Con algunos incidentes de violencia, miles de chilenos marcharon el domingo para la tradicional romería por los detenidos desaparecidos y ejecutados de la pasada dictadura de Augusto Pinochet, en la víspera del 50 aniversario del golpe de Estado de 1973 contra el Presidente socialista Salvador Allende que inició ese periodo castrense, el cual sigue generando reacciones encontradas en el país sudamericano.
Por Patricia Luna y Eva Vergara
SANTIAGO (AP).— La chilena Gaby Rivera tenía 16 años cuando el 6 de noviembre de 1975 un grupo de cinco hombres no identificados secuestró a su padre, un militante del Partido Comunista.
Juan Luis Rivera Matus, entonces de 52 años, era electricista y dirigente sindical de la compañía Chilectra y fue capturado a la salida del edificio en el que trabajaba.
“En mi casa nunca estaba la puerta abierta por seguridad. Me bajo de la micro (bus) viniendo del colegio y está la puerta de par en par y ahí me doy cuenta de que lo habían detenido. Nunca pensé que nunca más lo iba a ver”, dijo a The Associated Press Rivera, quien en su intensa búsqueda por su padre terminó convirtiéndose en la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Durante la cruenta dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se registraron 40 mil 179 víctimas entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados, tal como establecieron dos comisiones de la verdad. Unos 200 mil ciudadanos se exiliaron y 28 mil opositores fueron torturados.
A casi medio siglo del golpe militar que cambió la historia de Chile, mil 162 personas continúan desaparecidas.
Muchos miran hacia otro lado, otros buscan a los desparecidos en archivos históricos, expedientes judiciales, en la arena del desierto de Atacama en el Norte, en los ríos del Sur, adonde pueda haber un mínimo resto, un hueso, algo que corrobore una certeza: su muerte.
Chile cumplirá el 11 de septiembre 50 años del inicio de la dictadura con una sociedad dividida y una herida abierta.
La dictadura se esforzó en ocultar a sus víctimas mediante campañas de propaganda y noticias falsas como la llamada “Operación Colombo”, que consistió en el traslado de 119 muertos a otros países para simular que habían fallecido por rencillas entre sí con la venia del Plan Cóndor de coordinación de los regímenes de facto de entonces en el Cono Sur.
En 2001, durante el anuncio de una mesa de diálogo establecida con las Fuerzas Armadas para que ofrecieran información sobre el paradero de los desaparecidos, Rivera recibió la noticia de que al cuerpo de su padre lo habían lanzado al mar en los llamados “vuelos de la muerte” y que, por tanto, no había forma de encontrarlo. Fue terrible “tener que decirles a mis hermanos que nunca más íbamos a ver a mi papá”, recordó.
Sin embargo, un mes más tarde los restos de su padre fueron identificados a las afueras de Santiago. Ni siquiera la información entregada por los militares era rigurosa.
Otro de los montajes de la dictadura para ocultar sus crímenes fue el de Lumi Videla Moya, de 26 años, licenciada y profesora de Filosofía, madre de un niño y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los grupos de resistencia armada que fue objeto central de la persecución de la dictadura en sus primeros años.
Videla Moya y su hermano, Lautaro, se habían involucrado muy temprano en el MIR, donde ambos ocuparon cargos importantes.
“A nosotros nos permeó la política desde muy chicos. Lumi tuvo un involucramiento muy temprano en la política como muchos jóvenes de nuestra generación”, rememoró su hermano en diálogo con AP.
Videla Moya fue apresada el 21 de septiembre de 1974 un día después de que la temible Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) arrestara a su esposo, el también dirigente del MIR, Sergio Pérez Molina.
La pareja fue trasladada a un centro de detención clandestino en Santiago. Pérez Molina fue torturado y exhibido, según relataron sobrevivientes, con una herida de bala en la pierna sin tratar, úlceras y vomitando sangre. Los militares ofrecían llevarlo a un hospital a cambio de que otros detenidos dieran información sobre el cabecilla del MIR, Miguel Henríquez, pero su cuerpo no resistió y falleció poco después.
Videla Moya permaneció en poder de la DINA hasta que el 4 de noviembre de 1974 su cadáver fue arrojado desde la calle al interior de la Embajada de Italia, donde se encontraban asilados más de 120 perseguidos políticos.
Los periódicos de la época informaron sobre un “crimen” en el interior de la sede diplomática y especularon sobre las causas: que alguien la había matado por celos, por delatar a algún integrante del MIR y hasta en el marco de una orgía en la embajada.
Varios caricaturistas afines al régimen incluso se burlaron del caso como Lukas, quien dibujó una viñeta de un cañón lanzando a una mujer por encima de una pared junto a la leyenda “Circo internacional. ¡El fantástico número del proyectil humano disparado sobre los muros de una Embajada”.
Lautaro Videla Moya fue apresado y torturado durante seis meses y medio, y pasó muchos años tratando de reconstruir la historia de su hermana y averiguar quién la mató. En esa búsqueda logró ubicar los restos de su cuñado.
Marta Ugarte fue apresada el 8 de agosto de 1976. La profesora de 42 años y militante del Partido Comunista no tenía hijos ni familiares que la buscaran.
Según testigos, fue llevada al centro de detención Villa Grimaldi, donde recibió torturas, como “echarla a los perros”.
El cadáver de Ugarte apareció semidesnudo en la playa, dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre. Su cadáver reveló una práctica especialmente cruenta, los “vuelos de la muerte”: el lanzamiento de cuerpos o de personas aún con vida desde helicópteros al mar.
La mayoría de estos lanzamientos sistemáticos se produjeron entre 1974 y 1978. De los sacos sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres se las identifica por los zapatos con tacones. Los vuelos eran regulares y se estiman en cientos los cuerpos que fueron lanzados al mar, pero las Fuerzas Armadas mantuvieron el secreto durante casi 30 años gracias a un pacto de silencio entre sus integrantes.
Se estima que hay unos mil 300 procesos judiciales activos por violaciones de los derechos humanos que representan a cerca de 75 por ciento de las víctimas. Cordero dijo que hay 150 condenados cumpliendo sus penas en Punta Peuco, un penal exclusivo para exmilitares.
Para Rivera, hoy de 75 años, faltó voluntad política para investigar el destino de los desaparecidos y castigar a los culpables. “Es una de las fallas que tenemos como sociedad”, señaló en la sede de la organización de derechos humanos.
