La Ley que permitirá equiparar el fraude fiscal con la delincuencia organizada se votó hoy en la Cámara de Senadores. El dictamen aprobado con 82 votos a favor reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; la Ley de Seguridad Nacional; los Códigos Nacional de Procedimientos Penales; Fiscal de la Federación; y Penal Federal.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó hoy, con 82 votos a favor y 34 en contra, la reforma con la que se tipificará como delincuencia organizada la defraudación fiscal, la facturación falsa y los negocios fantasmas.
El dictamen contempla modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia organizada; el Código Fiscal de la Federación; el Código de Nacional de Procedimientos Penales; y la Ley de Seguridad Nacional.
Entre las modificaciones que prevé el dictamen, se incluye el aumento en las penas, de cinco a ocho años de prisión, para quienes por cuenta propia o a través de otras personas, adquieran facturas falsas gracias a las cuales se trate de dar validez a operaciones inexistentes.
✅Con 82 votos en pro y 34 en contra se aprueba en lo general el dictamen que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; la Ley de Seguridad Nacional; los Códigos Nacional de Procedimientos Penales; Fiscal de la Federación; y Penal Federal; sobre empresas fantasma.
— Senado de México (@senadomexicano) September 10, 2019
Las modificaciones también contemplan que si el delito es cometido por una persona que se desempeñe como servidor público, este tendrá que ser separado del cargo, además se contempla una inhabilitación de hasta diez años.
La nueva tipificación requerirá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emita una querella, con la cual sería posible proceder penalmente en contra de la persona a quien se acusa de cometer el delito.
Además, por la nueva tipificación, se contempla la prisión preventiva oficiosa.
Previo a la aprobación del dictamen, la Procuraduría Fiscal de la Federación informó, el pasado 4 de septiembre, que tiene ubicados a actores que cometieron delitos a través de facturación falsa y por lo tanto el costo de este delito: 500 mil millones de pesos por año, el equivalente a cuatro trenes maya o a todos los programas sociales implementados por el nuevo Gobierno federal.
De acuerdo con el titular de esa oficina, Carlos Romero Aranda, por la magnitud de los fraudes y el costo que representa año con año, resulta evidente que es una práctica que se dejó crecer y que no se atacó por falta de voluntad política.
En entrevista con SinEmbargo, el funcionario equiparó este tipo de defraudación fiscal con un “efecto cucaracha”, que se hizo más fuerte a medida que escalaba más ámbitos, con esquemas que “en ciertos rubros convenían mucho al gobierno”.
El pasado 2 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se castigará con cárcel la evasión de impuestos y aseguró que las administraciones anteriores “se daban gusto evadiendo el pago de impuestos con facturas falsas”, y prometió castigo de cárcel para los evasores.
LA DIMENSIÓN DEL FRAUDE
El pasado 25 de junio, Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que por medio de distintos mecanismos, unas 8 mil 204 empresas “factureras” ha defraudado al fisco nacional y el problema, como el huachicol, estalló con Enrique Peña Nieto.
“Y es una muestra pequeña del universo que hay [de empresas defraudadoras], pero nos da una idea del problema”, dijo.
“Llevamos a cabo revisiones y encontramos que se estaban creando empresas. Encontramos a poco menos de media docena de funcionarios creando empresas sin soporte documental, fantasmas. Esto es presunto todo, no somos una autoridad penal. Estamos preparando el paso siguiente respecto a eso”, afirmó la funcionaria.
De 2014 a 2019, durante la administración de Peña, creció 31 veces el número de empresas defraudadoras. Se tienen detectadas en ese periodo 8 millones 827 mil 390 facturas falsas. El monto de las operaciones se estima en un mil 611 mil millones 418 mil pesos. La suma de las operaciones fraudulentas alcanza los 354 mil 512 millones de pesos, es decir, 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
-Con información de Daniela Barragán
