Organizaciones vecinales exigieron a la ALDF desechar la iniciativa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, e iniciar de inmediato un plan de reconstrucción de la mano de la ciudadanía, los damnificados y especialistas independientes, con base en el Atlas de Riesgo y con respeto a los programas delegacionales de desarrollo urbano vigentes.
Vecinos Unidos Unidos, La Voz de Polanco, SumaUrbana y Va por mi Gente acusan que el Programa Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México beneficia al “cártel inmobiliario” de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– La ley de reconstrucción de la Ciudad de México, propuesta por Miguel Ángel Mancera, beneficia a las constructoras del “cártel inmobiliario” con fondos, predios públicos y exenciones de impuestos, además les permitirá evadir leyes locales de desarrollo urbano y despojar con total opacidad, alertaron las organizaciones Vecinos Unidos Unidos, La Voz de Polanco, SumaUrbana y Va por mi Gente.
El pasado miércoles el Jefe de Gobierno presentó el decreto para el Programa Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo respaldó como proyecto de ley la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
El Gobierno de Miguel Ángel Mancera encomendó parte de la reconstrucción a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias que agrupa a Fibra Danhos, Grupo Gigante Inmobiliario, Ideal y Copri, constructoras protagonistas del llamado boom inmobiliario de la Ciudad de México.
Las organizaciones vecinales exigieron a la ALDF desechar la iniciativa de Miguel Ángel Mancera e iniciar de inmediato un plan de reconstrucción de la mano de la ciudadanía, los damnificados y especialistas independientes, con base en el Atlas de Riesgo y con respeto a los programas delegacionales de desarrollo urbano vigentes.
A través de un comunicado, las agrupaciones vecinales critican que para las obras se utilizarán los fondos y recursos destinados a los damnificados del sismo, “lo que redundará en un gran negocio”. Además de que se le permitirá a los inversionista construir hasta 35 por ciento más pisos, superficie o número de viviendas respecto a los inmuebles demolidos “de manera que si la edificación previa era ilegal porque tenía más niveles, el 35% adicional se erigirá sobre el número ilegal de pisos, que además también podrá hacerse en los que solo se refuercen, es decir, se podrán agregar más pisos a edificios dañados”.
Agregan que la ley permitiría disminuir la superficie de las viviendas existentes antes del sismo y los nuevos podrán tener una superficie mayor. Apuntan, además, que los inmueble que pueden agrandar su tamaño son aquellos “que requieran refuerzo estructural u otras reparaciones”, lo que deja la puerta abierta para que cualquier edificio que haya sufrido una afectación mínima o insignificante pueda aumentar los niveles de construcción, “situación que elimina de facto la aplicación de los programas delegacionales de desarrollo urbano en toda la Ciudad de México”.
Advierten que la obligación de demoler los inmuebles cuando el dictamen lo considere necesario daría espacio a la arbitrariedad, “el decreto, de aprobarse, otorgará facilidades administrativas, fiscales y de financiamiento a todos los inmuebles que los DRO’s [Directores Responsables de Obra] y Corresponsables en Estructuras de SEDUVI clasifiquen como inhabitables, lo que abre la puerta a abusos en el proceso, pues por medio de una gratificación al DRO –única instancia facultada para emitir dictamen— podrían enlistarse edificios que no necesariamente tengan esa condición”.
“Lo anterior permitiría al sector inmobiliario apropiarse de predios de alta plusvalía, lo cual representa un mecanismo de despojo a quienes los habitaban, y con las facilidades en trámites expuestas arriba, puede preverse que el capital inmobiliario inicie en lo inmediato una puja por adquirir edificios presuntamente afectados por el sismo”, apuntan en el comunicado los grupos civiles.
Un ejemplo que el proyecto de Mancera avala la discrecionalidad y facilidades para violar leyes actuales, agregan, “es que el Capítulo Octavo indica las exenciones y facilidades administrativas para quienes construyan vivienda de reposición. Se otorgarán créditos con tasas preferenciales. En general, las dependencias y delegaciones otorgarán facilidades administrativas en trámites y pagos de derechos. Los proyectos menores a 10,000 m2 no requerirán factibilidad de agua ni estudios de impacto urbano, ambiental y de movilidad. Tendrán exención del pago de derechos e impuestos, además de que se les eximirá del requisito de máxima publicidad de los proyectos de vivienda; en síntesis, habrá inversión de recursos públicos para que el sector inmobiliario obtenga jugosas ganancias”.
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