Una amplia red de funcionarios federales y locales de Baja California están implicados en la protección del cártel del mar y el cártel del dragón, dedicados al tráfico de Totoaba, una especie marina que tiene gran demanda de Asia y que vale más que la cocaína. La FGR ha puesto la mira en varios de estos personajes. Uno de ellos es un exasesor de la exprocuradora de Justicia de Baja California, Perla del Socorro Ibarra, quien se ha mantenido impune. Actualmente la SEIDO lo investiga por el tráfico de esa especie.

El crimen organizado lo ha invadido todo. El portafolios de actividades de los grupos delictivos sigue creciendo. A las extorsiones, venta de protección, y cobro de piso ahora se suma el tráfico de totoaba, una especie marina altamente cotizada en México y Asia que ha despertado el interés de algunos cárteles de la droga, entre otros, el de Sinaloa.

El costo del buche de totoaba alcanza un valor de entre 10 mil y 15 mil dólares. Estas amplias ganancias dieron origen al surgimiento del llamado cártel del Dragón, conformado por criminales chinos y mexicanos, aunque en Baja California, donde se explota esta especie en extinción, ha surgido el cártel del Mar, el cual opera también con tráfico de drogas y está muy bien protegido por autoridades federales y locales.

En septiembre de 2018, por ejemplo, fue detenido Óscar Parra Aispuro, conocido en el mundo del hampa como “El Parra” y/o “El Tekolín”, dedicado al tráfico de totoaba y metanfetaminas en el puerto de San Felipe, Baja California.

Parra Aispuro tiene un amplio expediente criminal. Fue señalado de atentar contra Fabrizio Ruiz Valenzuela, subdirector de inteligencia de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quien junto con Adán Uribe Herrera, exagente ministerial, conformó en 2017 un equipo de trabajo para investigar y detener a miembros del llamado cártel del Mar. Pretendían capturar a Gastón Parra Aispuro, hermano de Óscar, ligado al tráfico de totoaba y al lavado de activos.

Informes consultados sostienen que Parra Aispuro se ha mantenido impune debido a los “cañonazos” de dinero que ofrece a los policías que lo persiguen. El capo pidió la remoción del agente ministerial Uribe Herrera ofreciendo un soborno de 200 mil dólares, y para que fuera corrido de la corporación, puso sobre la mesa otro fajo de billetes que sumaban 50 mil dólares adicionales.

La violencia que se ha desatado alrededor de este entramado criminal ligado al tráfico de totoaba no tiene límites. El viernes 31 de agosto de 2018 por lo menos tres individuos atentaron contra los hijos del excomandante de la Policía ministerial Adán Uribe, cuando viajaba en el vehículo propiedad de éste.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene bajo investigación este caso junto con la estructura criminal que encabeza Parra Aispuro, la cual está integrada por unos 80 miembros, entre pescadores, sicarios, operadores financieros y hasta administradores de redes sociales que son utilizados para exhibir a los cuerpos de policía.

En esta red criminal operan funcionarios, exfuncionarios estatales y federales, elementos de la Profepa y agentes ministeriales. El famoso “Tekolín" opera desde el puerto de San Felipe, Baja California, hasta Bahía de Los Ángeles; es señalado, además, de haber asesinado, en diciembre 2017, al militar Emmanuel Esaú Saldaña.

Parra Aispuro, de acuerdo con algunas versiones oficiales, está prófugo de la justicia y, siguiendo el ejemplo de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, se habría sometido a una cirugía plástica para cambiar su fisonomía y así evadir la acción de la justicia.

“El Parra”, como también se le conoce en el mundo del hampa, es considerado un objetivo prioritario del Grupo de Coordinación, ya que se asegura que encabeza una organización criminal que trafica con totoaba y drogas. Es señalado también de estar ligado al cártel de Sinaloa, que dirige Ismael “El Mayo” Zambada, según la DEA.

La mafia china

Una abogada de Profepa –Aideé Lara– recibió una llamada el 16 de agosto de 2014. Una voz masculina le dijo que a la salida de Mexicali, Baja California, habían detenido a tres ciudadanos chinos que transportaban vejiga natatoria del pez totoaba, la especie que está en extinción en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

En el mercado asiático, la vejiga o buche, como se le conoce, se cotiza incluso más alto que la cocaína. Aideé Lara era Subdirectora de delitos federales de la Profepa. Una de sus tareas era poner orden en el tráfico de totoaba y encarcelar a los criminales.

Pero se topó con la barrera de la impunidad. Los chinos detenidos –Li Yuan Chua y Zhang Jingzan–fueron liberados. Uno más, cuyo nombre no se mencionó, había sido soltado horas antes.

Entre criminales chinos y mexicanos conformaron el llamado cártel del Dragón, dedicado a la pesca ilegal de totoaba. Y es que las vejigas natatorias o buches han sido motivo de disputas entre grupos criminales en los poblados del Golfo de Santa Clara y San Felipe, Baja California.

En China hay una gran demanda de los buches de totoaba. Los preparan en sopas gourmet y existe la creencia de que mejora la circulación y, con ello, eleva la potencia sexual. También se consume para el cuidado de la piel, entre otros usos.

En el Golfo de California las redes de los pescadores no sólo atrapan la totoaba: también se enreda la vaquita marina, una especie que está en peligro de extinción y de la cual quedan unos 10 ejemplares, según sostiene el Comité Internacional para la Recuperación de La Vaquita.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, un kilo de buche de totoaba cuesta 5 mil dólares en México; en Estados Unidos el precio oscila entre los 10 mil y 15 mil dólares.

Este tráfico ilegal de totoaba dio origen al llamado cártel del Dragón y está conformado por criminales chinos y mexicanos que, al mismo tiempo, operan el tráfico de drogas sintéticas. Este grupo criminal se conformó en los años noventa.

Lo integran criminales, pero también empresarios del ramo restaurantero y distribuidores de productos marinos; también forman parte del cártel pescadores furtivos y autoridades de distintos niveles.

La impunidad con la que operan es de escándalo. Entre 2012 y 2021 se han integrado unos 42 expedientes por el tráfico de totoaba, pero no se ha asestado ningún golpe al conocido cártel del Dragón. Sólo existen dos sentencias condenatorias, cinco no ejercicios de la acción penal, otras cinco están en alguna etapa del juicio y treinta más en trámite.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, detectó una red de lavado de dinero a través de la Operación San Felipe-Totoaba donde se descubrieron 225 reportes de operaciones inusuales presuntamente vinculadas al tráfico de totoaba.

Se congelaron cuentas de nueve presuntos criminales, pero ningún chino fue detenido. Los activos bajo sospecha, según la UIF, ascendieron entonces a 159 mil 933 dólares.

El cártel del Dragón, de acuerdo con fuentes consultadas, tiene muchos aliados en el Gobierno de Baja California. Hasta funcionarios de la Profepa están implicados en las operaciones de protección.

La voracidad de los chinos por la totoaba es porque tiene un parecido a la Bahaba, la curvina amarilla oriental, que también está amenazada en China, pues tiene muchas propiedades curativas, según expertos de ese país.

La vinculación de funcionarios y exfuncionarios con la protección al llamado cártel del Mar es cada vez más escandalosa.

Por ejemplo, existe un personaje que fue asesor de Perla del Socorro Ibarra, exprocuradora de Baja California, a quien la SEIDO le acaba de reabrir varias investigaciones por tráfico de totoaba. Ha permanecido impune hasta ahora, pero sus días de libertad parecen estar contados. En la próxima edición nos ocuparemos de esta historia criminal.

Al parecer la red de funcionarios es amplia y la mayoría de ellos están bajo investigación y seguimiento por parte de la UIF y la Fiscalía General de la República. Sin embargo, pese a ello, el tráfico de totoaba –la cocaína marina– continúa en el Golfo de California.

Ricardo Ravelo

https://www.sinembargo.mx/author/ricardorevelo/

Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

En #ENTREVISTA con Los Periodistas, Edil prófugo dice que su hija menor fue detenida