Por: Edmundo del Pozo*

El domingo 8 de septiembre la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que “la siguiente reforma constitucional que va a pasar por el Congreso es la que le da autonomía y reconocimiento a los pueblos indígenas de México”. Hizo la declaración desde la zona arqueológica del Ichkabal, uno de los primeros centros políticos de la cultura maya, ubicada en Bacalar, Quintana Roo. Una reforma, sin embargo, de la que apenas se habla en comparación con otras que acaparan toda la atención mediática, como ha sido el caso de la judicial, pero cuyo propósito es, nada más y nada menos que, transformar la relación cuasi colonial que el Estado mexicano ha mantenido hasta hoy con los pueblos originarios, para transitar hacia un nuevo orden bajo el cual prevalezca un trato basado en el respeto e igualdad hacia sus formas de vida y de autogobierno.

Para lograr tan encomiable objetivo, la iniciativa plantea como tema fundamental “el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. Esto implicará, un vuelco a la forma de ejercicio del derecho a la libre determinación y a la autonomía que ostentan las comunidades, ya que aun cuando es reconocido en la Constitución vigente, en los hechos se trata de un derecho mutilado porque las decisiones comunitarias y de sus asambleas no suelen ser respetadas por parte del Estado ni de terceros. Ni tampoco cuentan con los recursos presupuestarios propios para ejercer su autonomía de forma efectiva. De ahí que poder caminar hacia el reconocimiento de los pueblos como sujeto de derecho público generaría las bases para un verdadero gobierno indígena autónomo.

De la misma manera, la reforma reconoce la “jurisdicción indígena”, que no es más que la capacidad de las autoridades comunitarias de aplicar la justicia a través de sus propios sistemas normativos sin contrariar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Al tiempo, que los tribunales del Estado deberán tomar en cuenta las decisiones de la autoridad indígena a la hora de pronunciarse sobre casos en los que ésta última haya actuado. No obstante, quedó a deber que se estableciera una relación de coordinación entre ambos sistemas y no de subordinación a la justicia estatal.

Otros aspectos de gran relevancia es el reconocimiento del carácter multiétnico de la nación mexicana, dentro de las que también se incluye al pueblo afromexicano, completamente olvidado de la historia oficial, y que a partir de ahora podrá disfrutar de un amplio conjunto de derechos. También resulta clave la inclusión del concepto de “patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y el derecho a la “propiedad intelectual colectiva” sobre dicho patrimonio.

Destaca a su vez, la regulación del “derecho a la consulta y al consentimiento” antes de cualquier medida que les afecte o les genere un impacto significativo, así como asegurar “una distribución justa y equitativa de beneficios” en aquellos casos donde las comunidades lleguen a acuerdos con el Estado sobre actividades de desarrollo que puedan impactarles. A pesar de este avance, preocupa que se haya delegado el costo de las consultas a particulares en los supuestos que les involucren, lo cual podrían viciar el procedimiento en favor de las empresas.

Tampoco se puede pasar por alto la inclusión de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas: a la participación comunitaria, política y su acceso a la propiedad y posesión de tierras, así como el respeto a sus derechos humanos. Asimismo, se protegen los derechos de la migración indígena y jornalera agrícola y los derechos de las infancias. También se amplía un conjunto de medidas para garantizar derechos sociales de los pueblos y comunidades en materia de desarrollo comunitario, educación, salud, alimentación, vivienda, así como a la información, a medios de comunicación, internet, entre otros.

Aun cuando la Iniciativa tiene avances innegables no fueron contemplados algunos derechos, especialmente sensibles para los pueblos originarios, como es el caso del derecho al territorio y a los recursos naturales, que a pesar de ser unos de los temas prioritarios de la propuesta de reforma consultada por el Ejecutivo Federal con pueblos y comunidades de todo el país, y que fue entregada al presidente de manos de autoridades Yaquis, en septiembre de 2021, terminó quedando fuera de la iniciativa enviada al Legislativo. Además, sobran los criterios y recomendaciones a nivel internacional que obligan al Estado mexicano a incorporar el tema de tierras y territorios y de su propiedad ancestral en su legislación interna; tal como lo demandó en días pasados la Alianza por la Libre Determinación y a la (ALDEA), exigiendo a todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados a presentar reservas para la inclusión de este derecho fundamental en la reforma al texto constitucional.[1]

Tras una larga lucha de pueblos, comunidades y organizaciones para que esta iniciativa vea la luz, finalmente la próxima semana se dará un paso trascendental en el Congreso para trastocar las condiciones de violencia, desigualdad y racismo institucional en las que viven nuestros pueblos originarios. Ojalá esta realidad de oprobio empiece a cambiar con la reforma y no quede en letra muerta como sucedió con la del 2001, que poco ha cambiado la situación de discriminación hacia las comunidades. Estará por verse, mientras tanto los pueblos, como han demostrado a lo largo de su historia, no dejarán de dar la batalla hasta que se les haga justicia y sean tratados con respeto y dignidad.

* Edmundo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

[1] https://x.com/HacemosAldea/status/1831761996808917281

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