Más de 300 organizaciones agrupadas en #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva señalan que su designación requiere mecanismos que aseguren una en apego los derechos humanos, “que sea capaz de encarar la corrupción y reducir la impunidad para los delitos de alto impacto social.Añaden que la PGR necesitan de una “cirugía profunda para convertirse en la Fiscalía autónoma, eficaz e independiente que el país necesita”.
Por otra lado, la iglesia lamentó, en el marco de las recientes investigaciones periodísticas que se han revelado en los últimos días sobre supuestos desvíos millonarios de recursos del erario público, que el Gobierno de México quiera presumir la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, con “estos fraudes bien estructurados” (en relación presuntos desvíos), hacen que estos cambios legales se conviertan en sólo una “carta de buenas intenciones”.
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Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Más de 300 organizaciones agrupadas en #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva insisten en que sea retirado el pase automático del nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción en el país, pero también exhorta al Congreso de la Unión a no limitar la reforma Constitucional al artículo 102.
Tras reconocer la importancia de remover el pase automático del nuevo fiscal del artículo 102 de la Constitución, organizaciones civiles, académicas, del sector empresarial, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad señalaron que es insuficiente esa acción puesto que falta lograr la autonomía, eficacia e independencia.
Por ello, aseguran que se requiere de una reforma integral al artículo 102 de la Constitución para alcanzar una Fiscalía “eficaz y con arraigo social”.
Lo anterior, explican, es debido a “avanzar en el compromiso coyuntural de eliminar el pase automático sin lograr el diseño de una fiscalía que logre un cambio sustantivo respecto de la Procuraduría General de la República (PGR), amenaza con sepultar indefinidamente la discusión”.
Detallan que la construcción de una #FiscalíaQueSirva requiere de la designación de nuevo fiscal, pero también de mecanismos que aseguren una en apego los derechos humanos, “que sea capaz de encarar la corrupción y reducir la impunidad para los delitos de alto impacto social.
“La eliminación del llamado ‘pase automático’ es necesaria, pero lo que en este momento requiere la PGR es cirugía profunda para convertirse en la Fiscalía autónoma, eficaz e independiente que el país necesita”.
Es por eso que #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva pide al Congreso de la Unión atender la demanda de las organizaciones “para construir mediante un modelo de Parlamento Abierto, la Reforma integral al artículo 102”.
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LA IGLESIA DEMANDA CORRUPCIÓN
En el marco de las recientes investigaciones periodísticas que se han revelado en los últimos días sobre supuestos desvíos millonarios de recursos del erario público, la iglesia católica señaló que, incongruentemente con la lucha que intenta hacer el Gobierno federal, el combate a la pobreza se inicia con la desincentivación de la comisión de cualquier fraude o delito.
A través del semanario Desde la Fe, la iglesia lamentó que el Gobierno de México quiera presumir la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, con “estos fraudes bien estructurados” (en relación presuntos desvíos millonarios), hacen que estos cambios legales se conviertan en sólo una “carta de buenas intenciones”.
“Las pruebas están dadas y los responsables deben actuar sin mayor dilación. Si bien algunas dependencias aseguran que se están realizando las reparaciones correspondientes, el pueblo debe conocer en qué consisten estos medios y cómo se ha logrado el resarcimiento de los fraudes”.
Todo lo “bueno” que un Gobierno quiere hacer notar, se diluye con los actos de corrupción, era mejor que se diera a conocer qué hicieron después de que se revelara el supuesto desvío de dinero por parte de funcionarios de la Administración Pública Federal, consideró la élite católica.
“La corrupción eclipsa lo bueno que pueda contar cualquier gobierno. Y cuenta mucho todo lo que se ha demostrado en estas investigaciones. El mejor informe hubiera sido conocer cómo la Administración Pública se ha dedicado a reparar estos delitos, recuperar lo defraudado y consignar a quienes estuvieron coludidos”.
El semanario condena que en un gobierno que se dice estar en una “sociedad avanzada” no pueden existir funcionario que, por ser “amigos” o “carnales”, se encuentren fuera de la cárcel, a pesar de que se les relacione con actos de corrupción.
“Sin embargo, los culpables están a la vista. La lucha contra la corrupción no solapa ni cubre amigos y carnales. En una sociedad avanzada no hay contratos irregulares, licitaciones a modo, empresas fantasmas o errores administrativos. Un gobierno de compromiso pone a los corruptos en la cárcel”.
En relación de la reciente celebración de los 25 años de la Secretaría de Desarrollo Social, y de la presunción de sus logros en el combate a la pobreza, “Desde la Fe” indicó que no tienen derecho a hacerlo porque es una de las dependencias más cuestionadas a causa de las irregularidades en el manejo del dinero para los pobres, principalmente durante el periodo de Rosario Robles Berlanga (2012-2015)
“Los resultados son más que escandalosos, sobre todo porque esta funcionaria lucró con la pobreza, dejando a miles sin las posibilidades de vivir y jugando con su futuro. Fallas en el diseño de programas, mala focalización de los mismos, errores en su implementación, falta de coordinación entre distintas instancias, deficiencias operativas y el otorgamiento de contratos sin cumplimiento. ¿Dónde quedaron esos millonarios desvíos? ¿Quiénes están viviendo ahora en la opulencia gracias al dinero que estaba destinado a los pobres, pero que nunca llegó a sus manos?.”
Una investigación del portal Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se otorgaron contratos irregulares. Estos desvíos se lograron por medio de dependencias como la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como universidades públicas que por una comisión se hicieron cómplices de la estafa.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, informó mediante un comunicado, que la información de la investigación proviene de “resultado públicos de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2013 y 2014” y que su momento notificó a las dependencias y entidades correspondientes para atender y solventar éstas y otras observaciones. En algunos casos, la ASF incluso presentó denuncias penales, mismas que están en curso, además de investigar a otros 40 servidores públicos federales.
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