar. Dice que no lo puede determinar, que tiene el perfil de ADN pero no hay con que compararlo”, dijo Peña.
Los familiares denunciaron hoy la negligencia que ha existido por parte de la PGJDF a indagar sobre otras líneas de investigación que esclarezcan el móvil de los homicidios del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quiroz, la empleada doméstica Alejandra Negrete Áviles y la mujer de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martin, ocurridos el 31 de julio.
Hasta ahora han sido detenidos César Omar Martínez Zendeja, malabarista, Daniel Pacheco Gutiérrez, herrero, y Abraham Torres Tranquilino, ex policía, por estar presuntamente implicados en el multihomicidio sucedido en el departamento 401, del Edificio 1909, en la calle Luz Saviñón, de la colonia Narvarte.
A cien días de la tragedia, la madre de Nadia Vera, Mirtha Luz Pérez Robledo, reiteró una serie de vacíos en los cuales las autoridades de justicia de la Ciudad de México han mostrado negligencia a investigar.
“¿Por qué a tres meses aún no se tiene el móvil claro, y se tiene prisa por cerrar el expediente?, ¿por qué no se ha investigado ni castigado a quienes permitieron las filtraciones?, ¿por qué no se han investigado quien se apropio de las pertenencias de las víctimas?, ¿por qué no se ha permitido declarar a los amigos, familiares y vecinos que han querido aportar información?, ¿por qué no se ha buscado el arma con la que se cometió el crimen?”, cuestionó la madre.
Los familiares denunciaron que lejos de considerarse como motivo de vulnerabilidad la labor periodística de Rubén Espinoza, o el activismo de Nadia Vera, la Procuraduría se ha centrado en crear una “estrategia de incertidumbre, desinformación y sospecha que generará dudas sobre la integridad de las víctimas”, hecha a bases de filtraciones, con el fin de que la opinión pública buscara una justificación a sus asesinatos.
“A la fecha no sabemos cómo fue [el crimen] en términos de secuencias, de cronología, ni de modos. No se ha hecho un estudio científico para establecer hipótesis sobre cómo sucedieron los hechos al interior”, recordó Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de la organización por la libertad de expresión Artículo 19.
Estas falencias fueron notificadas a las autoridades de justicia en un escrito hecho llegar el 10 de septiembre. A lo que, de acuerdo con Maldonado, la Procuraduría se limitó a contestar que “en su momento decidirán si creen necesario desahogar estas diligencias. A raíz de esto hemos puesto amparos por petición de las familias para esclarecer los hechos”.
Con el objetivo de que la PGJDF no dé un “carpetazo” al caso, los abogados han realizado diversas acciones. Hoy anunciaron el lanzamiento de una Plataforma de Seguimiento al caso Narvarte, en el que un grupo de personas distinguidas en la defensa de la libertad de expresión acuerparon las diligencias que promuevan los familiares.
El comité fue conformado por los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Rodríguez Castañeda, Blanche Petrich, Javier Garza, y defensores de derechos humanos como Miguel Álvarez de Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., y Juan Pablo Albán, activista ecuatoriano.
“La plataforma tiene que ver con el seguimiento a un caso de ciudadanos. Estamos hablando de un colapso del sistema de justicia en México y eso nos obliga a los periodistas a hacer una labor de acompañamiento. El llamado es para que se agoten todas las líneas de investigación “, dijo Aristegui, presente en el acto. La misma no emitirá dictámenes legales, sino se limitará a acompañar desde una perspectiva ciudadana la búsqueda de la verdad, reiteró la periodista.
Asimismo, por la vía legal, los abogados pretenden detener el cierre del caso a través de la interposición de amparos. Maldonado explicó que el tercer y último fue puesto el jueves en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Penal.
Y los dos anteriores, de forma correspondiente, a finales de agosto y principios de septiembre, para esclarecer las filtraciones hechas por parte de la PGJDF y obligar a la publicación del plan de investigación del caso.
“Nosotros estamos diciendo que como víctimas sí tenemos derecho a proponer, y que nos contesten por qué sí o por qué no”, dijo.
LLAMADAS Y “TRATO VIP”
El día del asesinato los tres supuestos perpetradores, ahora detenidos, recibieron al menos 30 llamadas. Lo que ha levanto suspicacia en torno al origen de estas llamadas. Y es otro aspecto que no ha quedado claro en el expediente, denunció Peña.
“Algunas de esas llamadas eran de teléfonos desechables, irrastreables, sin localización, sin dueño. Entonces, nosotros le decíamos a la Procuraduría. Pero tampoco han querido hacer este cruce [de información]”.
Asimismo, los familiares señalaron que las declaraciones solicitadas a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, y a su Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, fueron hechas a modo.
Se trata de la primera vez que un Gobernador fue llamado a declarar en relación a un asesinato. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera dejaron el estado de Veracruz tras denunciar hostigamiento por parte de las autoridades. Nadia responsabilizó directamente a Javier Duarte de Ochoa por cualquier agresión hacia su persona.
En el caso de Bermúdez, Peña dijo: “Nosotros, por ejemplo, fijamos un cuestionario al Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, para que se le mostrarán fotos, momentos de operación de policías vestidos de civil, deteniendo personas, siguiendo periodistas. Pues nosotros decíamos pregúntale sobre eso. Y la Procuraduría se ha negado a investigar”.
“Se les dio trato VIP”, agregó la madre de Nadia.
