La Secretaria de Seguridad resaltó que 24 mil personas se encuentran privadas de la libertad sin tener una sentencia, lo que es una falta de justicia a nivel federal por la indolencia de jueces.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó esta mañana un informe sobre algunos de los episodios recientes o más significativos de las fallas en el Poder Judicial, como los casos en que jueces otorgan libertad a delincuentes en fines de semana, en que benefician a presuntos delincuentes, así como los pendientes de sentencia y los de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión.
Desde Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad expuso, en una primera parte, los casos de jueces que otorgan libertad a delincuentes en fines de semana, también llamados coloquialmente como “sabadazos”.
El primer caso fue el de Gregorio Salazar Hernández, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, quien ordenó la libertad de Jannet Miriam “N”, colaboradora del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, tras ser detenida por peculado y delincuencia organizada.
Otro caso es el de Andrés Escamilla González, Juez de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa, señalado por liberar a Vicente Javier “N”, alias “El Cholula”, presuntamente integrante de un grupo de secuestradores encabezado por uno de los cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El Cholula” fue beneficiado por una sentencia absolutoria, a pesar de estar detenido por los delitos de robo con violencia, homicidio calificado, asociación delictuosa, y privación ilegal de la libertad.
El siguiente caso fue el de Adrián Leobardo Ríos González, Juez de lo Penal, de Preparación, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por ordenar la liberación inmediata José Eliseo “N”, alias “El Charal”, asociado al grupo de Los Zetas y detenido por homicidio calificado.
También la maestra Angélica Sánchez Hernández, Jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal en Cosamaloapan, Veracruz, otorgó la libertad a Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, integrante del CJNG, acusado de homicidio doloso calificado y agravado; y el licenciado Rogelio León Díaz Villarreal, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal federal en el estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez, decidió no vincular a proceso a Abraham “N”, mejor conocido como “Rodo”, hermano de “El Mencho”.
Asimismo, Daniel Ramírez Peña, Juez de Distrito en su carácter de Juez de control del Centro de Justicia Penal federal en el Estado de México, otorgó el cambio de medida cautelar y la libertad a Angélica “N”, alias “La Gorda”, cuñada y presunta operadora financiera de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
La Secretaria expuso a Perla Fabiola Estrada Ayala, Jueza Primera de Distrito en el estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, por la sentencia absolutoria de Pedro Antonio “N”, alias “El Manchas”, presunto halcón de Los Zetas, acusado de delincuencia organizada; y a Diana Montserrat Partida Arámburo, Jueza Sexta de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, por ordenar la libertad anticipada de Marcelino “N”, conocido como “El Fantasma”, presunto jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a pesar de ser acusado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetaminas y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Rodríguez Velázquez continuó con José Luis Hernández Hernández, Juez de Distrito Adscrito al Centro de Justicia Penal federal en el estado de Coahuila, por liberar anticipadamente a Guillermo “N”, “El Memo”, hermano de Jorge Flores Conchas, “El Tortas”, miembro de la fuerza Anti-Unión Tepito, acusado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
En #ConferenciaMañanera, encabezada por el Presidente @lopezobrador_, expusimos ejemplos de casos que hacen necesaria la reforma al Poder Judicial. 🇲🇽⚖️ @LuisaAlcalde pic.twitter.com/HTXuVyo26G
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 10, 2024
En la segunda parte, la Secretaria de Seguridad compartió algunos casos de delincuentes beneficiados por el Poder Judicial, como Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, quien recibió un cambio de medida cautelar de prisión preventiva por parte de Angélica del Carmen Ortuño Suárez, Jueza Segunda de Distrito en el estado de Quintana Roo, y se fue a su casa.
Rosa Icela Rodríguez destacó el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien recibió un cambio de medida cautelar favorecedora, luego de que Juan Pedro Contreras Navarro, Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, dejara sin efecto la prisión preventiva justificada para tenerlo en libertad con la colocación de un brazalete electrónico.
También exhibió a María del Refugio Castañeda Guillén, Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal federal en el estado de Querétaro, por cambiarle las medidas cautelares a Luis Antonio “N”, alias “El Monedas”, hijo de “El Marro”, y dos cómplices más al dejarles en libertad y sólo imponerles la presentación periódica, pues desestimó que fuera el hijo del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Otro de los casos mencionados fue el de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado por peculado y asociación delictuosa, quien recibió un cambio de medidas cautelares a favor por parte de la Jueza Hortencia García Rodríguez, pues dejó sin efecto la prisión preventiva y ordenó la prisión domiciliaria.
El siguiente caso fue el de Fernando Emmanuel “N”, alias “El Panther”, considerado como el segundo al mando de “El Marro”, por recibir del Juez Jorge Quiroz Quintero la liberación luego de emitir un fallo absolutorio, a pesar de haber sido proceso por el delito de homicidio cometido contra tres agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato; sin embargo, el delincuente permanece recluido por otro proceso penal.
🔴#EnVivo
Durante la #ConferenciaPresidente, la secretaria@rosaicela_ presenta el informe de impunidad en el Poder Judicial de la Federación. #JuntosConstruimosLaPaz 🕊 https://t.co/5Velj46je1— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 10, 2024
De la misma forma, Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascencio, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ordenaron la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y relacionado al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al conceder una suspensión definitiva al considerar que no existía riesgo de fuga y por un deterioro irreversible de su salud.
También se compartió la liberación de los “Fabianes de la Ronda 88”, gracias a Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal federal en la Ciudad de México, pues determinó como ilegal la detención de las tres personas y decretó su liberación.
La Secretaria recordó el caso de Alejandro “N”, acusado de abuso sexual en contra de su sobrina de cuatro años, quien recibió una sentencia absolutoria por parte de Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, ya que consideró que faltaron pruebas suficientes para justificar el abuso sexual de la menor y pasó por alto el Protocolo de Juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, pues las y los menores no están obligados a referir circunstancia de lugar, día y hora debido a su edad.
Otra de las presentaciones fue el caso del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, en el que Javier “N”, el procesado y expareja de la víctima, fue amparado por parte de magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseimiento del delito, por parte del Juez de Control, ya que afectaba su libertad personal y trastocaba sus derechos constitucionales.
Finalmente, concluyó la sección con el caso en que magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito de Jalisco regresaron bienes de lujo asegurados que presuntamente pertenecían a 13 personas integrantes del CJNG.
En el tercer apartado, los casos de procesados sin sentencia, Rosa Icela Rodríguez señaló que la falta de justicia a nivel federal por indolencia de jueces tiene a alrededor de 24 mil personas en procesos penales sin sentencia, de las cuales cuatro mil 520 están sujetas proceso que ha durado más de un año, cuando deberían ser juzgadas antes de cuatro meses, según el Artículo 20 constitucional.
La Secretaria de Seguridad acusó que esa conducta es “evidentemente parcial e injusta”, lo que la convierte en una “obstaculización y abuso por parte de las autoridades judiciales”.
Rodríguez Velázquez habló de los casos de Israel Vallarta, quien lleva 18 años y nueve meses privado de la libertad; los de Giovanny Fernando Robledo Rodríguez y Paul Uriel Martínez Rodríguez, detenidos desde 2013, y que luego de 11 años y dos meses no han tenido sentencia; el de Gabriel Hernández Gámez, quien lleva ocho años y 11 meses privados de libertad.
Por último, en los casos de jueces que no autorizan órdenes de aprehensión, la Secretaria exhibió a la Jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, quien no ha permitido proceder contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; y al Juez Juan Fernando Alvarado López, que tampoco autorizó la orden de aprehensión en contra del exgobernador por la modalidad de lavado de dinero y defraudación fiscal.
También el caso del Juez Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados del Primer Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito –Alberto Torres, Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar–, quienes decidieron negar la orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito, al argumentar que no basta con que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes.
Otra persona a la que se le han negado órdenes de aprehensión es al exgobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, por parte de los magistrados del Novena Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Primer Circuito; tampoco se ha dejado actuar contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, por su probable participación en el homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.
